El mercado de carbono abre un debate entre el Gobierno de Milei y la industria forestal

Tal como ocurre en varios sectores, que apoyan la llamada Ley Ómnibus presentada por el Gobierno al Congreso para cambiar el paradigma económico de la Argentina, la industria forestal también salió a apoyar el proyecto que se encuentra en la Cámara de Diputados pero, a la vez, dejó varias críticas y cuestionamientos a varios artículos que reclama sean cambiados o anulados.

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Las empresas de esta industria se agrupan bajo la llamada Mesa de Carbono Forestal Nacional (MCFN), y reconocen como “un paso positivo la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional de crear un mercado carbono en Argentina”, tal como detallan en un informe que analizó la iniciativa.

De todos modos, el trabajo alerta que la Ley, tal como se encuentra redactada, se enfoca en sectores y actividades “emisoras” que deben limitar y reducir sus emisiones, pero no prevé la posibilidad de compensar con créditos de carbono, por ejemplo, de proyectos de carbono forestal o del agro, como sí lo hacen sistemas similares a nivel internacional.

Según el trabajo, en el país se desarrollan proyectos de carbono forestal desde hace más de 15 años en distintas regiones y con diferentes tipos de abordajes. “Hay un gran camino por recorrer aún, pero vale destacar que los miembros y socios de la Mesa ya tienen en evaluación, desarrollo y certificación proyectos por una superficie de más de 400.000 hectáreas que equivalen a casi 20 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires que tiene 20.300 hectáreas”, detalla el documento a modo de ejemplo.

De implementarse estos proyectos, los integrantes de la mesa entienden que permitirían capturar y prevenir emisiones por un total aproximado de 50 millones de toneladas de CO2, lo cual equivale a más del 60% de la meta de reducciones de emisiones a 2030 establecida por Argentina en su Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático.

Mercado regulado

En el caso de la Ley Ómnibus o “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, faculta en sus artículos 320 a 324 al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a generar un sistema de comercio de emisiones o mercado regulado de carbono.

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En este sentido, faculta al PEN a asignar derechos de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones comprometidas por el país para el 2030.

Esto se haría mediante límites anuales y derechos de emisiones, además de posibilitar establecer un mercado de derechos de emisión de GEI, en el cual quienes hayan excedido su meta puedan, a su vez, vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización.

Al respecto, Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa de Carbono Forestal Nacional, entiende que la ley “sólo se enfoca en sectores y actividades emisoras pero no prevé la posibilidad de compensar con créditos de carbono provenientes de proyectos externos a las actividades obligadas a reducir, como por ejemplo, de proyectos de carbono forestal o del agro, actualmente conocidas como Soluciones Basadas en la Naturaleza”.

Ejemplifica con lo que sucede en otros países, donde las iniciativas proactivas desde el Estado para el impulso de mercados de carbono “regulados” han generado impactos interesantes no solo en reducción de emisiones sino también en conservación, manejo sustentable y restauración de ecosistemas.

Hace referencia a lo que ocurre en la Unión Europea, o en el Estado norteamericano de California, o en México, incluso en Colombia, aunque allí fue a través de establecer un Impuesto al Carbono que puede ser saldado con créditos de carbono.

Cano entiende que la propuesta oficial “busca promover límites y reducciones de emisiones de GEI, pero no prevé compensaciones de emisiones, lo cual es usual, al menos por un período de tiempo o hasta cierto porcentaje de las emisiones reguladas, de modo de dar previsibilidad y flexibilidad a los sectores obligados”.

Mecanismo flexible

En este sentido, desde la MCFN cree que la propuesta puede ser muy interesante no solo para limitar y reducir emisiones de GEI, sino también para promover el desarrollo de proyectos de carbono en el país que puedan aportar a los procesos de reducciones de emisiones que se procura.

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Para ello, aseguran necesitar que se incluya de manera expresa un mecanismo de flexibilidad para el cumplimiento de las reducciones de emisiones que se establezcan, mediante la posibilidad de presentar reducciones por créditos de carbono, al menos por cierto período de tiempo o sobre un porcentaje de las emisiones a limitar y reducir.

“Se observa que de esta manera se pueden promover proyectos de reducción o captura de emisiones en sectores clave como el sector forestal, y de esta manera servir de incentivo a la conservación, manejo sustentable, restauración de bosques y plantación y manejo mejorado de plantaciones forestales”, detalla Cano.

Por otro lado, los empresarios reclaman que el establecimiento de un mercado regulado de carbono contenga también normas que establezcan “claridad y certidumbre” sobre aspectos clave para el desarrollo y comercialización de proyectos de carbono, tales como otorgar seguridad jurídica sobre la propiedad o titularidad de los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en Argentina, facilitar su libre comercialización definiendo y delimitando claramente el ámbito de intervención gubernamental y garantizar la transparencia en las transacciones.

