América latina, la región donde ocurre el mayor número de ataques y asesinatos de defensores de la naturaleza

Cada año, el escenario se pone peor. Los números no hacen más que exponer cómo la expansión del extractivismo feroz conlleva, a la par de la destrucción de los hábitats, la persecución y, en gran parte de los casos, el aniquilamiento de quienes encarnan la resistencia a un modelo de presión ambiental que atenta contra cualquier idea de supervivencia.

Según datos del reporte más reciente de Global Witness, organización que monitorea el avance del colapso natural y la situación de los derechos humanos a nivel planetario, sólo durante 2020, año marcado por la pandemia de coronavirus, cada semana resultaron asesinadas al menos cuatro personas en distintos puntos del mundo. Esto, en el marco de las luchas por la preservación de los ecosistemas.

Durante ese período, los ataques letales a defensoras y defensores de la naturaleza totalizaron 227 eventos funestos. La ONG afirma que 2020 resultó “el año más peligroso registrado para las personas que defienden sus hogares, la tierra y los medios de vida, así como los ecosistemas que son vitales para la biodiversidad y el clima”. En 2019, la estadística arrojó 212 homicidios de esa índole.

“Como siempre, estos ataques letales ocurren en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra las personas defensoras, que incluyen intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización. Estas cifras son, casi con certeza, una subestimación, ya que muchos de los ataques contra personas defensoras no son denunciados”, aclara la organización.

Entre otros aspectos, Global Witness señala que América latina sigue consolidándose como la región donde ocurre la mayoría de estas fatalidades. En esa dirección, y por segundo año consecutivo, Colombia cerró 2020 con el mayor número de asesinatos de defensoras y defensores del ambiente: 65 personas exterminadas.

“Estos homicidios tuvieron lugar en un contexto de ataques generalizados contra personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios de todo el país, a pesar de la esperanza generada por el acuerdo de paz de 2016”, detalla el informe al que accedió Economía Sustentable.

Para enseguida remarcar: “Los pueblos indígenas se vieron particularmente afectados y la pandemia de COVID solo sirvió para empeorar la situación. El confinamiento oficial llevó a que las y los defensores fueran atacados en sus hogares y a que se redujeran las medidas de protección del gobierno”.

México ocupó el segundo lugar en la nómina de países donde más se aniquila a quienes protagonizan luchas socioambientales. 

“Documentamos 30 ataques letales contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2020, registrando un aumento del 67 por ciento respecto a 2019. La explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas”, señala Global Witness.

En la nación norteamericana la impunidad es regla: cerca del 95 por ciento de los homicidios nunca fueron esclarecidos y mucho menos han transitado algún tipo de proceso penal. 

Entre los diez estados que, siempre en 2020, concentraron la mayoría de estos actos de exterminio también se encuentran Brasil –20 asesinatos–, Honduras –17–, Guatemala –13–, Nicaragua –12– y Perú –6–. Al margen de la región, se ubicaron Filipinas –29–, República Democrática del Congo –15– y la India –4–.

La causa extractivista

En cuanto a los motivos detrás de estos homicidios, el 75 por ciento de los crímenes perpetrados en Brasil y Perú tuvieron lugar en zonas de la Amazonía. 

“La explotación forestal fue el sector vinculado a la mayor cantidad de asesinatos, con 23 casos. México experimentó un gran aumento en los asesinatos relacionados con la tala y la deforestación, registrando nueve en 2020”, precisa Global Witness.

En términos globales, puntualiza el trabajo, el 70 por ciento de los asesinatos tuvo lugar para acentuar la deforestación. El 30 por ciento restante correspondió a defensoras y defensores que se oponían a la expansión de la mega minería, el agronegocio y la instalación de represas hidroeléctricas. 

“Una vez más se mantuvo el número desproporcionado de ataques contra pueblos indígenas: más de un tercio de los ataques fatales perpetuados fueron contra pueblos indígenas, a pesar de que solo representan el 5 por ciento de la población mundial. A su vez, los pueblos indígenas fueron el blanco de cinco de los siete asesinatos en masa registrados en 2020”, informó la organización. 

En cuanto al género de las víctimas, el reporte señala que 9 de cada 10 víctimas de ataques letales fueron hombres. 

En simultáneo a este dato, Global Witness destaca: “Las mujeres que actúan y se manifiestan también se enfrentan a formas de violencia específicas de género, incluida la violencia sexual. Las mujeres suelen enfrentar un doble desafío: la lucha pública para proteger su tierra y la lucha, a menudo invisible, para defender su derecho a manifestarse dentro de sus comunidades y familias”.