Golpe a los glaciares: un juez rechazó frenar la nueva ley y las mineras celebran el avance sobre áreas protegidas
En un fallo que generó fuertes críticas de organizaciones ambientalistas, la justicia rechazó una medida cautelar que buscaba frenar la aplicación de la nueva Ley de Glaciares. El sector minero recibió la noticia como una victoria estratégica, ya que la nueva normativa flexibiliza los controles y permite la actividad extractiva en áreas que anteriormente gozaban de protección absoluta.
La protección de las reservas de agua dulce en Argentina sufrió un duro revés judicial. Un juez federal desestimó el pedido de las ONG ambientales para suspender la vigencia de la nueva Ley de Glaciares, una norma que ha sido señalada como la mayor mentira sustentable del año. Al validar la legalidad de la reforma, el fallo despeja el camino para que grandes proyectos mineros avancen sobre el área periglaciar, poniendo en riesgo directo el ecosistema que garantiza el flujo de agua hacia las cuencas del país.
Para las cámaras mineras, este fallo representa una «seguridad jurídica» necesaria para activar inversiones millonarias. Sin embargo, para los especialistas en gestión ambiental, se trata de un caso de depredación ambiental legitimada por el Estado. La nueva ley redefine los criterios de protección, permitiendo que zonas que antes eran consideradas «sagradas» para la conservación hídrica, ahora puedan ser intervenidas con explosivos y químicos, bajo la promesa de un control estatal que históricamente ha sido deficiente.
La pérdida de protección de los «tanques de agua»
El argumento central del rechazo judicial sostiene que no hay «peligro inminente» que justifique la cautelar, ignorando el principio precautorio que rige en la materia ambiental. Esta decisión deja desprotegidas áreas críticas donde los glaciares y el ambiente periglaciar actúan como reguladores naturales del agua. El ingreso de maquinaria pesada y la remoción de roca en estas altitudes generarán tóxicos invisibles que podrían contaminar las nacientes de los ríos, afectando no solo a la biodiversidad sino a las poblaciones que dependen de ellos aguas abajo.
Un escenario de conflicto permanente
Lejos de cerrar la discusión, el fallo judicial promete intensificar la conflictividad social en las provincias cordilleranas. Las asambleas ciudadanas ya han anunciado nuevas movilizaciones, denunciando que la nueva ley fue redactada «a medida» de las corporaciones transnacionales. En un contexto de crisis climática global, desproteger los glaciares es una apuesta de alto riesgo que prioriza la rentabilidad inmediata sobre la supervivencia de los recursos estratégicos del país. La batalla legal continuará en instancias superiores, mientras las mineras ya preparan sus máquinas para operar en las cumbres.
