Desmontes en el Norte: Greenpeace denunció la pérdida de 40 mil hectáreas y Formosa negó las cifras
Un nuevo informe ambiental alerta sobre el avance de las topadoras en cuatro provincias del Gran Chaco argentino durante el primer semestre del año. La respuesta oficial de Formosa abrió el debate sobre el límite entre la conservación ecológica y las autorizaciones para la producción agropecuaria.
El debate por la conservación de los bosques nativos en el norte argentino sumó un nuevo capítulo tras la publicación del último relevamiento satelital de Greenpeace. Según la organización ambientalista, entre enero y junio de 2026 se registraron 40.862 hectáreas deforestadas en el Gran Chaco, distribuidas principalmente entre las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
El informe ubica a Santiago del Estero a la cabeza de la pérdida de cubierta forestal con más de 20.000 hectáreas, seguida por Salta. En el caso de Formosa, la ONG asigna una cifra superior a las 4.300 hectáreas afectadas.
Para los ambientalistas, las multas económicas vigentes resultan insuficientes para frenar el cambio de uso del suelo, ya que suelen ser absorbidas por los desarrolladores como un costo operativo más. Frente a este escenario, la organización exige penalizar legalmente la destrucción de los bosques y endurecer los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN).
La respuesta de Formosa: “Tolerancia cero” e intervenciones reguladas
Frente al impacto de la denuncia, el Gobierno de la provincia de Formosa y sectores del sector agroproductivo salieron a rechazar la caracterización del informe, al sostener que se engloban bajo la etiqueta de “desmonte ilegal” a actividades que cuentan con autorización ambiental y fiscalización oficial.
Desde la administración provincial sostienen que las cifras presentadas por las ONG mezclan situaciones irregulares con planes de desarrollo sustentable legalmente tramitados bajo la Ley de Bosques Nativos. Según argumentan las autoridades locales:
- Tolerancia cero al desmonte clandestino: Las intervenciones que no cuentan con estudio de impacto ambiental o autorización previa son infraccionadas y frenadas por los organismos de control.
- Aprovechamiento del suelo: Cerca del 70% de las superficies señaladas corresponden a proyectos de uso silvopastoril o cambio de uso del suelo habilitados dentro de las zonas permitidas por la normativa local.
- Balance socioeconómico: Defienden la necesidad de equilibrar la preservación de los ecosistemas con la generación de empleo y el fortalecimiento de las economías regionales.
El nudo de la discusión: ¿legalidad equivale a sustentabilidad?
El contrapunto entre Greenpeace y el gobierno formoseño pone de manifiesto dos miradas contrapuestas sobre la gestión del territorio. Por un lado, las organizaciones de la sociedad civil sostienen que la “legalidad” de una autorización no anula la pérdida neta de biodiversidad ni la emisión de gases de efecto invernadero. Señalan que la flexibilización de los mapas zonales para habilitar desmontes desvirtúa el espíritu original de protección ambiental.
Por el otro, las administraciones provinciales y los productores agropecuarios remarcan que la conservación no debe traducirse en la parálisis productiva de regiones históricamente postergadas. Exigen que las ONG contemplen los esquemas de compensación ambiental, la ganadería integrada a los bosques y la soberanía de las provincias sobre sus recursos naturales.
Hacia un modelo de control transparente
Más allá del cruce de cifras, el escenario evidencia la urgencia de consolidar un sistema de monitoreo unificado y accesible en tiempo real. La falta de consenso sobre qué constituye un manejo sustentable y qué se considera una infracción genera incertidumbre tanto para los productores que buscan invertir como para las comunidades que dependen de la salud de sus bosques.
La protección del Gran Chaco —uno de los ecosistemas forestales más importantes del continente— requerirá profundizar el diálogo entre las autoridades, los sectores productivos y la comunidad científica, priorizando la fiscalización efectiva y la búsqueda de un verdadero equilibrio ambiental.
