El RIGI, la reforma de la Ley de Glaciares, la expansión minera y petrolera, el debilitamiento de organismos públicos y el avance sobre los ríos y los bosques que se están llevando a cabo durante el gobierno de Javier Milei no son hechos aislados. Para la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), forman parte de una “regresión socioambiental” que no es “inevitable”, sino que responde a una política gubernamental concreta.
La entidad presentó el segundo Informe de Regresiones Socioambientales 2026, en el que analiza las políticas implementadas entre julio de 2025 y julio de 2026 y advierte sobre un proceso de desregulación, concentración económica y pérdida de soberanía que, según CAJE, forma parte de lo que la “extrema derecha impulsa en la región”.
“Este gobierno tiene una una visión negacionista del cambio climático, también negacionista de la cuestión ecológica en general y su planteamiento, es de negocios, no es ideológico”, sentencia Enrique Viale, abogado y presidente de CAJE en diálogo con Economía Sustentable.
Y suma: “Es favorecer la entrada sin ningún tipo de límites, la entrada y desarrollo sin ningún tipo de límites de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio que son las que están detrás de la flexibilización ambiental, por ejemplo, la Ley de Glaciares”.
Qué entiende CAJE por regresión socioambiental
Desde CAJE precisaron que por regresión socioambiental entienden “el deterioro de normas, instituciones, presupuestos y mecanismos de participación que ya existían para proteger los bienes comunes y los derechos de la población”.
El concepto apunta, según el informe, no solamente a la ausencia de nuevas políticas ambientales, sino al retroceso sobre herramientas que ya estaban vigentes. “No se trata solamente de dejar de avanzar: es retroceder sobre derechos y capacidades públicas construidas durante décadas”, destacan.
Uno de los principales ejes del reporte es el impacto del RIGI y del proyecto de Súper RIGI. Según el documento, desde la puesta en marcha del régimen se aprobaron 16 proyectos y el 90% corresponde a minería, hidrocarburos o infraestructura asociada a actividades extractivas.
El informe también pone el foco en la reforma de la Ley de Glaciares, “una de las regresiones más graves del período”. Desde la Asociación detallan que la nueva norma “reemplazó un piso científico común de protección por decisiones provinciales discrecionales, debilitando el resguardo de glaciares y ambiente periglacial. Se trata de territorios que alimentan el 40% de las cuencas hídricas nacionales y garantizan agua para más de siete millones de personas”.
Viale ejemplifica el planteo con el Proyecto Vicuña, “que luego de la modificación de la Ley de Glaciares consiguió el certificado del RIGI y va a avanzar, y está certificado que en el Proyecto Vicuña hay un glaciar, el glaciar G 110, que está inventariado por el Inventario Nacional de Glaciares y que ahora va a ser destruido”.
Las provincias que aceleran los proyectos mineros
El informe también advierte que cuatro provincias lideran de forma “agresiva” la reestructuración y aceleración de sus trámites ambientales para dar luz verde a nuevos yacimientos.
- Mendoza, con la actualización del Código de Procedimiento Minero.
- San Juan, con la creación de un mecanismo que unifica la evaluación y los permisos sectoriales que anteriormente se dividían entre las áreas de Recursos Hídricos, Medio Ambiente, Planeamiento y Minería.
- Salta, que digitalizó al 100% el Juzgado de Minas y la Secretaría de Minería y Energía e implementó el Sistema de Gestión Ambiental Minera Digital. “Esto facilitó la aprobación rápida de proyectos mediay grandes de explotación metálica y de litio, reduciendo los plazos de observación y corrección de expedientes”.
- Jujuy, donde la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial fue modernizada y recibió mayor presupuesto y personal.
Para CAJE, estos cambios administrativos forman parte de una transformación orientada a acelerar la llegada de inversiones extractiva. Viale advierte que sus efectos territoriales ya comienzan a generar conflictos.
“Pero después el avance en los territorios se está empezando a ver con problemáticas socioambientales por la ausencia de participación, entre otras cosas”, agrega el abogado.
En ese escenario, el informe también menciona conflictos vinculados con comunidades indígenas y desmontes. Greenpeace Argentina, por su parte, alertó por desalojos y desmontes en territorios de comunidades indígenas de distintas provincias.
Menos recursos para controlar incendios y monitorear el territorio
Otro de los ejes del informe es el debilitamiento de las capacidades del Estado para prevenir y responder frente a problemas ambientales.
El documento señala que entre octubre de 2025 y marzo de 2026 se quemaron más de 60.800 hectáreas en Chubut, mientras que el presupuesto nacional destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego se redujo un 53,6% respecto de 2025.
“Los brigadistas enfrentaron incendios de gran magnitud con indumentaria cuya última adquisición correspondía a 2021 y 2022”, denuncian.
El Servicio Meteorológico Nacional aparece como otro de los casos señalados por CAJE. “Su presupuesto real ejecutado cayó un 43%, la planta perdió alrededor de 170 trabajadores y en abril de 2026 se formalizaron al menos 123 nuevos despidos. Varias estaciones dejaron de realizar observaciones nocturnas o redujeron sus turnos, generando puntos ciegos en el monitoreo del territorio en un contexto de incendios, sequías, inundaciones y tormentas cada vez más intensas”, detallan.
Para Maristella Svampa, una de las autoras del informe, el proceso implica una redefinición del rol estatal. “El Estado no desaparece: abandona sus funciones de cuidado y control, pero conserva y fortalece su capacidad para garantizar los negocios de los sectores concentrados. La desregulación no produce libertad para la población. Produce territorios más disponibles para las corporaciones y comunidades más expuestas frente al daño”, precisó.
La dimensión política de la regresión ambiental
El informe sostiene además que este proceso requiere, según CAJE, un debilitamiento de los mecanismos de participación y protesta.
“El protocolo antiprotesta, la llamada unidad de seguridad productiva, la ampliación de las facultades de vigilancia, la criminalización de pueblos originarios y comunidades y el proyecto de regulación del lobby restringen la participación social y buscan disciplinar a quienes cuestionan el avance extractivo”, enumeran.
A este escenario suman una dimensión que empieza a adquirir mayor relevancia: el avance de las infraestructuras digitales y los centros de datos destinados a inteligencia artificial.
Según el documento, estas instalaciones requieren grandes cantidades de energía, agua y territorio y podrían beneficiarse de los mecanismos de incentivo a las grandes inversiones.
“Sin información pública, evaluación por cuencas ni mecanismos efectivos de participación, el RIGI y el Súper RIGI pueden garantizar condiciones excepcionales para las grandes plataformas tecnológicas y trasladar sus costos a las poblaciones y a las redes públicas”, denuncian.
Qué acciones judiciales prepara CAJE
Parte de las situaciones relevadas en el informe ya tienen, según Viale, un correlato judicial. En cuanto a si van a hacer alguna acción legal, Viale precisa que gran parte de lo que informamos aquí tienen su correlato en acciones judiciales que están en trámite “con una justicia muy compleja en Argentina, muy lenta, que va a ritmo del poder”.
Desde CAJE ya han judicializado el retroceso en el Servicio Nacional Meteorológico lo judicializamos junto a los trabajadores del organismo. “La Ley de Glaciares también. Estamos buscando eso permanentemente”, concluye el abogado.