Críticas a las certificaciones empresarias de sustentabilidad de Argentina y la región
Se trata de las medidas de sostenibilidad, como el respeto por los derechos humanos, la salud y seguridad de los trabajadores, que la compañías están obligadas a cumplir.
Las llamadas certificaciones de sostenibilidad han aumentado su popularidad con los años, siendo actualmente consideradas como una de las principales herramientas utilizadas por las organizaciones, empresas y productores que desean contribuir con el desarrollo sostenible desde los aspectos económico, social y ambiental.
La literatura sobre certificaciones de sostenibilidad hace referencia a “Normas Voluntarias de Sostenibilidad” (NVS, o VSS por sus siglas en inglés) como un término que engloba distintos instrumentos sostenibles, entre los cuales se encuentran las certificaciones.
//Mirá también: Cómo funciona el primer fondo común de inversión vegano y en qué proyectos invierte casi u$s2 millones
De acuerdo al Foro sobre Estándares Sostenibles de las Naciones Unidas (UNFSS por sus siglas en ingles), las NVS especifican requerimientos que productores, vendedores, fabricantes, minoristas o proveedores de productos y servicios deben cumplir.
Estos requerimientos hacen referencia a una gran variedad de medidas de sostenibilidad, como el respeto por los derechos humanos, la salud y seguridad de los trabajadores, el impacto medioambiental, relaciones con la comunidad, uso del suelo.
A partir de estos preceptos, la CEPAL elaboró un documento bajo el nombre de” Certificaciones empresariales de sostenibilidad en América Latina y el Caribe”, que explora las estadísticas, literatura y experiencias asociadas a estos instrumentos en el mundo, con un énfasis especial en los países de América Latina y el Caribe, incluyendo a la Argentina.
El documento destaca que actualmente, los países de la región que más presencia tenían de estos instrumentos son Brasil, Perú y México, liderando el podio y con la Argentina ubicada en el puesto quinto a nivel regional y vigésimo si se tiene en cuenta el ranking global.
En ese sentido, el paper hace referencia a experiencias positivas de involucramiento del sector público en apoyo, difusión e impulso a la adopción de las certificaciones de sostenibilidad.
Y agrega que las oportunidades para los gobiernos de la región “se encuentran en considerar la existencia de certificaciones públicas, como existen en agricultura orgánica, eficiencia energética, construcción y turismo sostenible, entre otros, negociar acuerdos de homologación de certificaciones nacionales con certificaciones internacionales aceptadas en mercados de destino de exportaciones, o facilitar la adopción de productores nacionales a las certificaciones mediante subsidios”.
Elaborado por Nicolás Araya y Felipe Correa, de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica paraAmérica Latina y el Caribe (CEPAL), el trabajo se realizó en el marco del proyecto “Desarrollo productivo y heterogeneidad espacial en América Latina: instituciones y desarrollo de capacidades en la programación e implementación de políticas productivas regionales”.
Se trata de un plan financiado por la Unión Europea y, llevado a cabo bajo la coordinación general de Marco Dini, Oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL.
Para los expertos, las certificaciones ya no pueden ser consideradas como una iniciativa sostenible nueva o incipiente. “Al contrario, en la actualidad están instalados globalmente, con una gran cantidad de iniciativas”, agrega la CEPAL que de todos modos advierte que se trata de iniciativas más populares en los países de mayores ingresos, aunque reconoce que se han expandido en varios países de la región.
En contra de la brecha informacional
Actualmente, la gran proliferación de las llamadas Normas Voluntarias de Sostenibilidad (NVS), en el mundo se ha detenido, posiblemente debido a la gran cantidad de problemas causados por la misma proliferación.
//Mirá también: La 10 propuestas de Galmarini para que Tigre sea más «sustentable»
Según la CEPAL, los problemas medibles, como la falta de incentivos financieros, la confusión generada por la cantidad de certificaciones, la existencia de iniciativas de greenwashing, los altos costos, y la falta de evidencia de impactos ecológicos y sociales son situaciones no menores que detienen el incremento en legitimidad de este tipo de iniciativas.
“La necesidad de fomentar los estudios sobre el tema, especialmente estudios cuantificables, es especialmente relevante en la actualidad. Es necesario confirmar si la variedad de estas iniciativas es beneficiosa o no para los productores o el ecosistema, y en qué grado”, recalca el documento. De igual modo, aclara que la evidencia sirve, entonces, como base para la generación de políticas públicas que busquen incentivar o desincentivar determinados esquemas.
