El Gobierno prohibió juguetes infantiles importados por contener químicos por encima del límite permitido
El Gobierno prohibió la venta de juguetes virales importados de China tras detectar ftalato de dioctilo en concentraciones superiores a las permitidas.
El Gobierno nacional prohibió la comercialización en la Argentina de determinados juguetes infantiles tóxicos importados de China, después de que análisis de laboratorio detectaran concentraciones de una sustancia química superiores a los límites permitidos. La medida alcanza a productos de la marca Pinch Family, conocidos como Squishy o Squeezy, que se venden en distintos modelos y presentaciones.
La decisión quedó establecida mediante la Disposición 804/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, organismo dependiente del Ministerio de Economía. La norma, firmada por el subsecretario Fernando Martín Blanco Muiño, fue publicada en el Boletín Oficial el miércoles 14 de octubre último.

Según los antecedentes incluidos en la disposición, las autoridades recibieron denuncias e información sobre juguetes importados que podrían contener ftalatos en concentraciones superiores a las autorizadas. A partir de esos datos, se analizaron muestras del producto Squeezy Pinch Family y se confirmó que el material examinado no cumplía con los parámetros químicos exigidos por las normas de seguridad.
El resultado de los ensayos motivó la intervención de las autoridades nacionales, que dispusieron restricciones para los artículos alcanzados. Además, la norma establece obligaciones para importadores, distribuidores y comerciantes que tengan unidades disponibles para la venta. La medida apunta a impedir que esos juguetes sigan circulando mientras no acrediten el cumplimiento de los requisitos correspondientes.
Cuáles son los juguetes que el Gobierno prohibió vender en Argentina
La disposición comprende determinados juguetes infantiles comercializados bajo la marca Pinch Family, procedentes de China y fabricados con un polímero plástico blando. Son figuras flexibles que pueden apretarse y deformarse con las manos, una característica que explica por qué suelen venderse como juguetes sensoriales o antiestrés.
Los productos se conocen como Squishy o Squeezy y se ofrecen en diferentes formas, tamaños y presentaciones. Algunos están diseñados para que los chicos los manipulen repetidamente, los compriman y observen cómo recuperan su forma. Se venden tanto en locales físicos como por internet, a través de plataformas de comercio electrónico y redes sociales.
Sin embargo, hay otro aspecto que aparece en los antecedentes del caso: los artículos analizados, por lo general, no cuentan con información o advertencias en español. La falta de estos datos dificulta que las familias conozcan con precisión las condiciones de uso y las precauciones que deben tener en cuenta.
La prohibición alcanza a los productos identificados en la disposición que no cuenten con certificaciones vigentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos químicos y técnicos correspondientes. Por eso, no implica que todos los juguetes blandos, sensoriales o antiestrés disponibles en el mercado argentino estén prohibidos.
La diferencia es importante al momento de comprar. Que un juguete tenga una textura similar o pueda apretarse con las manos no significa que esté incluido automáticamente en la medida. La restricción se aplica a los artículos comprendidos en la normativa que no acrediten el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas.
Qué sustancia química encontraron en los juguetes infantiles
La investigación se apoyó en un informe del laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación. Los especialistas analizaron muestras del producto Squeezy Pinch Family para comprobar si el material cumplía con los parámetros establecidos por la Resolución 583/2008 del Ministerio de Salud.
Los ensayos detectaron bis(2-etilhexil) ftalato, conocido como DEHP. Este compuesto químico se utiliza como plastificante para aportar flexibilidad a determinados materiales plásticos. En otras palabras, permite que ciertos materiales sean más blandos y puedan deformarse sin romperse con facilidad.

La CAIJ explicó que “el análisis se realizó mediante cromatografía líquida de alta resolución, una técnica conocida por su sigla en inglés HPLC, que permite identificar y medir sustancias presentes en una muestra”. En ese sentido, destacaron que “los resultados incorporados al expediente indicaron que la concentración del compuesto superaba el 0,2% en el material examinado”.
“El límite máximo permitido por la normativa citada es del 0,1%. Esto significa que la cantidad detectada fue superior al doble del valor admitido para los productos alcanzados por esa regulación. La diferencia entre ambos porcentajes fue uno de los elementos que fundamentaron la intervención oficial”, detalló la CAIJ.
Los ftalatos se utilizan en la fabricación de determinados plásticos y otros materiales. No obstante, algunos compuestos de esta familia, entre ellos el DEHP, están sujetos a restricciones debido a sus posibles efectos sobre la salud. La preocupación se relaciona con la exposición a estas sustancias y con sus potenciales consecuencias, especialmente durante etapas sensibles del desarrollo.
