Greenpeace alerta por el riesgo de flexibilizar la Ley de Bosques en plena emergencia forestal

Argentina cuenta con 50 millones de hectáreas de bosques nativos distribuidas en siete ecorregiones, ecosistemas que también son el territorio de comunidades campesinas y pueblos originarios. Sin embargo, esa superficie está bajo presión por la deforestación, los incendios y los cambios en las normativas que protegen estos ambientes.

En ese contexto, Greenpeace Argentina advirtió que el país atraviesa una situación de “emergencia forestal” y alertó sobre el riesgo de modificar la Ley de Bosques. La organización planteó sus preocupaciones durante una conferencia de prensa de la que participó Economía Sustentable.

Según los datos presentados por Greenpeace, Argentina perdió más de 7 millones de hectáreas de bosques nativos entre 1998 y 2024. La superficie equivale a la extensión completa de la provincia de Formosa. Además, el 75% de la deforestación se concentró en cuatro provincias del Gran Chaco: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Por eso, la ONG creó una “república” para defender los bosques argentinos.

Por qué Greenpeace advierte sobre una posible modificación de la Ley de Bosques

Uno de los principales motivos de preocupación de la organización es la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con cambios en la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

“La Ley de Bosques está en riesgo porque el Gobierno nacional ya presentó un proyecto de modificación durante el debate de la Ley Bases. Recordemos que la primera versión de la Ley incluía modificaciones a la Ley de Bosques, la de Glaciares, la de Manejo del Fuego y la de Tierras. Era un paquete de reformas ambientales que, gracias a la presión de distintas organizaciones y de gran parte de la sociedad, se logró eliminar”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

Desde la organización también cuestionaron el financiamiento destinado a implementar la normativa. Según explicaron, la Ley de Bosques sufrió “históricamente” un desfinanciamiento y el proyecto de presupuesto 2027 por el Gobierno para este año asigna solamente un 4% de los fondos que establece la ley.

La situación afecta, entre otros aspectos, la capacidad de fiscalización de las provincias. El 30% de los recursos previstos por la normativa debe destinarse al fortalecimiento institucional, una partida que permite sostener las tareas de control y aplicación de la ley.

Giardini sostuvo que el Gobierno ya elaboró una iniciativa para modificar la normativa, aunque todavía no la presentó formalmente ante el Congreso. También señaló que la propuesta estaría vinculada con los acuerdos alcanzados en el marco del Pacto de Mayo.

Flexibilización de la Ley de Bosques

Según la interpretación de Greenpeace, la propuesta de modificación apunta a flexibilizar las condiciones para autorizar desmontes en áreas que hoy están protegidas por la Ley de Bosques.

Recordemos que la normativa establece tres categorías de conservación, identificadas con los colores de un semáforo. La roja comprende áreas de muy alto valor ambiental, que no pueden desmontarse ni transformarse; la amarilla incluye zonas de valor intermedio, donde se permiten actividades de aprovechamiento sostenible, turismo e investigación, pero no desmontes; y la verde corresponde a sectores de bajo valor de conservación, que pueden transformarse parcial o totalmente, previa autorización y evaluación de impacto ambiental.

“Básicamente, la flexibilización apunta a dos cuestiones. Por un lado, que quienes tengan bosques en zonas verdes no deban realizar todos los trámites para solicitar un desmonte. Por estar en esa categoría, tendrían prácticamente el desmonte aprobado de manera automática. Por otro lado, el 80% de los bosques que hoy están protegidos pasaría a estar protegido solamente en un 20%. ¿Por qué? Porque la modificación plantea la posibilidad de desmontar los bosques de categoría amarilla. Con esta facilidad para desmontar, la Ley de Bosques quedaría prácticamente desmantelada”, dijo Giardini.

La preocupación de Greenpeace no se limita a una eventual reforma nacional. La organización también señaló que algunas provincias avanzaron con cambios en sus propias normativas para ampliar las posibilidades de aprovechamiento productivo de los bosques nativos.

Entre los casos mencionados están Salta, Chaco, donde a pesar de una cautelar recientemente arrasaron 1.800 hectáreas de bosque nativo, y Misiones. En esta última provincia, la Cámara de Representantes aprobó el 22 de octubre una modificación de la Ley XVI N.º 105 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, impulsada por el diputado Miguel Orlando Núñez.

La reforma amplía las actividades productivas que pueden autorizarse en superficies clasificadas en las categorías II (amarilla) y III (verde), siempre que sean compatibles con la conservación del bosque y cuenten con la autorización de la autoridad de aplicación.

