El Puerto de Ushuaia impide controles ambientales y crecen las dudas por residuos peligrosos
La intervención nacional del puerto fue denunciada por bloquear cuatro inspecciones ambientales y operar sin inscripción en el registro provincial de generadores de residuos peligrosos. La Provincia también exige esclarecer qué ocurrió con materiales contaminantes cuyo destino todavía no pudo verificar.
La gestión ambiental del Puerto de Ushuaia quedó nuevamente bajo cuestionamiento después de que el Gobierno de Tierra del Fuego presentara una denuncia judicial contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). La Provincia advirtió que el organismo nacional no está inscripto en el registro de generadores de residuos peligrosos y que, desde la intervención federal del establecimiento, impidió en cuatro oportunidades el ingreso de inspectores ambientales para controlar sus instalaciones.
El conflicto suma otro elemento de preocupación: las autoridades provinciales desconocen qué ocurrió con los residuos contaminantes que permanecían almacenados en el puerto y cuyo retiro estaba previsto para enero de 2026. Mientras la ANPYN sostiene que actualmente no existen materiales de esa naturaleza dentro del predio, los funcionarios fueguinos denuncian que no pueden comprobarlo porque la intervención continúa restringiendo las tareas de fiscalización.
La nueva presentación fue realizada el 27 de octubre por el Ministerio de Producción y Ambiente ante el Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur, en el marco de la causa 42.281/2026, iniciada a partir de una denuncia de la Fiscalía de Estado.
El escrito incorpora dos nuevos cuestionamientos: la cuarta inspección ambiental frustrada, ocurrida el 19 de octubre, y las contradicciones entre los registros oficiales sobre residuos peligrosos y las declaraciones de las autoridades nacionales.
La situación plantea un problema que excede la disputa administrativa entre Nación y Provincia. Sin acceso a las instalaciones ni información verificable sobre el tratamiento de los residuos, los organismos ambientales no pueden determinar si existen riesgos de contaminación del suelo y las aguas de la bahía de Ushuaia.
La ANPYN no está registrada como generadora de residuos peligrosos
Uno de los principales cuestionamientos de la denuncia es que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación no figura inscripta en el Registro Provincial de Generadores de Residuos Peligrosos.
La situación contrasta con la de la Dirección Provincial de Puertos, que anteriormente estaba registrada como Generador Categoría I.
La Ley Provincial 105 establece obligaciones para los establecimientos alcanzados por la normativa, entre ellas el registro y el cumplimiento de requisitos específicos para el almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Según la presentación judicial, la intervención nacional no cuenta con esa inscripción y tampoco permite que las autoridades fueguinas verifiquen las condiciones actuales de gestión de los materiales contaminantes.
La falta de registro no demuestra por sí sola que el organismo carezca de todas las autorizaciones necesarias para gestionar residuos. Sin embargo, representa un incumplimiento que la Provincia considera necesario investigar, especialmente porque el puerto desarrolla actividades que históricamente generaron aceites usados y otros materiales peligrosos.
Además, las autoridades recordaron que la legislación provincial permite realizar inspecciones ambientales incluso cuando el responsable de un establecimiento no está inscripto en el registro correspondiente.
El problema es que, hasta el momento, los inspectores no pudieron ingresar para verificar las condiciones de funcionamiento del predio.
Qué pasó con los residuos peligrosos almacenados en el Puerto de Ushuaia
La incertidumbre sobre el destino de los residuos es uno de los aspectos más delicados de la denuncia.
De acuerdo con los antecedentes oficiales, durante 2024 se registraron 1.200 litros de aceites minerales usados y 400 kilogramos de materiales contaminados, que fueron sometidos a tratamiento.
Por otra parte, el informe ambiental de 2025 indicó que los residuos generados durante ese período permanecían almacenados transitoriamente. Su retiro estaba previsto para enero de 2026, pero no pudo concretarse debido a las restricciones derivadas de la intervención del establecimiento.
