Empresa química BASF lanzará nueva soja transgénica en Argentina y crece la polémica por uso de herbicidas tóxicos

Argentina acaba de habilitar una nueva generación de soja transgénica diseñada para resistir no uno, sino cuatro grupos diferentes de herbicidas. La decisión fue presentada por el Gobierno como una autorización comercial sustentada en evaluaciones de bioseguridad, inocuidad alimentaria y conveniencia productiva.

Sin embargo, detrás de la compleja denominación técnica del evento aprobado se esconde una discusión mucho más amplia que excede a una semilla, a una empresa y hasta al cultivo de soja.

El interrogante pasa por si la respuesta a las malezas que ya no mueren con glifosato consiste en sumar nuevas tolerancias genéticas y ampliar el menú de agroquímicos o el propio modelo está entrando en una carrera tecnológica que exige cada vez más productos para sostener su eficacia.

Esta discusión fue abierta a partir de la Resolución 113/2026, publicada el pasado 16 de julio en el Boletín Oficial por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La norma autorizó a BASF Agricultural Solutions Argentina a comercializar para todo uso el evento acumulado de soja denominado BCS-GM151-6 x DAS-81419-2 x DAS-444Ø6-6.

La habilitación comprende la semilla, sus productos y subproductos, la progenie derivada de sus cruzamientos con soja no modificada genéticamente y su utilización con fines agrícolas, industriales, alimentarios y comerciales. La Resolución 113/2026 se apoya exclusivamente en los criterios establecidos por la normativa argentina para autorizar organismos genéticamente modificados.

Analiza la bioseguridad del evento, su inocuidad alimentaria y su impacto sobre la producción y el comercio pero no evalúa cómo evolucionará el patrón de utilización de herbicidas una vez que la tecnología llegue masivamente a los campos.
Tampoco modifica las normas provinciales o municipales que regulan las aplicaciones terrestres o aéreas.

Es decir, la autorización habilita una nueva herramienta tecnológica pero el modo en que esa herramienta será utilizada dependerá de decisiones productivas, controles estatales y prácticas agronómicas que exceden el alcance de esta resolución. Ese punto probablemente sea el más importante porque el verdadero impacto ambiental de una tecnología no depende únicamente de la genética de una semilla.

También está determinado por la forma en que millones de hectáreas terminan utilizándola campaña tras campaña. Y es justamente allí donde el debate sobre la sustentabilidad del modelo agrícola argentino continúa completamente abierto.

En concreto, la soja aprobada fue desarrollada para tolerar herbicidas inhibidores de la enzima HPPD, glifosato, glufosinato de amonio y 2,4-D. A la vez, incorpora protección contra el nematodo del quiste de la soja y frente a determinadas especies de insectos lepidópteros.

En términos productivos, la acumulación permite reunir en una sola semilla distintas herramientas para enfrentar algunos de los principales problemas del cultivo. En términos ambientales, coloca otra vez bajo la lupa la expansión de tecnologías diseñadas para convivir con aplicaciones múltiples de productos químicos.

Una decisión que marca el rumbo oficial

Más allá del debate ambiental, la Resolución 113/2026 deja en claro cuál es el camino que el Gobierno pretende seguir en materia de bioeconomía. La autorización comercial otorgada a BASF confirma que la política oficial apuesta por acelerar la incorporación de nuevas tecnologías agrícolas siempre que superen las evaluaciones de bioseguridad, inocuidad alimentaria e impacto comercial previstas por la normativa.

Ese enfoque busca preservar la competitividad de uno de los complejos exportadores más importantes del país en un contexto de creciente competencia internacional.
Brasil, Estados Unidos y otros grandes productores avanzan cada año con nuevos eventos biotecnológicos, variedades adaptadas al cambio climático y desarrollos destinados a mejorar rendimientos y reducir pérdidas.

La Argentina no quiere quedar rezagada, aunque esa estrategia también enfrenta un desafío cada vez más complejo si se tiene en cuenta que la sustentabilidad ya no se mide únicamente por la productividad o el ingreso de divisas.

