El gobierno porteño concedió una habilitación ambiental para desarrollar un helipuerto ligado históricamente al empresario Cristiano Rattazzi, en un contexto donde también se registran controversias en el sur del país como cuando denuncian a Joe Lewis por una hidroeléctrica en Río Negro.
La decisión alcanzó a un proyecto que ya tenía obras avanzadas y había recibido helicópteros antes de completar el procedimiento destinado a prevenir sus efectos sobre el entorno.
El helipuerto de Helicenter recibió la aprobación ambiental después de iniciar las obras
La información surge de analizar un documento elaborado por la Agencia de Protección Ambiental (APRA), que otorgó la llamada “Declaración de Impacto Ambiental” a Servicios Helicenter mediante la Resolución 240/2026, firmada el 11 de agosto pasado y publicada tres días después en el Boletín Oficial porteño.
El certificado tendrá una vigencia de cuatro años y corresponde a una actividad clasificada oficialmente como de relevante efecto ambiental, un requisito indispensable, pero que no reemplaza las restantes habilitaciones urbanísticas, constructivas, aeronáuticas y operativas.
El emprendimiento ocupará 12.515,10 metros cuadrados en la Colectora Intendente Cantilo 3215, junto a la desembocadura del arroyo Medrano y cerca de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera Norte.
Contempla plataformas de aterrizaje y despegue, instalaciones operativas, una planta de combustible y 1.000 metros cuadrados de oficinas comerciales o de consultoría, además de tener espacios complementarios para el SAME, la Policía y los Bomberos.
Ese destino fue utilizado por la Ciudad para considerar al proyecto de utilidad pública y justificar su localización en un área afectada a Urbanización Parque, aunque la autorización no establece que todos los vuelos deban corresponder a organismos estatales.
Cabe aclarar también que el permiso se le otorga a una empresa como Servicios Helicenter que además, es contratista de la Ciudad para el basamento, mantenimiento y reparación de los helicópteros de la Policía.
Ese vínculo documentado resulta relevante porque la continuidad de los vuelos policiales fue uno de los argumentos utilizados por la compañía para explicar la urgencia del traslado y los aterrizajes efectuados antes de obtener el certificado.
La Ley 123 que regula el Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), incluye expresamente a los helipuertos entre los emprendimientos presumidos de alto impacto ambiental.
Por esa clasificación, deben completar la evaluación correspondiente antes de su ejecución o desarrollo como parte de un procedimiento que comprende la categorización, la presentación de un estudio técnico, el dictamen de APRA, la audiencia pública, la Declaración de Impacto Ambiental y la emisión del certificado.
Durante una audiencia pública sobre el proyecto realizada el pasado 16 de julio, la Defensoría del Pueblo presentó fotografías que documentaban el avance de las obras y la presencia de helicópteros aterrizando en el predio.
También se formularon observaciones sobre el ruido, la cercanía con la reserva y el arroyo Medrano, las trayectorias, los horarios, la frecuencia prevista y el almacenamiento de combustible.
El expediente reconoce que las instalaciones anexas y complementarias todavía no habían sido terminadas y que se había constatado la operación de aeronaves.
Pese a esa comprobación, la resolución que concedió el certificado no menciona la apertura de una investigación, un acta de infracción o un procedimiento sancionatorio por las actividades anteriores.
Esa ausencia no permite asegurar que no exista otra actuación administrativa, pero el hecho comprobable es más preciso porque la Resolución 240 no informa qué evaluación realizó APRA sobre una eventual infracción previa ni si derivó los antecedentes al organismo competente.
El proyecto queda junto a una reserva y al arroyo Medrano
La autorización posterior habilita el avance ambiental del proyecto hacia el futuro, pero no determina por sí misma la situación jurídica de las obras y operaciones anteriores, cuestión que debería ser resuelta, en caso de corresponder, dentro de un procedimiento específico.
De hecho, la legislación establece que los permisos de construcción otorgados por otras dependencias porteñas tampoco sustituyen la intervención ambiental.
De igual modo, las autorizaciones de la Administración Nacional de Aviación Civil regulan la seguridad aérea, pero no reemplazan el cumplimiento de la Ley 123.
En este contexto, Servicios Helicenter admitió que se habían producido aterrizajes, aunque sostuvo que el establecimiento todavía no funcionaba de manera integral.
Según la empresa, esos movimientos correspondieron exclusivamente a emergencias sanitarias o de seguridad atendidas por el SAME y la Policía porteña.
La compañía explicó además que había operado durante casi 15 años en la avenida España 3250, junto a la Reserva Ecológica Costanera Sur.
El contrato de alquiler venció el 17 de abril pasado y, de acuerdo con su presentación, debió buscar con urgencia otro terreno para mantener los servicios.
En ese marco, firmó en noviembre de 2025 el contrato de locación del predio de Costanera Norte y posteriormente obtuvo permisos de obra del gobierno porteño y autorizaciones de la ANAC para realizar las operaciones específicas mencionadas en su descargo.
