La COP17 expone la contradicción de los subsidios que financian la destrucción de la biodiversidad
Los países enfrentan una doble deuda ambiental y económica, con fondos insuficientes para conservar los ecosistemas y cientos de miles de millones de dólares destinados cada año a actividades que los destruyen.
La pérdida de biodiversidad expone una contradicción en las políticas económicas de los gobiernos: mientras se comprometen a proteger los ecosistemas, mantienen subsidios que favorecen actividades perjudiciales para la naturaleza. Esa tensión está en el centro de la COP17 de la ONU, que reúne esta semana en Armenia a líderes políticos, diplomáticos y especialistas para revisar los avances y las deudas pendientes del acuerdo mundial sobre biodiversidad.
La conferencia representa la primera revisión importante del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en 2022. Entre sus principales metas está conservar el 30% de las tierras y los mares para 2030, un objetivo que exige ampliar las áreas protegidas y movilizar recursos para frenar la degradación de los ecosistemas.
Sin embargo, los países están lejos de cumplir buena parte de los compromisos asumidos y las diferencias sobre cómo financiar las medidas siguen sin resolverse. El desafío no consiste únicamente en conseguir más dinero para la conservación, sino también en revisar las políticas públicas que impulsan actividades responsables de la destrucción ambiental.
El acuerdo establece como objetivo movilizar al menos 200.000 millones de dólares anuales para 2030. Al mismo tiempo, plantea la necesidad de reformar los subsidios perjudiciales para la naturaleza, que alcanzan unos 500.000 millones de dólares al año.
La discusión adquiere una dimensión económica porque esos recursos públicos pueden incentivar prácticas que deterioran los suelos, contaminan el agua y destruyen hábitats. Entre los ejemplos figuran las ayudas que promueven la deforestación para ampliar la frontera agropecuaria y los descuentos estatales para fertilizantes sintéticos y pesticidas químicos.
Los subsidios perjudiciales para la naturaleza ponen en jaque las metas de biodiversidad
Uno de los principales reclamos de cara a la COP17 es que los gobiernos establezcan un plazo de dos años para identificar y reorientar los subsidios más dañinos para los ecosistemas. La propuesta apunta a modificar los incentivos económicos que favorecen actividades contaminantes, en lugar de limitar la respuesta estatal a financiar proyectos de conservación.
La contradicción tiene consecuencias fiscales. Según estimaciones de la organización Conservation International, los subsidios perjudiciales para la naturaleza generan costos para los gobiernos de entre 11 billones y 24,7 billones de dólares al año. El cálculo contempla que los Estados pueden terminar pagando dos veces: primero para sostener determinadas actividades mediante ayudas públicas y después para reparar parte de los daños que producen.
Esos costos incluyen tareas de limpieza de la contaminación, atención de enfermedades y reparación de infraestructura afectada. De esta manera, los incentivos que buscan sostener determinadas actividades económicas pueden trasladar parte de sus consecuencias ambientales y sanitarias al conjunto de la sociedad.
La reforma también podría contribuir a reducir las presiones sobre los presupuestos públicos en un contexto de conflictos bélicos, crisis energéticas e inflación. En lugar de destinar recursos a actividades que degradan los ecosistemas y luego financiar su reparación, los gobiernos podrían redirigir los fondos hacia prácticas compatibles con la conservación.
“Esta no es principalmente una historia sobre conservación”, dijo Eva Zabey, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Business for Nature, en una rueda de prensa. “Es una historia económica, fiscal, política y de competitividad, que se basa en la resiliencia y la seguridad de los recursos”, agregó.
El planteo también involucra al sector privado. Más de 130 empresas, entre ellas H&M y Nestlé, firmaron una carta abierta antes de las negociaciones para reclamar políticas más claras y un plan de reforma de los incentivos durante los próximos 12 meses. Según las compañías, contar con reglas previsibles ayudaría a generar condiciones más favorables para las inversiones.
El reclamo empresarial expone otro problema: los compromisos ambientales pueden perder efectividad si las señales económicas del Estado continúan premiando actividades que degradan la naturaleza. Para modificar esa dinámica, la reforma de los subsidios debe traducirse en medidas concretas y no quedar limitada a declaraciones internacionales.
El sector privado gana protagonismo en la financiación de la biodiversidad
La falta de recursos públicos suficientes impulsa la búsqueda de mecanismos para que las empresas contribuyan a financiar la conservación. Uno de ellos es el Fondo Cali, creado en 2025 para canalizar aportes de compañías que utilizan información digital sobre recursos genéticos en el desarrollo de productos.
El mecanismo apunta especialmente a sectores como el farmacéutico, el cosmético y el agrícola comercial, cuyas actividades pueden depender de datos digitales derivados de muestras biológicas. La iniciativa busca que parte de los beneficios económicos obtenidos mediante esos recursos contribuya a financiar la protección de la biodiversidad.
Sin embargo, todavía quedan aspectos centrales por resolver. Entre ellos figuran los criterios para distribuir los fondos entre países y comunidades indígenas, así como la forma de calcular las contribuciones de empresas cuyos negocios dependen de estos recursos en distinta medida.
Una de las discusiones es si los aportes deben calcularse sobre los ingresos totales de las compañías o considerar únicamente las actividades vinculadas con el uso de información genética. La definición será determinante para establecer cuánto dinero puede movilizar el mecanismo y cómo se distribuirán sus beneficios.
La participación empresarial puede ampliar las fuentes de financiación, pero también exige reglas transparentes que permitan determinar quiénes deben aportar, cuánto corresponde a cada sector y qué comunidades recibirán los recursos. Sin esos criterios, la creación de fondos no garantiza por sí sola que el dinero llegue a los territorios y ecosistemas que necesitan protección.
Cristián Samper, director general y responsable de Nature Solutions en el Bezos Earth Fund, destacó la posibilidad de utilizar estas negociaciones para fortalecer las acciones de conservación. “Sabemos que la recuperación es posible. Las decisiones que tomemos en Armenia deberían brindar a más equipos de conservación el apoyo necesario para que esto suceda”, afirmó.