En este caso, el Gobierno fundamentó la prohibición en el incumplimiento de los límites químicos establecidos y en la necesidad de prevenir posibles riesgos para los consumidores. La disposición no informa casos concretos de niños afectados por el uso de estos juguetes ni confirma que se hayan registrado lesiones vinculadas con ellos.
La medida, por lo tanto, se apoya en los resultados de laboratorio y en la falta de cumplimiento de los requisitos obligatorios. No hace falta que se haya denunciado un caso de intoxicación para que las autoridades intervengan: cuando un producto no supera los controles exigidos, pueden adoptarse medidas para evitar que continúe a la venta.
Qué deben hacer los comercios con los juguetes prohibidos
La Disposición 804/2026 establece obligaciones para los distintos actores que participan en la comercialización de los juguetes alcanzados. El artículo 2 dispone que los importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas y minoristas deberán destruir y desechar de manera segura e inmediata las unidades incluidas en la prohibición.
La exigencia alcanza al stock disponible, es decir, a los productos que los comercios tengan almacenados o preparados para vender. No alcanza con retirarlos de las estanterías o dejar de publicarlos en una tienda online: la norma establece que la mercadería debe eliminarse de manera segura.
El procedimiento deberá ajustarse a las normas vigentes para el tratamiento y la disposición de residuos. De este modo, se busca evitar que las unidades retiradas vuelvan a circular por otros canales comerciales o terminen nuevamente a disposición de los consumidores.
Además, la disposición contempla la obligación de informar públicamente sobre la medida dentro del plazo establecido. Esta exigencia apunta a dar a conocer la restricción y a que los responsables de la comercialización adopten las acciones correspondientes.
Las obligaciones alcanzan tanto a los negocios físicos como a quienes venden juguetes por internet. En estos últimos casos, el cumplimiento también implica revisar las publicaciones y evitar que los productos incluidos en la prohibición continúen ofreciéndose en plataformas digitales.
La decisión se enmarca en las facultades de fiscalización del Estado nacional sobre los artículos que se comercializan en el país. Cuando los análisis determinan que un producto incumple los requisitos técnicos o químicos exigidos, las autoridades pueden intervenir para impedir su venta y reducir la exposición de los consumidores.
Qué es el DEHP y cuáles son sus efectos
El bis(2-etilhexil) ftalato (DEHP) es un compuesto químico sintético utilizado principalmente como plastificante para dar flexibilidad a plásticos como el PVC. Está catalogado internacionalmente como un disruptor endocrino y una sustancia altamente tóxica para la salud humana. Los principales daños que provoca en la salud se dividen en las siguientes áreas:
1. Daños en el Sistema Reproductivo y Desarrollo
Es el efecto más documentado debido a su capacidad para alterar el sistema hormonal (disrupción endocrina).
- En hombres: Provoca la disminución de los niveles de testosterona, reduce la cantidad y movilidad de los espermatozoides, genera daños en el ADN espermático e infertilidad.
- Durante el embarazo y la infancia: La exposición crónica afecta negativamente el desarrollo fetal. Se asocia con partos prematuros, alteraciones en la maduración de los órganos reproductivos de los hijos y pubertad precoz.
2. Capacidad Carcinógena (Riesgo de Cáncer)
Diferentes agencias internacionales de salud pública evalúan su potencial para causar cáncer:
- El DHHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.) lo clasifica como razonablemente carcinógeno.
- La EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.) lo considera un probable carcinógeno humano.
- La IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) lo sitúa como posible carcinógeno. En estudios con animales ha demostrado causar cáncer hepático (hígado), de páncreas y de testículos.
3. Trastornos Metabólicos
La exposición continuada a esta sustancia interfiere con los procesos metabólicos del cuerpo, lo que incrementa significativamente el riesgo de padecer:
- Obesidad y aumento de la adiposidad.
- Resistencia a la insulina y desarrollo de Diabetes Tipo 2.
4. Toxicidad Orgánica (Hígado y Riñones)
Al ser procesado por el cuerpo, el DEHP daña de forma sistémica los órganos encargados de filtrar las toxinas, principalmente afectando las funciones del hígado (daño hepático) y de los riñones (daño renal).
El médico toxicólogo Diego Almirón explicó a Economía Sustentable que “los ftalatos suelen denominarse químicos omnipresentes debido a su presencia en numerosos productos de consumo”.