Los mercados internacionales, los consumidores y buena parte de los inversores comienzan a exigir información sobre huella de carbono, conservación de biodiversidad, trazabilidad, uso responsable de agroquímicos y protección de los recursos naturales. En otras palabras, producir más ya no alcanza ya que también será necesario demostrar cómo se produce.

Una semilla preparada para resistir

El primer artículo de la resolución a la que tuvo acceso economíasustentable.com, define el alcance de la autorización y constituye, al mismo tiempo, el núcleo de la controversia.

En este sentido, el Gobierno habilitó la comercialización de una soja que “expresa tolerancia a herbicidas inhibidores de la enzima HPPD, glifosato, glufosinato de amonio y 2,4-D” y que, además, “brinda protección frente al ataque del nematodo del quiste de la soja y a ciertos insectos lepidópteros”.

La frase técnica resume el cambio que atravesó el negocio de la biotecnología agrícola durante las últimas décadas a partir de las primeras generaciones de soja modificada genéticamente que se apoyaron fundamentalmente en la tolerancia al glifosato.

Esa tecnología simplificó el control de malezas, favoreció la expansión de la siembra directa y redujo la necesidad de realizar tareas mecánicas sobre el suelo. Pero el uso repetido del mismo principio activo generó una fuerte presión de selección ya que algunas malezas sobrevivieron, se reprodujeron y comenzaron a expandirse sobre zonas productivas cada vez más amplias.

Los expertos en el tema explican que el problema no implica que una planta se vuelva resistente después de recibir una aplicación ya que ese poder se desarrolla a escala poblacional y con ejemplares con características que les permiten sobrevivir y transmiten esa capacidad y terminan desplazando a los más sensibles. Con el paso del tiempo, el glifosato perdió eficacia sobre distintas especies y los productores comenzaron a combinarlo con otros productos.

En ese sentido, la industria respondió desarrollando eventos acumulados o “apilados”, que incorporan distintas características genéticas en una misma semilla con el objetivo de permitir que el cultivo sobreviva a varias alternativas químicas y ampliar así las opciones de control.

La soja de BASF, una nueva etapa

El lanzamiento del nuevo producto ya no marca sólo una planta tolerante al herbicida que simbolizó la transformación agrícola de los años noventa sino que representa una plataforma genética preparada para atravesar tratamientos con cuatro mecanismos o principios activos diferentes.

Para las compañías, esa versatilidad constituye una herramienta frente al avance de malezas difíciles mientras que para sus críticos, es la evidencia de un sistema que intenta resolver con nuevas moléculas y nuevas modificaciones genéticas los problemas generados por la utilización intensiva y repetida de las tecnologías anteriores.

En el medio de ambas posturas, el Gobierno avaló la bioseguridad, pero introdujo una advertencia que parte de una autorización que no surgió de una única evaluación.

Según la resolución, el expediente atravesó el análisis de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, conocida como Conabia; del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; de las áreas de mercados de Agricultura y de la Dirección Nacional de Bioeconomía. Conabia concluyó que la acumulación de eventos no presenta riesgos nuevos o incrementados en comparación con otras sojas disponibles comercialmente.

El documento incorporado a la norma sostiene que “esta soja GM no presenta nuevos riesgos o riesgos incrementados respecto del cultivo de otras sojas” y afirma que su liberación al agroecosistema es “tan segura como la de cualquier soja comercial”. Sin embargo, el propio dictamen agregó una aclaración que resulta central para analizar la decisión desde una perspectiva ambiental.

La conclusión favorable sobre bioseguridad fue formulada “sin perjuicio del cumplimiento de normativas y del buen manejo de la tecnología para la prevención de resistencia en las malezas blanco de los herbicidas vinculados a la tolerancia conferida”.

Ese párrafo reconoce que la seguridad del evento genético y la sustentabilidad de su utilización no son exactamente el mismo asunto.Es decir, una semilla puede superar la evaluación de bioseguridad y no presentar riesgos adicionales por su modificación genética.

Pero el modo en que se empleen los herbicidas asociados, la frecuencia de las aplicaciones, las dosis, las combinaciones y las prácticas agronómicas condicionarán sus efectos reales sobre el ambiente.