La sociedad trasladó instalaciones utilizadas por la Policía y colocó contenedores provisorios para el SAME y su propio personal y, mientras construye la planta definitiva de combustible, el abastecimiento se efectúa mediante cisternas móviles que, según declaró, se encuentran habilitadas.
La resolución de APRA, sin embargo, no individualiza una excepción de la Ley 123 que autorice a ejecutar anticipadamente un proyecto de alto impacto por estar relacionado con servicios de emergencia.
El anexo ambiental también exige que la empresa obtenga la autorización definitiva de la ANAC antes del funcionamiento integral y que presente ese permiso ante APRA.
Esa condición obliga a diferenciar las autorizaciones específicas invocadas para los primeros aterrizajes de la habilitación final del helipuerto.
S bien el titular formal del emprendimiento es Servicios Helicenter, la sociedad está relacionada históricamente con el entramado aeronáutico desarrollado alrededor de Gruppo Modena y Cristiano Rattazzi.
Se trata del bisnieto de Giovanni Agnelli, fundador de Fiat, e integrante de la familia que, mediante Exor, mantiene la principal participación accionaria individual en Stellantis, el fabricante surgido de la fusión de Fiat Chrysler Automobiles y PSA.
Rattazzi ingresó a Fiat Concord en 1970 y ocupó cargos en Brasil, Venezuela y Francia antes de regresar a la Argentina donde durante 25 años presidió las sociedades locales de Fiat y posteriormente de FCA, hasta que dejó la conducción el 1° de julio de 2021.
Su extensa trayectoria al frente de la automotriz lo convirtió en uno de los empresarios de mayor exposición pública del país y paralelamente, desarrolló actividades vinculadas con automóviles de alta gama, aviación y helicópteros mediante el universo de Gruppo Modena.
De hecho, la resolución del Boletín Oficial porteño acredita que Rattazzi presidió Modena Helicópteros hasta diciembre de 2019.
Esa sociedad y Servicios Helicenter compartieron domicilio en la avenida España 3250 y estuvieron vinculadas con el mismo entramado de actividades aeronáuticas.
La relación familiar también permaneció dentro de Helicenter si se tiene en cuenta que el último aviso societario localizado informa que Urbano Rattazzi renunció como director suplente en noviembre de 2024.
La asamblea celebrada al mes siguiente designó presidente a Alejandro Marcelo Suárez y director suplente a Julio César Eugenio De Marco.
Esos documentos permiten probar el vínculo histórico con Rattazzi y Gruppo Modena, pero no revelan el paquete accionario actual, por lo que no puede afirmarse documentalmente que Rattazzi sea hoy el propietario o controlador directo de Servicios Helicenter.
Ruido, vuelos y combustibles generan nuevas alertas ambientales
En el caso de la relación entre Servicios Helicenter y el gobierno que lidera Jorge Macri no se limita a la tramitación del nuevo helipuerto.
En 2022, el entonces Ministerio de Justicia y Seguridad convocó la licitación pública 2900-0660-LPU22 para contratar el basamento operativo, mantenimiento y reparación de los helicópteros de la Policía de la Ciudad.
Helicenter resultó adjudicataria por u$s672.000 en el primer renglón, u$s792.000 en el segundo y $160,4 millones en el tercero.
La contratación tuvo una vigencia original de 24 meses, hasta enero de 2025 y durante su ejecución, la Ciudad aprobó un incremento de $250 millones para el tercer renglón.
Posteriormente prorrogó el contrato por otros 24 meses, hasta el 26 de enero de 2027, y convalidó un incremento de u$s1,464 millones para los dos primeros, además de que durante este año autorizó otros $250 millones para mantenimiento y reparaciones.
Rattazzi, por su parte, manifestó públicamente su respaldo a distintas políticas económicas de Mauricio Macri y llegó a elogiar con énfasis el levantamiento del cepo cambiario, declaraciones que acreditan una afinidad pública con el PRO.
Qué otros helipuertos se hicieron durante la gestión de Mauricio Macri
En cuanto a la relación entre Helicenter, la Ciudad y los cuestionamientos ambientales posee un antecedente durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño.
En 2009, APRA autorizó otro helipuerto de Servicios Helicenter cerca de la Reserva Ecológica Costanera Sur y recién dos años después, la Auditoría General de la Ciudad examinó las consecuencias de esa actividad y los controles oficiales.
El informe determinó que los sobrevuelos a baja altura generaban ruidos molestos, perturbaban a los animales y provocaban un impacto ambiental negativo, además de señalar que no constaban monitoreos de aire y ruido dentro de la reserva ni en los terrenos adyacentes.
El informe cuestionó que no se hubieran revisado los antecedentes de la habilitación y sostuvo que aquella autorización se contraponía a necesidades de conservación, convenios internacionales, principios de la Constitución porteña y normativa ambiental de la Ciudad.
El antecedente acredita que un organismo oficial ya había advertido sobre los efectos ambientales de los sobrevuelos realizados por una instalación de Helicenter cerca de una reserva porteña.
