El fracking de Vaca Muerta avanza mientras crecen las denuncias por daños a la salud

En Allen, Río Negro, las familias de la calle Ciega 10 conviven desde hace años con un pozo de extracción de hidrocarburos ubicado a pocos metros de sus viviendas. Los vecinos denuncian casos de cáncer, problemas respiratorios y cutáneos, malformaciones congénitas, abortos espontáneos y muertes fetales que, según sus testimonios, comenzaron después de la instalación de la infraestructura petrolera.

La zona se encuentra en el extremo oriental de Vaca Muerta, uno de los principales polos de producción de petróleo y gas no convencional del país. Allí, el desarrollo de la fracturación hidráulica, conocida como fracking, transformó la economía regional y se convirtió en una pieza central de la estrategia energética nacional. Sin embargo, las comunidades cercanas advierten que los beneficios económicos conviven con riesgos ambientales y sanitarios que todavía no cuentan con suficiente investigación.

“Hubo casos de cáncer, y varias mujeres tuvieron que mudarse porque no podían llevar sus embarazos a término. Perdían a sus bebés constantemente. Algunos nacieron con enfermedades o murieron poco después del nacimiento”, dice Roxana Valverde, quien vivió en la zona durante casi 30 años. “Antes del pozo, no padecíamos estas enfermedades, o si las padecíamos, eran mucho menos frecuentes”.

Valverde sostiene que, durante las consultas médicas, algunos profesionales mencionaron la posible relación entre los problemas de salud y la contaminación derivada del fracking. Sin embargo, reconoce que no existen estudios exhaustivos que permitan establecer esa conexión con certeza.

La distinción es central. Los testimonios reflejan una preocupación sostenida por las comunidades, pero determinar si las enfermedades están relacionadas con la actividad hidrocarburífera requiere investigaciones que analicen la exposición a sustancias contaminantes, los antecedentes sanitarios y otros factores que pueden influir en la salud.

La situación de Allen no es un caso aislado dentro de las denuncias que se acumulan en la región. Comunidades mapuches de Neuquén también reportan problemas respiratorios, afecciones cutáneas y complicaciones durante los embarazos. A esto se suman los cuestionamientos por la gestión de los residuos petroleros y la presión que la expansión de la infraestructura ejerce sobre los territorios.

Desde 2012, la explotación de Vaca Muerta se expandió mediante una técnica que utiliza agua, arena y productos químicos inyectados a alta presión para fracturar las rocas y liberar los hidrocarburos. El crecimiento de la actividad consolidó a la formación como un activo estratégico para el país, pero también multiplicó los desafíos relacionados con la gestión del agua, las emisiones, los residuos y la protección de las poblaciones cercanas.

Vaca Muerta crece con las exportaciones mientras las comunidades denuncian contaminación

El desarrollo de los hidrocarburos no convencionales ocupa un lugar cada vez más importante en la economía argentina. El Gobierno de Javier Milei apuesta a ampliar la producción y las exportaciones de petróleo y gas para generar divisas, atraer inversiones y fortalecer el sector energético.

A fines de 2025, Argentina alcanzó un récord histórico de producción de petróleo. El crudo también desplazó a la harina de soja como principal producto de exportación del país, en un contexto de expansión de la actividad en Vaca Muerta y de interés de empresas extranjeras por aumentar el suministro de hidrocarburos.

Según un informe del Observatorio Petrolero Sur (OpSur), YPF controla el 33% de la producción de gas no convencional y el 39% del petróleo no convencional extraídos en Vaca Muerta. El resto corresponde a otras compañías, entre ellas la estadounidense Chevron, la francesa TotalEnergies y la británica Shell.

El peso económico de estas operaciones contrasta con las denuncias de quienes viven cerca de los pozos. En la calle Ciega 10, donde residen unas 20 familias, los vecinos aseguran que la actividad de extracción afectó su vida cotidiana y manifiestan preocupación por posibles episodios de contaminación del agua que utilizan para consumo.

Según sus testimonios, el pozo dejó de operar en 2019 y retomó la actividad en mayo del año al que se refiere la investigación original. Los habitantes también sostienen que intentaron presentar denuncias en distintas oportunidades, sin obtener respuestas judiciales satisfactorias.

Entre los casos relatados se encuentra el de Analía Celeste Saldías, cuya familia atravesó distintos problemas de salud. Su hijo Joel nació en 2020 con una grave malformación congénita que requirió una intervención quirúrgica. En 2019, su hija mayor, Michelle, sufrió lesiones cutáneas dolorosas en la espalda, los brazos y el torso. Durante otro embarazo, en 2023, Saldías también experimentó complicaciones de salud.

Estos antecedentes forman parte de los testimonios de las familias afectadas, pero no constituyen por sí mismos una demostración de que el fracking haya causado las enfermedades. Para establecer responsabilidades y diseñar medidas de prevención, es necesario contar con estudios independientes, controles ambientales y registros sanitarios que permitan comparar la situación de las comunidades expuestas con la de otras poblaciones.