Por lo tanto, la norma oficial no niega el problema de las resistencias sino que, por el contrario, lo incorpora como una condición que deberá ser gestionada. La diferencia está en quién asume esa tarea, cómo será controlada y qué ocurrirá si el uso de la tecnología reproduce el mismo proceso que obligó a abandonar la dependencia casi exclusiva del glifosato.

Un lanzamiento apto para consumo

El segundo eje evaluado por las autoridades nacionales fue la inocuidad alimentaria, punto en el cual el Senasa concluyó que la soja portadora de los eventos acumulados, sus combinaciones intermedias y los cruzamientos con variedades convencionales es “tan segura y no menos nutritiva que su contraparte convencional y otras variedades comerciales”.

En consecuencia, el organismo la consideró apta para consumo humano y animal asegurando que esa conclusión partió de una evaluación que fue realizada bajo criterios científicos y lineamientos internacionalmente aceptados, entre ellos las directrices del Codex Alimentarius para alimentos obtenidos de plantas con ADN recombinante.

Este punto es importante porque permite separar dos discusiones que con frecuencia aparecen mezcladas como las de la seguridad alimentaria del cultivo genéticamente modificado y la del impacto ambiental y sanitario de los herbicidas que se aplican durante su producción.

En este sentido, la resolución sostiene que la composición y las características de la soja aprobada no presentan diferencias que la vuelvan menos segura o nutritiva que una variedad convencional.

Pero la conclusión no resuelve por sí sola el debate sobre si la exposición a agroquímicos deriva de aplicaciones, contaminación de cursos de agua, afectación de organismos no objetivo o posibles impactos sobre poblaciones ubicadas cerca de áreas agrícolas.

Un modelo productivo cuestionado

La decisión del gobierno nacional que favorece a BASF llega en un momento de fuerte peso económico de la soja para la Argentina. Durante la campaña 2025/2026, la producción nacional superó los 49 millones de toneladas, dentro de una cosecha total de granos que alcanzó niveles récord por encima de los 163 millones de toneladas, según cifras oficiales.

Los datos muestra cómo la soja y sus derivados conforman uno de los pilares del comercio exterior en un país que exporta poroto, harina, aceite, pellets, biodiésel y otros subproductos a decenas de destinos.

En los últimos años, China, Vietnam e India se ubicaron entre los principales compradores por volumen, mientras que el complejo industrial del Gran Rosario consolidó a la Argentina como uno de los actores más importantes del procesamiento mundial de oleaginosas.

De hecho, en el 2025, las exportaciones agroindustriales argentinas alcanzaron un récord de 115,41 millones de toneladas y generaron ingresos por u$s52.337 millones.
El volumen creció un 12% y el valor un 9% frente al año anterior, de acuerdo con datos difundidos por la propia Secretaría de Agricultura.

En ese contexto, la autorización otorgada a BASF tiene una doble dimensión ya que, por un lado, permite ampliar la oferta tecnológica para una producción que genera divisas, actividad industrial, empleo y recaudación y por otro, abre una nueva oportunidad comercial para BASF dentro de un mercado en el que la venta de semillas, eventos biotecnológicos, licencias, tratamientos y productos fitosanitarios forma parte de un mismo ecosistema de negocios.

La semilla como puerta de entrada

Alrededor del nuevo producto BASF tiene la posibilidad de generar un paquete de negocios que puede incluir herbicidas, insecticidas, fungicidas, inoculantes, tratamientos profesionales, asesoramiento técnico, sistemas digitales y mecanismos de captura de valor por propiedad intelectual.

Por eso, la autorización que logró la empresa no es únicamente una decisión científica o regulatoria sino que también es una decisión económica que fortalece la posición de una multinacional en uno de los mercados de soja más relevantes del planeta.

De todos modos, la habilitación comercial no significa que las nuevas variedades puedan ingresar de inmediato y sin condiciones al mercado. Antes de inscribirlas en el Registro Nacional de Cultivares del Instituto Nacional de Semillas, BASF deberá presentar un Plan de Manejo de Resistencia de Insectos. Ese documento tendrá que ser evaluado favorablemente por la Coordinación de Innovación y Biotecnología y por Conabia.