“Son fundamentales en la flexibilidad de juguetes infantiles, material artístico, recipientes para almacenar alimentos, suelos de vinilo, cortinas de ducha, mangueras de jardín, dispositivos médicos y muchos otros artículos. Así también ayudan a lubricar compuestos y transportar fragancias en desodorantes, esmaltes de uñas, perfumes, geles, aerosoles o champús para el cabello, jabones y lociones corporales. Son clave además en el plástico de envoltura tipo film usado en el envasado de alimentos”, indicó el toxicólogo.
En diálogo con Economía Sustentable, Almirón remarcó que “el ftalato de dioctilo es perjudicial para la salud humana y puede causar graves problemas, como alteraciones hormonales, problemas reproductivos y posible cáncer. Esta sustancia química, presente comúnmente en plásticos y dispositivos médicos, se ha relacionado con problemas de desarrollo infantil y de fertilidad en adultos”.
“Además, está clasificado como ‘posiblemente carcinógeno para los seres humanos’ (Grupo 2B) por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC). Esto significa que existen pruebas limitadas de carcinogenicidad en seres humanos, pero suficientes en animales de laboratorio”, indicó Almirón.
El antecedente del Squeezy Dumpling y la alerta por benceno
La prohibición de los juguetes Pinch Family se suma a otra intervención sobre productos antiestrés importados que comenzó meses antes. En julio de 2026, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial inició un procedimiento para retirar del mercado el juguete conocido como Squeezy Dumpling, luego de una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.
En ese caso, la entidad advirtió sobre la presencia de benceno en concentraciones superiores a los límites permitidos por las normas de seguridad. La denuncia dio lugar a actuaciones administrativas para evaluar las condiciones del producto y su comercialización en la Argentina.
El Squeezy Dumpling es un juguete sensorial con forma de empanada asiática que se comercializa dentro de una pequeña vaporera de plástico. Está fabricado con un polímero flexible y diseñado para ser apretado repetidamente. Su circulación en redes sociales contribuyó a que ganara presencia entre niños y adolescentes, además de llegar a comercios físicos y plataformas de venta.
Según la información difundida por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, el producto estaba disponible en locales del barrio porteño de Once y en otros puntos del país. También se habían detectado unidades ofrecidas a través de plataformas de comercio electrónico.
Aunque ambos casos involucran juguetes blandos que se comercializan como productos sensoriales o antiestrés, las investigaciones corresponden a actuaciones diferentes y se relacionan con sustancias químicas distintas. En el caso del Squeezy Dumpling, la denuncia estuvo vinculada con el benceno; en los juguetes Pinch Family, los análisis detectaron una concentración de DEHP superior al límite permitido.
Cómo verificar si un juguete cumple con las normas de seguridad
En el marco de la denuncia, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete recordó cuáles son los elementos que deben figurar en el envase de un juguete para cumplir con la normativa nacional.
Según explicó Matías Furió, titular de la entidad, “los consumidores deben comprobar que el producto incluya los datos del importador responsable, como el nombre o razón social y el CUIT correspondiente. También debe incorporar todas las advertencias de seguridad redactadas en idioma castellano”.
Otro requisito obligatorio es la presencia del Marcado de Conformidad, identificado mediante un código QR acompañado por las siglas AR y dos tildes, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de productos.
“Recomendamos fijarse en tres elementos concretos, que son obligatorios por normativa argentina: primero, el marcado de conformidad —un código QR que incluye las siglas ‘AR’ y dos tildes—, que certifica que el producto pasó los controles de seguridad correspondientes. Segundo, los datos del importador responsable en el país: razón social, CUIT y domicilio en Argentina. Y tercero, que las leyendas de advertencia —edad recomendada, riesgos, cuidados— estén en castellano”, remarcó Furió en declaraciones a Economía Sustentable.
Además, Furió enfatizó que “si al producto le falta alguno de estos tres elementos, es una señal de alerta clara, y la recomendación general es priorizar la compra en jugueterías reconocidas, con trazabilidad real sobre lo que venden, por sobre ferias o perfiles de redes sociales sin ningún respaldo. Además, en https://observatorio.caij.org.ar/ cualquier familia puede consultar los productos ya detectados como no conformes”.
La ausencia de cualquiera de esos elementos constituye un incumplimiento de la normativa y dificulta la identificación del responsable en caso de que se produzca un incidente relacionado con el uso del juguete.
La prohibición obliga a los responsables de la cadena comercial a retirar y desechar de manera segura el stock alcanzado. Al mismo tiempo, permite a los consumidores identificar los productos incluidos en la disposición y distinguirlos de otros juguetes blandos que no estén comprendidos en ella.















