Argentina perdió más de 73 mil hectáreas de bosques nativos en apenas nueve meses

La pérdida de bosques nativos vuelve a poner en evidencia la falta de resultados para frenar la degradación ambiental en el norte del país. El relevamiento de Greenpeace identificó desmontes en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, las cuatro provincias que concentran buena parte de la deforestación del Gran Chaco argentino, uno de los principales ecosistemas de bosques secos de Sudamérica.

Aunque las cifras no permiten determinar que la totalidad de los desmontes registrados sean ilegales, sí muestran que la presión sobre estos territorios continúa. Además, el avance de la pérdida forestal se produce en un contexto de debilitamiento del financiamiento ambiental y de iniciativas oficiales para modificar la normativa que regula la protección de los bosques.

Santiago del Estero y Salta concentran más del 75% de los desmontes

El relevamiento satelital muestra una fuerte concentración de la deforestación en dos provincias. Santiago del Estero encabeza el registro, con 35.368 hectáreas desmontadas, equivalentes al 48,3% del total. En segundo lugar aparece Salta, con 20.122 hectáreas, que representan el 27,5%.

El detalle provincial se completa con 9.339 hectáreas perdidas en Chaco (12,8%) y otras 8.395 en Formosa (11,5%).

La comparación con los datos del primer semestre también refleja que la actividad no se detuvo durante los meses de invierno. Entre enero y junio se habían contabilizado 40.862 hectáreas desmontadas. Para septiembre, la superficie acumulada llegó a 73.224 hectáreas, lo que significa que se perdieron otras 32.362 hectáreas en apenas tres meses.

La continuidad de estos desmontes representa una amenaza para la biodiversidad, la conservación de los suelos y la disponibilidad de agua. También afecta a las comunidades que dependen directamente de los bosques para desarrollar sus actividades y sostener sus formas de vida.

El Gobierno destinará apenas el 4% del piso previsto por la Ley de Bosques

La situación resulta todavía más preocupante frente al financiamiento previsto para la protección de los ecosistemas. El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional contempla una partida para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos muy inferior a los recursos que establece la legislación vigente.

La Ley 26.331, conocida como Ley de Bosques, establece en su artículo 31 los criterios para conformar este fondo. Entre ellos, dispone que debe recibir como mínimo el 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y forestales del año anterior, además de otros recursos.

Sin embargo, tomando como referencia un gasto total de 202 billones de pesos para 2027, únicamente el componente correspondiente al 0,3% debería representar al menos 606.304 millones de pesos. La partida proyectada para el fondo es de apenas 24.668 millones, equivalente a cerca del 4% de ese piso, sin contabilizar los recursos adicionales que deberían provenir de las retenciones.

Según datos publicados por Bichos de Campo, el fondo tendrá un incremento real del 29,2% respecto de 2026. No obstante, el monto continúa un 62% por debajo de lo ejecutado al comienzo de la gestión de Javier Milei.

La brecha entre los recursos establecidos por ley y los efectivamente presupuestados expone las dificultades para sostener políticas de conservación. En un escenario de pérdida acelerada de cobertura forestal, la falta de financiamiento limita las posibilidades de las provincias de controlar los desmontes, restaurar áreas degradadas y compensar a quienes conservan los bosques.

Los cambios a la Ley de Bosques podrían facilitar nuevos desmontes

A la reducción de los recursos se suma la intención del Gobierno nacional de modificar la Ley 26.331. La normativa establece tres categorías de conservación para ordenar el uso del territorio según el valor ambiental de los bosques nativos.

La categoría roja comprende los sectores de mayor valor de conservación, donde no se permiten desmontes. La amarilla incluye áreas que pueden admitir aprovechamiento sostenible, pero tampoco habilitan el cambio de uso del suelo. Por último, la categoría verde contempla sectores donde pueden autorizarse transformaciones, siempre que se cumplan los requisitos ambientales correspondientes.

La propuesta oficial plantea eliminar la obligación de obtener una autorización previa para desmontar en las zonas clasificadas como verdes y reemplazarla por un mecanismo de notificación. También busca modificar el artículo 14 para limitar la prohibición expresa de desmontar a los bosques incluidos en la categoría roja, dejando afuera a los de categoría amarilla.

Estos cambios podrían reducir las instancias de evaluación y control sobre las intervenciones en los bosques nativos. En particular, reemplazar una autorización previa por una simple notificación supone un cambio relevante en la capacidad del Estado para supervisar las actividades antes de que se produzcan daños ambientales.

El avance de esta iniciativa genera preocupación porque se combina con una situación de deforestación persistente y un financiamiento que permanece muy por debajo de los mínimos establecidos por la propia legislación.

Argentina, además, asumió compromisos internacionales para frenar esta tendencia. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Glasgow, realizada en 2021, el país acompañó el compromiso global de detener y revertir la pérdida de bosques para 2030.

Sin embargo, los datos relevados por Greenpeace muestran que el país todavía está lejos de cumplir ese objetivo. La deforestación no solo implica la desaparición de árboles, sino también la destrucción de hábitats, la alteración de los ciclos hídricos, la degradación de los suelos y una mayor vulnerabilidad de las comunidades que habitan estos territorios.