Proyecto alternativo

Desde la MCFN están trabajando en un proyecto de ley que podría complementar la iniciativa que promueve el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y estará presentando a otras cámaras empresariales y áreas de gobierno.

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Lo hacen porque consideran “indispensable” contar con seguridad jurídica para atraer inversiones que permitan desarrollar iniciativas a distintas escalas y con distinto impacto ambiental, social y económico, especialmente para promover proyectos de captura y reducción de emisiones que puedan complementar modelos productivos actuales por parte de pequeños y medianos titulares de tierras, como así también traccionar proyectos de gran escala que, de no haber garantías mínimas para su implementación y comercialización, probablemente no se realicen.

“Los proyectos de carbono forestal pueden ser para evitar o reducir emisiones de carbono, por ejemplo, mediante la conservación de bosques nativos (deforestación evitada) y la mejora en la eficiencia del uso productivo del bosque o plantación forestal (aprovechamiento mejorado), o bien, para capturar carbono a través del desarrollo de plantaciones forestales y de la reforestación o regeneración de bosques nativos” comenta el coordinador de la MCFN que está conformada por más de 40 empresas, instituciones y personas de la cadena de valor de los mercados de carbono forestal de Argentina.

Sus miembros trabajan en la conservación, manejo mejorado y restauración de bosques nativos y en la producción forestal, representando en este último caso el 80% de las plantaciones forestales del país.

La MCFN tiene como interés principal posicionar a la Argentina en los mercados de carbono a nivel regional y global, entendiéndolos como un mecanismo concreto y transparente para canalizar financiamiento a las acciones climáticas necesarias para mitigar el cambio climático. Para ello, su objetivo es ser un actor que participe de manera propositiva en los procesos de elaboración de los marcos normativos e instrumentos de política pública para promover los mercados de carbono en el país.

Desde que se creó la mesa, se quintuplicó la superficie destinada a proyectos vinculados a compensar las emisiones de carbono que se venían desarrollando desde hace unos 15 años en distintas regiones y con una multiplicidad de abordajes, en una superficie cercana a las 20.000 hectáreas. En esta extensión, existe un potencial de mitigación de más de 1,6 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), de las cuales se llevan mitigadas más de 500.000 toneladas.

CABA por 20

En este marco, la MCFN precisó que, en la actualidad, existen proyectos en etapa de evaluación, desarrollo y certificación por un total de 400.000 hectáreas.
La cifra equivale a dos veces la superficie de bosque perdido en 2022, y es cinco veces más en relación a lo que había el año pasado.

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Para tomar dimensión, esta superficie equivale a casi 20 veces la extensión de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra emplazada sobre 20.300 hectáreas.
El informe de la Mesa detalla que no se trata de un dato menor ya que representa más del 60% de la meta de reducciones de emisiones a 2030, establecida por Argentina en su Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático.

Los miembros de la entidad consideran que, si en Argentina se desarrollaran y certificaran proyectos de captura y reducción de emisiones en sólo el 10% de la superficie de bosques del país, podría estimarse preliminarmente una reducción de emisiones de 400 millones de toneladas de CO2, lo cual equivale más de cuatro veces dicha meta nacional.

Proyectos en danza

En la actualidad, empresas que forman parte de la MCFN trabajan en el desarrollo de varios proyectos de carbono forestal en Argentina como los de GMF Latinoamericana. Se trata de una empresa que opera seis proyectos forestales para generación de carbono en distintas regiones y diferente tipo de abordaje sobre más de 15.000 hectáreas y con un potencial de mitigación de más de 1,37 millones de toneladas toneladas de CO2, de los cuales ya se llevan mitigadas más de 500.000 toneladas.

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También, el de la empresa Unitan, en el norte argentino, qje alcanzó en 2022 la certificación emitida por Verra bajo el estándar VCS (Estándar de Carbono Certificado) de un proyecto para la captura de 300.000 toneladas de CO2, que permitirá emitir 300.000 bonos de carbono.

O la de la firma Allcot, que trabaja en la implementación de proyectos forestales para generación de certificados de carbono bajo diferentes tipos de abordaje metodológico sobre 35.000 hectáreas y con un potencial de mitigación de 12 millones de toneladas de CO2.

También, el de Greensur, que lleva a cabo la reforestación de 16.000 hectáreas en el chaco salteño, y desarrolla un proyecto de 9.000 hectáreas en Misiones, con un potencial de captura de más de 20.000 toneladas de carbono al año.

Otro caso es el de Nideport de GBM, que se compromete a la restauración de los ecosistemas y certifican créditos de carbono en sobre 23.000 hectáreas
De todos modos, la situación en la Argentina dista de ser similar a la mundial ya que, según la MFCN, hasta fines del 2022, de los 11.800 proyectos registrados a nivel global, tan sólo 61 fueron en Argentina, un 0,5% del total y la mayoría pertenece a los sectores de energías renovables, producción industrial y gestión de residuos.