Ley ómnibus: qué está en juego con las modificaciones en el mercado de semillas
Más de 550 organizaciones rechazan la adhesión de Argentina a una convención internacional de 1991 que cambiaría la Ley de Semillas. Qué empresas son las beneficiadas.
El controvertido proyecto de “Ley ómnibus” despierta preocupaciones sobre la soberanía alimentaria y el control corporativo de las semillas. En una acción conjunta, más de 550 organizaciones sociales y agrícolas nacionales e internacionales exigieron al Congreso Nacional el rechazo de la propuesta de adhesión de Argentina a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales de 1991, conocida como UPOV 91.
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Según explican las entidades en este comunicado, la adhesión a UPOV 91 fue identificada como un “anhelo” de corporaciones semilleras tanto transnacionales, como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva o Basf, así como nacionales, entre las que se incluyen Bioceres o Don Mario.
“Desde hace años este puñado de corporaciones a través de sus organizaciones, buscaron infructuosamente la modificación de la Ley de Semillas actual (nro. 20.247 de 1973) que reconoce derechos de propiedad intelectual (“de obtentor”) para las empresas, pero también garantiza derechos de los y las agricultoras sobre los frutos de sus cosechas con semillas certificadas. Estos intentos fueron sistemáticamente rechazados por un conjunto amplio de organizaciones de productores y de la sociedad civil”, sumaron.
Así, afirmaron que “la adhesión a UPOV 91 representa la profundización del cercamiento corporativo del primer eslabón de toda cadena agroalimentaria, mediante el reconocimiento de mayores derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, amputando derechos de las y los productores ya que, entre otras cosas, cercena la posibilidad que tienen de hacer “uso propio”, extiende la “protección” también a la cosecha y habilita el patentamiento de las semillas”.
“Preocupación” desde la SRA, CRA y FFA
Por su parte, entidades como la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA) también sacaron un comunicado de prensa en donde manifestaron “preocupación” ante la adhesión a la UPOV-91 mientras que Coninagro prefirió no adherir al mensaje de sus pares.
“Proponemos abordar este tema en una actualización integral de la Ley de Semillas, escuchando y participando todos los sectores que nos vemos involucrados”, afirmaron en el comunicado a la vez que sostuvieron que “la adhesión a UPOV91, implica entre otras cosas la pérdida del derecho de uso propio por parte de los agricultores y la mayor extensión de los derechos de los obtentores, ha generado un debate centrado en los derechos de los agricultores y la promoción de la innovación”.
“UPOV 91 beneficia principalmente a desarrolladores comerciales de variedades uniformes, limitando los derechos de los agricultores para guardar y utilizar semillas y material de propagación”, precisaron.
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En este sentido, detallaron que en América Latina, “solo Costa Rica y Perú han adoptado UPOV91, mientras que ningún país de la región está adherido. Destacamos la importancia de equilibrar los derechos del obtentor con los derechos de los agricultores, señalando que la adhesión limitaría el derecho de uso propio del agricultor y extendería los derechos del obtentor hasta el producto final de la cosecha”.
“Por estas razones, y porque, además, hoy están resguardados los derechos de propiedad intelectual de los obtentores en convivencia con el derecho de uso propio del agricultor, es que solicitamos retirar del proyecto de Ley la adhesión a UPOV 91, asegurando una legislación equitativa que contemple y refleje los derechos de todos los actores en el sector agrícola”, agregaron.
¿Está en riesgo la seguridad alimentaria?
La actual Ley de Semillas (Nº 20.247) se sancionó en 1973, con el objeto de “promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas”. En 1991, los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales se fortalecieron en con el decreto 2183/91.
Según las entidades, la principal preocupación radica en que la adhesión a UPOV 91 implica “una mayor protección de derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, lo que limitaría los derechos de los productores, incluyendo la capacidad de hacer “uso propio””. “Además, extiende la “protección” a la cosecha y permite el patentamiento de las semillas, representando un marcado cambio en la dinámica de la cadena agroalimentaria”, remarcaron.
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“Este proceso de adhesión obligaría a modificar la actual Ley de Semillas para adecuarla a las disposiciones de UPOV 91, algo que preocupa a aquellos que han seguido de cerca la discusión parlamentaria en torno a la legislación de semillas. La propuesta busca zanjarse sin un debate específico, en el marco del tratamiento express de una “ley ómnibus” durante sesiones extraordinarias”, precisaron desde las más de 550 entidades.
“Las organizaciones firmantes subrayan la trascendencia del artículo 241 del proyecto, argumentando que quien controla las semillas tiene el control de toda la cadena agroalimentaria, afectando directamente la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos para la población. En este contexto, hacen un llamado urgente al Congreso de la Nación para que rechace la adhesión a UPOV 91, en defensa de la Soberanía Alimentaria del pueblo argentino”, concluyeron.