La exigencia busca evitar que el uso extensivo de la tecnología termine reduciendo su eficacia ya que cuando un cultivo incorpora una protección específica contra insectos, la presión de selección puede favorecer la supervivencia de individuos resistentes. Si no se aplican medidas de manejo, como refugios y rotaciones adecuadas, el problema puede expandirse y volver ineficiente la herramienta.

Por eso, la resolución también obliga a BASF a informar de manera inmediata cualquier nueva evidencia científico-técnica que pudiera modificar las conclusiones utilizadas para aprobar el evento. Además, establece que la autorización podrá quedar sin efecto si aparecen datos que invaliden los dictámenes de bioseguridad, inocuidad o impacto productivo.

El glifosato vuelve al centro de la escena

La presencia del glifosato entre las cuatro tolerancias autorizadas reactiva un debate que atraviesa a la agricultura mundial desde hace años. El producto comenzó a utilizarse comercialmente en la década de 1970 y se convirtió en uno de los herbicidas más empleados del planeta. La expansión de los cultivos transgénicos tolerantes multiplicó su utilización en países como la Argentina, Brasil y Estados Unidos.

Para el sector productivo, fue una herramienta decisiva que permitió controlar un amplio espectro de malezas con un producto de aplicación relativamente simple y facilitó el avance de la siembra directa, una práctica que reduce la remoción del suelo, limita la erosión y ayuda a conservar humedad.

Pero para las organizaciones ambientales y comunidades rurales, en cambio, la masificación del glifosato quedó asociada a un aumento de las fumigaciones, conflictos por aplicaciones cerca de viviendas y escuelas, contaminación y posibles impactos sobre la salud.

La discusión científica tampoco está cerrada si se recuerda que en 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, clasificó al glifosato como “probablemente carcinogénico para los seres humanos”, dentro del Grupo 2A.

La categoría identifica un peligro potencial y no determina por sí sola el riesgo concreto derivado de cada forma de exposición. Otros organismos regulatorios aplicaron metodologías distintas y llegaron a conclusiones menos restrictivas.

De hecho, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos mantiene al glifosato registrado y lo somete a revisiones periódicas, mientras distintos reguladores internacionales sostienen que, utilizado bajo las condiciones autorizadas, no presenta un riesgo carcinogénico inaceptable.

En la Argentina, donde la soja ocupa millones de hectáreas y las zonas agrícolas conviven con pueblos, escuelas rurales y cursos de agua, el debate no puede reducirse a una clasificación toxicológica. También involucra la forma de aplicación, la fiscalización, las distancias de resguardo, las condiciones climáticas, la calidad de los equipos, la capacitación de los aplicadores y la capacidad del Estado para controlar el cumplimiento de las reglas.

La soja que llega con el debate abierto

El nuevo producto de BASF agrega un elemento adicional a esa discusión si se tiene en cuenta que el glifosato ya no aparece solo sino que forma parte de una combinación que incluye 2,4-D, glufosinato e inhibidores de HPPD.

Se trata de una señal de que el sistema productivo necesita multiplicar las herramientas químicas para enfrentar las consecuencias de la resistencia con la promesa de mayor flexibilidad.

La pregunta que se hacen los expertos es cuánto tiempo podrá sostenerse antes de que la naturaleza vuelva a responder en el marco de un negocio que mueve miles de millones de dólares.

Por eso, la autorización comercial de la nueva soja no sólo representa una decisión regulatoria sino que también fortalece la estrategia de BASF en uno de los mercados agrícolas más competitivos del mundo. Aunque el público suele asociarla con la industria química, la multinacional alemana lleva años transformando su negocio agropecuario para competir de igual a igual con gigantes como Bayer, Corteva y Syngenta.

Con presencia en más de 90 países y ventas globales que superan los 68.000 millones de euros en 2025, BASF mantiene una de las mayores divisiones de soluciones para la agricultura del mundo. Esa unidad desarrolla herbicidas, fungicidas, insecticidas, tratamientos de semillas, herramientas digitales y eventos biotecnológicos orientados a mejorar los rindes y enfrentar el impacto del cambio climático y las nuevas plagas.