Es por lo anterior que existen distintos investigadores e iniciativas internacionales cuyo objetivo en los últimos años ha sido luchar contra la brecha informacional que existe en temas de NVS.
“Gracias a los esfuerzos de organizaciones como el ITC, la UNFSS, y muchos otros, es que actualmente se tiene cierta información pública y accesible sobre las características, problemas y falencias de estos instrumentos”, según la CEPAL.
Estas organizaciones son, por otro lado, evidencia de uno de los grandes problemas de las certificaciones: la ausencia de participación de stakeholders. Si bien en la investigación esto hace referencia a la elaboración de estándares, esto también es válido en los esfuerzos realizados para estudiar las certificaciones.
“Si los países más afectados por estas iniciativas, como son los países de CEPAL no participan en los estudios y esfuerzos por mejorarlas, nada asegura que los resultados recopilados afecten positivamente estas regiones”, anticipa la CEPAL.
El Estado como protagonista
El informe del organismo internacional también asegura que el sector público en los países de América Latina y el Caribe tiene la oportunidad de avanzar en aminorar las actuales falencias de estas iniciativas, incluida la falta de participación de stakeholder y la falta de información comparable y de evidencias de impacto.
“Apoyar a los pequeños productores a obtener su certificación o fomentar la certificación mediante comercio y compras públicas es importante y ciertamente ayuda a los productores nacionales”, agrega el paper que advierte que pueden llegar a ser esfuerzos en vano si la certificación apoyada resulta solamente ser greenwashing o no ser efectiva para las condiciones climáticas o socioculturales del país.
//Mirá también: Agricultura creó un programa para impulsar la bioenergía en municipios, ¿de qué se trata?
Es por esto que la Cepal le pido a los gobiernos de la región participar de la discusión sobre los criterios y los impactos, siendo parte activa en esfuerzos de colaboración como han sido las plataformas nacionales de la UNFSS.
Cómo obtener una certificación
El modelo de certificación funciona de la siguiente forma: primero, una organización define criterios de sostenibilidad que quisiera que algún tipo específico de agente económico cumpliese. La certificación imaginada puede abarcar a agentes económicos en distintos sectores de actividad económica (como sería el caso de las empresas B), o puede estar restringida a un sector específico (como el Programme for the Endorsement of Forest Certification o el Forest Stewardship Council en el sector forestal).
Para el cumplimiento de estos criterios, la organización diseña distintas mediciones e índices que se deben cumplir y que pueden ser globales o variar según las características del territorio donde se ubica la empresa (territorio continental, nacional, regional o local).
La organización que crea la certificación puede ser privada —como ONGs, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones, o empresas convencionales con fines de lucro, o pública como gobiernos supranacionales, nacionales, o subnacionales.
En segundo lugar, se debe certificar que una empresa, organización, producto, o espacio, cumple con los criterios definidos por la organización original, lo cual puede ser realizado por la misma organización que creó el estándar (Second Party Audit) o por una empresa externa (Third Party Audit).
En el caso de este caso, la empresa debe ser capacitada para poder identificar los criterios necesarios para cumplir con el certificado, lo cual es realizado por la organización dueña del estándar que acredita a estas empresas externas.
Finalmente, la empresa certificadora revisa las condiciones de la empresa u organización que busca el certificado. En caso de cumplir los criterios, se les asigna la certificación, lo que le da autoridad a esta última para hacer pública su condición de certificación, a veces mediante un símbolo o logo distintivo.
Situaciones conflictivas
De acuerdo al documento de la CEPAL, a pesar de su gran adopción a nivel global, las certificaciones de sostenibilidad no están exentas de problemas, especialmente cuando se hace referencia a su implementación en países económicamente menos desarrollados, como es el caso de los de America Latina y el Caribe.
//Mirá también: Un estudio revela que la demanda de energía solar aumentará un 40% en 2023
En este sentido, el quinto reporte de la UNFSS (2022) centra su atención en las dificultades para lograr aumentar el número de organizaciones certificadas que tienen los países económicamente menos desarrollados, que muestran sistemáticamente una menor presencia de organizaciones certificadas.
Dentro de las razones que llevan a este escenario negativo se identifican los altos costos; la falta de incentivos; la resistencia sociopolítica a las certificaciones y la falta de representación de países en vías de desarrollo en la gobernanza de estas certificaciones.
“Solucionar los problemas de costos y falta de incentivos no solo contribuiría a alcanzar a grupos de productores que tienen mayores dificultades para certificarse, sino que ayudaría a aumentar la certificación en países donde estos productores son los predominantes”, asegura el trabajo de la CEPAL.