América Latina perdió u$s 360.000 millones por desastres naturales y preocupa al sector asegurador
Un informe impulsado por Mapfre, CAF y la Fundación Iberoamericana Empresarial propone invertir hasta u$s 31.000 millones al año en infraestructura resiliente.
Los desastres naturales representan un riesgo creciente para América Latina y el Caribe. En los últimos 50 años, cuatro de cada diez personas de la región fueron afectadas por tormentas tropicales, huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor o incendios forestales, fenómenos que preocupan al sector de los seguros mundial.
Los fenómenos climatológicos dejaron cerca de 100.000 víctimas mortales y pérdidas económicas superiores a los US$ 360.000 millones, según un informe presentado por la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE) a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
El documento “Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas” fue elaborado por los economistas, ingenieros y especialistas en políticas públicas, y advirtió que el cambio climático aumenta la frecuencia y la intensidad de los fenómenos extremos, con consecuencias sobre las viviendas, las cadenas logísticas, los ingresos de la población y las finanzas públicas.
Aunque los países de la región avanzaron en sistemas de prevención, alerta temprana y evacuación, los autores plantearon la necesidad de sumar una estrategia de resiliencia financiera que permita disponer de recursos con rapidez para afrontar las emergencias y acelerar la reconstrucción.
El informe estimó que se necesitan inversiones de hasta US$ 31.000 millones anuales en infraestructura resiliente frente a inundaciones y huracanes. Además, propone movilizar otros US$ 15.000 millones hasta 2030 para adaptación y gestión del riesgo de desastres.
Cómo los seguros y alianzas público-privadas pueden acelerar la recuperación
Una de las principales recomendaciones es contar con instrumentos financieros definidos antes de que ocurra una catástrofe. Entre ellos figuran los seguros, los reaseguros, los esquemas paramétricos y los bonos catastróficos, que pueden facilitar la disponibilidad de fondos y reducir la necesidad de improvisar mecanismos de financiamiento durante una emergencia.
Para los eventos más habituales y de menor impacto, el documento menciona el uso de reservas presupuestarias y fondos de contingencia. En cambio, para los sucesos menos frecuentes y de mayor severidad, propone recurrir a herramientas de transferencia de riesgos que ayuden a cubrir los costos de recuperación.
La iniciativa también busca reducir la brecha de protección aseguradora, que el informe sitúa en el 81% en la región. Según los autores, ampliar el acceso a las coberturas resulta clave para que más hogares y pequeñas empresas puedan afrontar las pérdidas económicas derivadas de estos fenómenos.
El documento sostiene que la protección civil es fundamental, pero debe complementarse con instrumentos financieros y esquemas público-privados que permitan reducir el impacto de los desastres y evitar consecuencias persistentes sobre el bienestar, la pobreza, el crecimiento y la estabilidad fiscal.
Las diez medidas propuestas del informe
El informe plantea un decálogo para que los países avancen en una estrategia regional de respuesta y recuperación. Entre sus principales medidas figuran:
- Integrar la resiliencia financiera como prioridad de Estado.
- Reducir la brecha de protección frente a los desastres.
- Priorizar los riesgos, activos y actividades de mayor impacto económico y social.
- Impulsar alianzas público-privadas con reglas claras.
- Preservar la disponibilidad y sostenibilidad de las coberturas.
- Garantizar pagos rápidos, transparentes y verificables.
- Utilizar la innovación tecnológica y financiera para ampliar la cobertura.
- Vincular el aseguramiento con la prevención y la reducción del riesgo.
- Construir estándares y capacidades iberoamericanas compartidas.
- Avanzar mediante un multilateralismo flexible y orientado a resultados.