Entre las prácticas incorporadas se encuentran los sistemas silvopastoriles, en el marco del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI); el cultivo de yerba mate bajo monte y el enriquecimiento forestal con especies nativas. La modificación también establece un procedimiento para recuperar superficies de categoría III que tuvieron un uso productivo y actualmente se encuentran sin regeneración, con el objetivo de permitir su recuperación y eventual reincorporación a actividades productivas bajo las condiciones previstas.

Además, fija un plazo máximo de 60 días hábiles para que la autoridad de aplicación resuelva las solicitudes que cuenten con la documentación completa. De esta manera, la provincia incorpora nuevas posibilidades de aprovechamiento productivo en áreas de bosque nativo, sujetas al cumplimiento de los criterios de conservación establecidos por la normativa.

Greenpeace frenó un desmonte de 700 hectáreas en Salta

En paralelo a sus cuestionamientos sobre los cambios normativos, Greenpeace realizó una acción directa contra un desmonte en una finca ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de Orán, en Salta. Activistas de la organización bloquearon una topadora que, según denunciaron, estaba interviniendo una superficie de 700 hectáreas.

El desmonte fue detectado mediante imágenes satelitales y sobrevuelos. Los activistas se interpusieron entre la máquina y el bosque, bloquearon su funcionamiento con un cepo en las palancas de manejo y colocaron una faja de clausura con la leyenda “crimen ambiental”. También desplegaron un cartel con el mensaje: “Milei: ni con motosierra ni con topadora. La Ley de Bosques no se toca”.

“Mientras el gobierno nacional recorta los fondos de la Ley de Bosques y promueve su modificación, la deforestación avanza con la evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan muy poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde está prohibido”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el monitoreo satelital de la organización, en lo que va del año la deforestación en el norte del país superó las 73.000 hectáreas, mientras que los incendios forestales afectaron a más de 60.000 hectáreas en la Patagonia.

Los compromisos internacionales contra la deforestación

Greenpeace también vinculó la protección de los bosques con los compromisos climáticos asumidos por Argentina y con las regulaciones comerciales internacionales.

En 2021, durante la COP26 de Glasgow, el país firmó el compromiso de alcanzar la deforestación cero para 2030. Sin embargo, desde la organización consideran que la normativa actual no alcanza para cumplir con ese objetivo. También un reciente investigación periodística señaló que el país ya no llegaría a cumplir su meta de restaurar bosques nativos para 2030.

“La propia Ley de Bosques, tal como está hoy, permite deforestar legalmente en algunas zonas, por lo que ni siquiera alcanzaría para cumplir con ese compromiso. Argentina debería avanzar hacia una ley más restrictiva, en lugar de flexibilizar la normativa, como propone el Gobierno”, dijo Hernán.

Otro de los puntos señalados es el Reglamento de la Unión Europea contra la Deforestación (EUDR), cuya aplicación para las empresas está prevista para enero de 2027. La normativa busca evitar que ingresen al mercado europeo productos vinculados con la destrucción de bosques.

“La idea es que las empresas deban certificar que sus productos no generan deforestación y presentar toda la trazabilidad necesaria para demostrar que la carne, la soja, la madera y otros productos no provienen de zonas deforestadas. La normativa también alcanza a productos como la palma, el cacao y el café, aunque en el caso de Argentina los principales sectores involucrados son la carne y la soja”, aclaró Giardini.

Según explicó, algunas empresas ya comenzaron a adaptarse a las nuevas exigencias. La regulación también generó preocupación entre sectores agropecuarios, que durante los últimos años impulsaron postergaciones de su entrada en vigencia.

Desmontes y los incendios, delitos penales

Además de cuestionar el posible debilitamiento de la Ley de Bosques, Greenpeace sostiene que las herramientas actuales no alcanzan para frenar la pérdida de superficie forestal. Por eso, la organización reclama que la destrucción de bosques y los incendios forestales sean incorporados como delitos penales.

Giardini explicó que la propuesta forma parte de un reclamo que la organización sostiene desde hace más de una década y que apunta a reconocer los impactos ambientales, sociales y económicos de la deforestación.

“El valor de los bosques es enorme. Por eso, consideramos que tanto los desmontes como los incendios forestales deberían ser considerados delitos penales, para intentar reducir la destrucción y la ilegalidad. En nuestro sistema jurídico, es más delito robarse un pan para comer que destruir un bosque. Eso es un sinsentido, determinó Giardini .

Más allá de que no nos guste la idea del punitivismo, la herramienta de las multas no está sirviendo para frenar la destrucción de los bosques. Cuando son bajas, quienes desmontan las pagan y las incorporan como parte del costo de producción. Cuando son muy altas, recurren a abogados y finalmente terminan pagándolas, pero casi nunca se restaura el bosque desmontado”, concluyó Giardini.