Sin embargo, el 18 de octubre, apenas unas horas antes de una inspección programada, la ANPYN comunicó a las autoridades provinciales que dentro del puerto no se realizaban tareas de mantenimiento capaces de generar residuos peligrosos y que tampoco existían materiales de esa naturaleza almacenados.
La afirmación abrió nuevos interrogantes sobre el destino de los residuos que figuraban en los registros anteriores.
La Provincia busca determinar si fueron retirados, trasladados o tratados, quién estuvo a cargo de esas operaciones y qué documentación permite acreditar su disposición final de acuerdo con las exigencias ambientales.
También pretende conocer dónde se realizan actualmente las tareas de mantenimiento de la maquinaria portuaria, como los cambios de aceite y las reparaciones, si efectivamente dejaron de desarrollarse dentro del establecimiento.
La falta de información impide reconstruir el recorrido de esos materiales y verificar si fueron gestionados de manera adecuada. En materia ambiental, conocer el destino final de los residuos peligrosos es fundamental para evitar que terminen en sitios sin autorización o generen contaminación.
Cuatro inspecciones ambientales fueron bloqueadas en el puerto
La última inspección frustrada ocurrió el 19 de octubre, pese a que había sido comunicada formalmente diez días antes.
La noche previa, a las 23.27, la ANPYN envió una nota en la que solicitó nuevas precisiones sobre los sectores, actividades y procedimientos que pretendían fiscalizar los técnicos provinciales.
A la mañana siguiente, a las 10.07, los inspectores se presentaron en el establecimiento para realizar las verificaciones previstas. Sin embargo, un oficial de protección portuaria les informó que no podían ingresar hasta que se respondieran los requerimientos de la intervención nacional.
El personal técnico debió retirarse sin completar las tareas y dejó constancia de lo sucedido mediante un acta oficial.
El episodio se sumó a otros tres impedimentos registrados el 25 de agosto y el 1 y 17 de septiembre. De esta manera, ya son cuatro las inspecciones consecutivas que no pudieron concretarse.
La Provincia también manifestó preocupación por los posibles riesgos ambientales en distintos sectores del puerto. Entre ellos se encuentran el taller mecánico, donde anteriormente se registraban aceites usados y materiales contaminantes, y el muelle de catamaranes, donde se habían constatado tareas de mantenimiento y la presencia de un tanque de aceite de 200 litros.
Los controles también buscan verificar las condiciones de la plazoleta fiscal, los espacios de almacenamiento de combustibles, los sistemas de drenaje y otras instalaciones donde podrían existir residuos peligrosos.
La preocupación está relacionada con posibles derrames de hidrocarburos, pérdidas de combustibles y filtraciones de sustancias contaminantes hacia el suelo y las aguas de la bahía de Ushuaia.
La falta de inspecciones también afecta el seguimiento de las agencias marítimas que operan dentro del puerto y que están registradas como generadoras de residuos peligrosos.
Otro punto señalado por las autoridades provinciales es el control de los residuos provenientes de las bases antárticas argentinas. Estas inspecciones se realizan desde 2019 durante las campañas de verano y forman parte de las tareas de fiscalización ambiental vinculadas con la actividad portuaria.
Frente a este escenario, el Gobierno fueguino solicitó a la Justicia que adopte medidas urgentes para garantizar el ingreso de los equipos técnicos de las áreas de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos.
El pedido incluye la posibilidad de inspeccionar las instalaciones, revisar la documentación, verificar el tratamiento de los residuos peligrosos y determinar si existen condiciones que representen riesgos para el ambiente.
Mientras la intervención nacional sostiene que los materiales contaminantes ya no están almacenados en el puerto, la Provincia reclama poder comprobarlo. La falta de controles y de información verificable mantiene abierta una incógnita sobre la gestión de los residuos y la responsabilidad por su destino final.