La preocupación también alcanza a las comunidades indígenas. Lef y Jorge Nawel, integrantes de la Confederación Mapuche de Neuquén, denuncian problemas respiratorios y del sistema nervioso, especialmente entre los niños, además de pérdidas de embarazos en comunidades cercanas a las áreas de explotación.

En Añelo, uno de los principales centros operativos de Vaca Muerta, Lorena Bravo Maripe, referente de la comunidad mapuche Campo Maripe, también reportó casos de cáncer y afecciones respiratorias y cutáneas.

“Esta es una industria contaminante y, en lugar de controlarla, el Estado está completamente ausente”, afirma. También señala que la comunidad cría ganado y que sus integrantes observaron animales que nacen con malformaciones o presentan complicaciones durante el parto.

Las denuncias plantean interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización y la capacidad del Estado para identificar posibles impactos antes de que se conviertan en problemas de mayor alcance. También exponen una desigualdad en la distribución de los costos del desarrollo energético: mientras los ingresos y las inversiones se contabilizan a escala nacional, las comunidades cercanas afrontan las consecuencias cotidianas de convivir con la infraestructura industrial.

Silvia Ávila, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue, sostiene que las autoridades deben reforzar la vigilancia sanitaria y garantizar que la población conozca los resultados de los controles.

“Toda la población, incluidos los trabajadores sanitarios, debería estar informada sobre las políticas públicas y la vigilancia que llevan a cabo el Estado y las empresas en relación con la salud de las personas, pero no lo estamos”, afirma.

La falta de información también dificulta que los equipos médicos puedan reconocer patrones de enfermedad y evaluar si existe una mayor incidencia de determinados problemas de salud en las zonas cercanas a la explotación. Sin registros accesibles y estudios sostenidos en el tiempo, las autoridades cuentan con menos herramientas para determinar la magnitud de los riesgos.

Los residuos petroleros agravan la crisis ambiental y sanitaria en Neuquén

Los problemas asociados a Vaca Muerta no se limitan a los pozos de extracción. La región también enfrenta cuestionamientos por la acumulación y el tratamiento de residuos provenientes de la actividad hidrocarburífera, una cuestión que quedó expuesta en la causa judicial contra la empresa Comarsa.

La compañía está acusada de almacenar, en lugar de tratar y eliminar adecuadamente, más de 300.000 metros cúbicos de residuos petroleros. Los materiales permanecen en un predio de Neuquén capital, cerca de zonas habitadas, y su gestión es objeto de una investigación judicial.

El fiscal Maximiliano Breide Obeid, responsable de la unidad de delitos ambientales y leyes especiales de Neuquén, advirtió sobre la proximidad entre el vertedero y las viviendas.

“Hemos comprobado que las viviendas más cercanas se encuentran a tan solo 200 metros de los residuos tóxicos”, afirma. “Creemos que existe un peligro inmediato para la salud de las personas y que habrá un peligro futuro si no se resuelve la situación”.

Entre las pruebas incorporadas a la investigación figura un informe del cuerpo médico forense que analiza los posibles efectos de la exposición a los residuos acumulados. Según ese documento, el contacto con materiales que pueden contaminar el suelo, el agua y el aire representa un riesgo para la salud, con posibles afecciones respiratorias, cutáneas, neurológicas, digestivas y renales, además de cáncer y abortos espontáneos.

Los análisis mencionados en la causa identificaron metales pesados como bario, cadmio, plomo, cobre, mercurio y arsénico. La fiscalía sostiene que la empresa almacenó residuos en la superficie y bajo tierra sin sellar adecuadamente el suelo, con el consiguiente riesgo de contaminación.

La investigación deberá determinar las responsabilidades correspondientes, pero el caso expone una dificultad estructural del desarrollo hidrocarburífero: el aumento de la producción genera también un volumen creciente de materiales que requieren tratamiento y disposición segura.

A los residuos se suman el tránsito de camiones, las emisiones y otros impactos derivados de la actividad industrial. En conjunto, estas presiones exigen controles que no se limiten a los niveles de producción o al cumplimiento de las metas de exportación, sino que contemplen la protección de las poblaciones y los ecosistemas.

Alan Rocha Varsanyi, investigador de OpSur, advierte sobre la falta de información científica para dimensionar las consecuencias sanitarias de la explotación.

“Es muy posible que ya estemos pagando las consecuencias sanitarias de esto, pero carecemos de las herramientas para determinar si es así y en qué medida”, afirma.

El reclamo de las comunidades apunta a una necesidad concreta: que el crecimiento energético esté acompañado por estudios médicos independientes, monitoreo ambiental permanente y publicación de los resultados. Sin esas herramientas, las denuncias se acumulan sin que sea posible establecer con precisión la relación entre las actividades industriales y los problemas de salud reportados.

Fuente: con información de The Guardian