La reforma de la Ley de Glaciares sigue sin definición judicial y crece la preocupación por nuevos proyectos mineros
Organizaciones ambientales presentaron amparos, medidas cautelares y reunieron casi 900.000 firmas para pedir que se suspenda la reforma impulsada por el Gobierno. Qué advirtieron.
A tres meses de la reforma de la Ley de Glaciares, el conflicto por la protección de estos ecosistemas estratégicos continúa abierto en los tribunales federales. Mientras laJusticia aún no resolvió los amparos y medidas cautelares presentados contra la nueva normativa, organizaciones ambientales advierten que proyectos mineros podrían avanzar sobre áreas actualmente protegidas.
La modificación de la ley fue aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de abril y promulgada el 24 de abril mediante el Decreto 271/2026. Desde entonces, la reforma generó una de las mayores movilizaciones ciudadanas registradas en torno a una legislación ambiental.
Campaña para suspender la ley
Al día siguiente de su aprobación, Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas lanzaron una campaña para exigir la suspensión de la norma.
En menos de dos semanas, la iniciativa reunió cerca de 900.000 adhesiones de ciudadanos de todo el país, que respaldaron una demanda colectiva presentada ante la Justicia Federal el 5 de mayo.
La acción judicial también fue acompañada por la exdiputada Marta Maffei, impulsora de la ley original, además de organizaciones territoriales como la Asamblea Jáchal No Se Toca, la Asamblea Popular por el Agua, Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El principal pedido de los demandantes es que se suspendan de inmediato los efectos de la reforma y continúe vigente la anterior Ley 26.639 mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Qué cuestionan de la reforma
Las organizaciones sostienen que la nueva Ley 27.804 redujo significativamente el alcance de la protección ambiental prevista en la normativa original.
Según Greenpeace, la legislación vigente modifica los criterios para proteger glaciares y ambiente periglacial, al permitir que determinadas geoformas puedan quedar excluidas del Inventario Nacional de Glaciares.
“La ley original protegía de manera amplia y preventiva a todos los glaciares y al ambiente periglacial. Con esta reforma, esa protección queda condicionada a que se demuestre que cumplen funciones hídricas relevantes y se abre la posibilidad de que las provincias pidan retirar geoformas del Inventario Nacional buscando dejarlas fuera de la protección de la ley”, sostiene Agostina Rossi Serra, licenciada en Ciencias Biológicas y especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina en un comunicado.
Para las organizaciones, ese cambio podría facilitar el desarrollo de proyectos extractivos en zonas que hasta ahora permanecían protegidas.
El proyecto Vicuña, el caso que aceleró el reclamo
La disputa judicial tomó mayor relevancia tras la incorporación, el 16 de junio, del proyecto minero Vicuña, en San Juan, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El emprendimiento, impulsado por las empresas BHP y Lundin para la extracción de cobre, oro y plata, contempla la construcción de un tajo a cielo abierto de 259 hectáreas en un área donde se encuentra el Glaciar de Escombros GE110, actualmente incluido en el Inventario Nacional de Glaciares.
Ante ese escenario, las organizaciones presentaron una segunda medida cautelar específica para impedir cualquier modificación sobre ese glaciar mientras la Justicia analiza la constitucionalidad de la reforma.
“A tres meses de la aprobación de la reforma, y con proyectos mineros impulsados por el RIGI, nuestras reservas estratégicas de agua están cada vez más expuestas. La Justicia tiene que resolver con urgencia las causas en trámite para evitar que se avance sobre estos ambientes antes de que el daño sea irreversible”, agrega Rossi Serra.
Temor por la exclusión de glaciares del inventario
Greenpeace recordó en un comunicado además que, antes incluso de la reforma, había documentado mediante sobrevuelos realizados en febrero intervenciones mineras en zonas alcanzadas por la protección de la ley original.
Ahora, las organizaciones sostienen que existe el riesgo de que la provincia de San Juan o el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) utilicen las nuevas facultades previstas por la reforma para excluir al glaciar GE110 del Inventario Nacional de Glaciares.
De ocurrir eso, advierten, el proyecto minero podría avanzar bajo el marco del RIGI antes de que exista una definición judicial sobre la validez de la reforma.