El salto más importante llegó en 2018, cuando adquirió una parte significativa del negocio agrícola de Bayer, operación derivada de la compra de Monsanto. La transacción le permitió incorporar programas de mejoramiento genético, bancos de germoplasma, plataformas de investigación y marcas comerciales que hasta entonces no formaban parte de su portafolio.

En la Argentina, esa estrategia se tradujo en un crecimiento sostenido dentro del mercado de semillas de soja a través de Credenz, una marca con la que busca disputar participación frente a variedades desarrolladas por otros grandes jugadores del sector.

La aprobación del evento acumulado publicada por el Gobierno encaja precisamente en esa estrategia que pasa por ofrecer un paquete tecnológico completo que incluye genética, herbicidas, tratamientos profesionales, plataformas digitales para manejo agronómico y asesoramiento técnico durante toda la campaña.

En otras palabras, detrás de una autorización como la otorgada a BASF también refleja otro fenómeno que preocupa incluso dentro del propio sector agrícola ya que cada nueva generación de semillas incorpora más características genéticas que la anterior.

Del glifosato al 2,4-D y al glufosinato

La resolución oficial autoriza una soja preparada para convivir con productos que tienen historias, perfiles regulatorios y niveles de controversia muy diferentes de los cuales el glifosato es el más conocido.

Durante décadas fue considerado una pieza central del modelo de agricultura de conservación basado en siembra directa. Sin embargo, el crecimiento de malezas resistentes redujo parte de su eficacia y obligó a complementar los tratamientos.

El glufosinato de amonio comenzó a ganar espacio precisamente por ese motivo como un herbicida de contacto utilizado como alternativa para controlar especies que dejaron de responder al glifosato.

El 2,4-D, por su parte, tiene una historia mucho más extensa, fue desarrollado durante la década de 1940 y desde entonces integra uno de los grupos de herbicidas más utilizados en el mundo.

Su incorporación a nuevas semillas transgénicas volvió a incrementar su utilización en varios países, aunque también generó cuestionamientos por la posibilidad de deriva durante las aplicaciones y por su impacto sobre cultivos sensibles ubicados en campos vecinos.

El cuarto componente son los herbicidas inhibidores de la enzima HPPD que proviene de una familia más reciente que comenzó a utilizarse para enfrentar malezas difíciles y ampliar las alternativas disponibles cuando otros principios activos perdieron eficacia.

La combinación de las cuatro tolerancias permite al productor disponer de distintas estrategias de control durante el ciclo del cultivo. Pero esa misma amplitud alimenta una discusión sobre si una mayor tolerancia significa necesariamente un mayor uso de herbicidas. Las empresas sostienen que disponer de varias herramientas permite rotar mecanismos de acción, reducir la presión de selección y retrasar la aparición de nuevas resistencias.

Las organizaciones ambientalistas responden que, en la práctica, la incorporación de nuevas tolerancias suele traducirse en aplicaciones adicionales y en un incremento del volumen total de agroquímicos utilizados. Ambas posiciones encuentran respaldo en distintos estudios científicos según el enfoque analizado, por lo cual la discusión permanece abierta.

La discusión que recién empieza

La autorización obtenida por BASF difícilmente modifique por sí sola el mapa agrícola argentino. Será una tecnología más dentro de un mercado donde conviven múltiples eventos transgénicos aprobados desde hace más de dos décadas. Sin embargo, funciona como un reflejo de la dirección que está tomando la agricultura moderna.

La innovación ya no se concentra únicamente en aumentar los rindes.
Ahora busca responder a un problema generado por la propia evolución del sistema: malezas cada vez más resistentes, plagas más complejas y una demanda creciente de alimentos en un escenario atravesado por el cambio climático.

Para la industria, la respuesta pasa por más ciencia, más biotecnología y mejores herramientas de manejo. Para los sectores ambientalistas, la verdadera discusión debería ser cómo reducir la dependencia de insumos químicos y avanzar hacia sistemas agrícolas más diversificados y resilientes.