Bayer, propietario de Monsanto, anunció que va a constituir una reserva adicional de 4.500 millones de dólares para hacer frente a las posibles consecuencias de las demandas por glifosato ante la justicia de los Estados Unidos. Para anticipar una posible decisión judicial desfavorable, el grupo alemán indicó en un comunicado “contabilizar esta provisión de un importe bruto de 4.500 millones de dólares, antes de impuestos, en el segundo trimestre de 2021″. El anuncio se produce después de que un juez estadounidense rechazara en mayo el plan propuesto por Bayer para intentar limitar el coste de futuras demandas colectivas contra el productor del herbicida Round’Up, acusado de ser cancerígeno. El gigante alemán tenía previsto ahorrar hasta 2.000 millones de dólares para hacer frente a futuras demandas, una cantidad que un juez estadounidense consideró insuficiente. El caso volvió a manos de la justicia estadounidense y Bayer explica que estableció “dos escenarios básicos”. La primera hipótesis se basa en la obtención de una decisión favorable, resultado para el cual el grupo alemán considera tener “buenas oportunidades” y “argumentos sólidos”. Por otra parte, una decisión judicial desfavorable al grupo supondría que la empresa “activará su propio programa de gestión de reclamaciones”, explicó el jefe Werner Baumann en una conferencia telefónica el jueves. En este caso, la suma de 4.500 millones de dólares ya está reservada. El anuncio se produce después de que un juez estadounidense rechazara en mayo el plan propuesto por Bayer. Multas en Europa Por su parte, las autoridades francesas anunciaron el miércoles una multa de 400.000 euros (unos 475 mil dólares) a Monsanto por tener un fichero con más de 200 personas susceptibles de influir en la prohibición del herbicida glifosato. Se trata de políticos, periodistas, científicos o activistas ambientales que figuraban en la lista, en la que aparecían además datos personales suyos, según anunció en un comunicado la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL). En su decisión, la CNIL consideró que Monsanto “infringió la reglamentación” en vigor al no informar a las personas afectadas de su inclusión en el fichero y tampoco cumplió las garantías contractuales sobre la protección de datos en sus relaciones con un subcontratista.
