La Corte condenó al Estado por la contaminación petrolera del Parque Nacional Calilegua
El Máximo Tribunal ordenó al Estado nacional y al de Jujuy detener la actividad petrolera en el yacimiento Caimancito y en el pozo Ca.e3. Qué empresas también fueron condenadas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló este martes contra el Estado argentino y el de la provincia de Jujuy por la contaminación del Parque Nacional Calilegua, que forma parte de la Reserva de Biósfera de las Yungas, reconocida por la Unesco en 2002.
El fallo obliga a ambos gobiernos a ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental, así como a detener la actividad petrolera en el yacimiento Caimancito y en el pozo Ca.e3.
Qué empresas también condenó la Corte
La condena alcanza también a las empresas Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y Jujuy Hidrocarburos (JH). Según la Corte, “la continuación de la explotación hidrocarburífera resulta manifiestamente ilegal, razón por la cual debe cesar”.
El tribunal subrayó que tanto el Estado nacional como la provincia incumplieron sus obligaciones de fiscalización, lo que permitió la existencia de pozos petroleros inactivos sin los mecanismos de abandono exigidos por la normativa ambiental, lo que generó un daño ilícito.
Cuándo se inició la causa
La explotación en el yacimiento Caimancito comenzó en 1969, antes de la creación del parque en 1979, y cuenta con una treintena de pozos activos e inactivos. El pozo Ca.e3 colapsó en 1997, provocando graves daños ambientales, incluida la contaminación del arroyo Yuto.
La causa fue impulsada en 2014 por vecinos del parque mediante una acción de amparo contra la Administración de Parques Nacionales, el Estado nacional, la provincia de Jujuy, varias empresas petroleras y el Municipio de Yuto.
La Corte aclaró que la condena no alcanza a YPF, Pluspetrol, la Municipalidad de Yuto ni a Felipe Frognier, ya que no se comprobó su responsabilidad en los pozos mencionados.
Cabe destacar que el fallo sienta un precedente importante en materia de responsabilidad estatal frente a daños ambientales derivados de la explotación de hidrocarburos en áreas protegidas.