Por qué la Ciudad justificó el helipuerto por su utilidad pública
El nuevo terreno que ahora pretende ocupar la empresa está situado sobre la ribera del Río de la Plata, junto a la desembocadura del arroyo Medrano y cerca de una reserva de 23 hectáreas creada para conservar los ambientes naturales de la costa norte.
La Ley 4467 que creó la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria prohíbe alterar ese predio mediante impermeabilizaciones, excavaciones, rellenos, desmontes u otras intervenciones capaces de degradar su biodiversidad.
Si bien el helipuerto no está formalmente ubicado dentro del polígono protegido, su proximidad obliga a considerar los efectos indirectos del ruido, los sobrevuelos, las emisiones, el movimiento de vehículos, la impermeabilización del suelo y el almacenamiento de hidrocarburos.
En este sentido, Antolín Magallanes, ambientalista, ex Director general de Relaciones Institucionales de ACUMAR y uno de los impulsores del proyecto para crear el Parque del Arroyo Medrano, cuestionó el orden seguido por el gobierno porteño en este caso.
En una columna publicada después de la audiencia, Magallanes advirtió que “la obra ya está casi terminada y los estudios de impacto ambiental siguen un trámite inconcluso”.
El ambientalista también objetó la utilización del SAME como principal argumento oficial y, según su posición, la necesidad de mejorar un servicio de emergencias no impide evaluar otras localizaciones que eviten comprometer un sector costero de valor ambiental.
Su planteo se vincula con una propuesta alternativa destinada a recuperar la desembocadura del Medrano mediante un parque público conectado con el Parque de los Niños y la reserva de Ciudad Universitaria.
Pero más allá de estas críticas, la Ciudad ordenó a Helicenter cumplir la Ley 1540 de Contaminación Acústica e inscribirse en el registro de actividades potencialmente contaminantes por ruidos o vibraciones pero no le fijó un régimen acústico especial para el helipuerto, una red permanente de medición ni la publicación periódica de sus resultados.
Tampoco incorpora una restricción horaria concreta para los vuelos durante la etapa de funcionamiento.
La documentación técnica utilizó como referencia un promedio de cinco operaciones diarias como estimación que sirvió para evaluar los efectos del proyecto, pero que no fue incorporada como un máximo obligatorio dentro de las condiciones ambientales.
La protección de la reserva tampoco quedó expresada como una prohibición ya que APRA se limitó a “sugerir” que las trayectorias no pasen sobre la Reserva Ecológica Costanera Norte, salvo cuando resulte estrictamente necesario.
El organismo porteño tampoco analizó las consecuencias de la planta de combustible, que agrega otro factor ambiental debido a que, hasta que esa infraestructura esté terminada, Helicenter continuará utilizando cisternas móviles para abastecer a las aeronaves destinadas a las operaciones autorizadas.
APRA exigió que los hidrocarburos, lubricantes, pinturas y solventes sean almacenados en espacios delimitados, cubiertos y con superficies impermeables y ordenó colocar barreras y bateas contra derrames, preparar planes de contingencia y efectuar auditorías de hermeticidad sobre tanques y cañerías.
La compañía tendrá que inscribirse además en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos y deberá conservar los manifiestos de retiro y contratar empresas habilitadas para transportar y tratar esos materiales.
Esto muestra que el impacto potencial no se limita al ruido ya que el establecimiento manipulará combustibles y generará residuos peligrosos cerca del arroyo Medrano, del Río de la Plata y de una reserva ecológica.
Los cuestionamientos ambientales se conectan también con las diferencias detectadas en la identificación catastral y la zonificación a partir de actos administrativos que ubican al emprendimiento sobre la parcela 002 de la manzana 147, sección 027.
El mapa de ruido incorporado al expediente muestra, sin embargo, que parte del helipuerto también se extendería sobre la parcela 000.
La diferencia resulta relevante porque, según un pedido de informes tramitado en la Legislatura, la primera parcela está afectada a Urbanización Parque y la segunda corresponde a un distrito de Equipamiento Especial.
En este sentido, el Código Urbanístico reserva las Urbanizaciones Parque para espacios verdes y parquización de uso público y le permite al gobierno porteño autorizar obras de exclusiva utilidad pública siempre que complementen y no alteren ese carácter.
En este caso, la Ciudad consideró que el helipuerto cumple esa condición porque prestará apoyo al sistema de emergencias, la seguridad y el traslado de órganos.
Sin embargo, el proyecto incluye 1.000 metros cuadrados de oficinas comerciales y la autorización no limita expresamente todos los vuelos a organismos estatales.
Al respecto, la legisladora Bárbara Rossen reclamó que el Ejecutivo justifique técnica y jurídicamente la localización de un helipuerto y oficinas comerciales dentro de una Urbanización Parque.
También pidió saber si existirán vuelos privados, cuánta superficie absorbente será afectada y si se analizaron otras ubicaciones cercanas al INCUCAI o al Parque de la Innovación.
Lo hizo mediante la presentación de un pedido de informes que fue sancionado por la Legislatura el 27 de agosto pasado y, según el último movimiento publicado en el sistema parlamentario, el expediente se encontraba pendiente de comunicación al Poder Ejecutivo.