Ley de Glaciares: tras las audiencias, el oficialismo avanza ahora en una sesión para los primeros días de abril

A pesar de los cuestionamientos que recibió la iniciativa que busca modificar la ley de Glaciares durante las 2 audiencias públicas que se realizaron la semana pasada en el Congreso, La Libertad Avanza mantiene su esquema original de avanzar con la norma, tal como fue aprobada en el Senado. 

No obstante, el cronograma se verá apenas modificado por los feriados de Semana Santa pero además por la convocatoria que planea hacer en estos días a los gobernadores “mineros”, como señal a los legisladores de esas provincias que aún están en duda y que deben levantar la mano en el recinto a favor de la norma. 

Si bien aún no fue oficializada esa convocatoria, el diputado de la CC, Maximiliano Ferraro, presentó una carta a las autoridades de las comisiones y al presidente de la Cámara, Martín Menem, solicitando que, si se realiza esa audiencia, se incluya al resto de los gobernadores, no sólo a los de las provincias mineras que respaldan el texto. 

De acuerdo a la agenda tentativa, el oficialismo planea convocar en estos días a un plenario de comisiones para avanzar en el dictamen favorable del texto. Es que, La Libertad Avanza aspira a llevarla al recinto de la cámara baja la segunda semana de abril, probablemente el 8 del mes próximo, donde se convertiría en ley, de no recibir modificaciones. 

El oficialismo confía en que tiene los números para sancionar la ley 

“Pensamos que tenemos los números para que salga la ley”, avisó uno de los diputados de LLA que estuvo presente en las audiencias. 

De acuerdo al “poroteo” que realiza el oficialismo, el proyecto contaría con los avales necesarios en el recinto para que se apruebe”. Según los legisladores del oficialismo, el proyecto sumaría hasta el momento el voto de 131 diputados. Para llegar a ese número, la Libertad Avanza cuenta con sus aliados del PRO y la UCR, con los que alcanzaría 115 voluntades. Por eso, se entusiasman que en los próximos días podrían sumar más respaldos para que finalmente el texto se convierta en ley. 

El proyecto tiene media sanción en el Senado. Para conseguir la aprobación definitiva necesita una mayoría simple en la Cámara de Diputados. Para esto, además del dictamen en comisión, el próximo 8 de abril tendría que haber quórum con al menos 129 legisladores en el recinto. Luego, habrá que ver cuántos diputados estarán presentes y cuántos se ausentarán para llegar el número final que necesita el oficialismo. 

Lo que dejaron las audiencias 

El desarrollo de las audiencias estuvo marcado por fuertes cruces y controversias, incluso desde antes de su inicio, por la falta de representatividad de la participación. Esos planteos, incluso, llegaron a la Justicia a través de dos medidas cautelares rechazados por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7- y un pedido de impugnación para expandir la cantidad de intervenciones dentro de los más de 120.000 inscriptos. En la primera jornada, que se extendió 12 horas, solo participaron 95 expositores, de los cuales 84 (88,42%) rechazaron la reforma. 

Además, según denunció la oposición, tres representantes cercanos a las mineras pudieron tomar la palabra sin integrar esa lista, mientras que 4 personas presentes en Diputados que tuvieron que retirarse sin intervenir cuando se levantó el plenario cerca de la medianoche del miércoles. En tanto, en la segunda jornada, en la que los participantes expusieron de manera virtual como estaba previsto, Unión por la Patria propuso convocar a una consulta popular vinculante. La modalidad a distancia, impuesta por el oficialismo para la segunda audiencia, le restó relevancia y provocó la ausencia de muchos legisladores. 

LLA convencida de que cuenta con los votos necesarios gracias al respaldo del PRO y la UCR, permitió que los discursos en contra se sucedieran sin intervención. Por su parte, la bancada oficialista ratificó su intención original de llamar a una sesión para convertir la iniciativa en ley el próximo 8 de abril. En total hubo más de 120.000 inscriptos para las dos audiencias. Pero la participación en la audiencia presencial y virtual se redujo y se permitió la presentación de escritos o videos grabados para el resto de los inscriptos, que no llegaron a participar. 

Para limitar la cantidad de expositores, el diputado de LLA, Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados y a cargo de la audiencia, detalló que se dividieron los inscriptos por jurisdicciones para que las 24 provincias del país tengan representación en la audiencia y un equilibrio entre personas humanas y jurídicas. 

En las exposiciones, tanto en la audiencia presencial del miércoles como en la virtual del jueves, la mayoría de los participantes manifestó su rechazo a modificar la Ley de Glaciares y advirtieron que si el proyecto avanza podría haber una ola de presentaciones para judicializarlo.  

La modalidad a distancia, impuesta por el oficialismo para la segunda audiencia, le restó relevancia y provocó la ausencia de muchos legisladores.  

Las claves del proyecto  

La iniciativa fue incluida entre las prioridades legislativas de la gestión libertaria y formó parte del temario de convocatoria a sesiones extraordinarias, pero el debate de la modernización laboral, postergó la discusión de la ley de Glaciares y la intención del Poder Ejecutivo de sancionarlo de manera definitiva.  

En su redacción, la norma modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, ratificando a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos.  

Según trascendió, se estima que existen cinco proyectos mineros en etapa de evaluación que podrían aportar u$s30.000 millones. El cambio sustancial a la ley original es que esta iniciativa añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de «estratégica» la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un «glaciar o geoforma periglacial» según lo contemplen, incluyendo «una instancia de participación ciudadana». 

Los dos cambios (artículo 4° y 6°) de último momento del proyecto en el Senado abonan a este objetivo, ya que se flexibilizó el esquema de autorizaciones para la explotación minera, quitándole potestades a la Cancillería y los Comité de Cuenca. 

Una encuesta reveladora 

En este contexto, un estudio reciente de Poliarquía Consultores, revela un cambio profundo en la percepción social sobre la actividad. Los datos muestran una sociedad más receptiva a la minería, con expectativas crecientes y una demanda clara: avanzar en el desarrollo sin resignar el cuidado ambiental, especialmente del agua. 

Uno de los indicadores más elocuentes del informe aparece en la forma en que los argentinos asocian la minería. Ante la pregunta sobre qué es lo primero que se les viene a la cabeza, el 33% mencionó “contaminación”, una cifra que, aunque sigue liderando, cayó de manera significativa desde el 48% registrado en 2025. 

De hecho, el respaldo al desarrollo minero alcanza uno de sus niveles más altos de los últimos años. El 61% de los encuestados se manifestó a favor de la actividad, frente a un 19% en contra y un 20% que no sabe o no contesta. Se trata de un dato relevante no solo por su magnitud, sino también por el momento en que fue relevado: la semana del debate en el Senado sobre la Ley de Glaciares.  

Según el informe, “el 61% de los argentinos se muestra de acuerdo con el desarrollo de la actividad minera”, aunque advierte que este apoyo “todavía deberá confirmarse en un período más prolongado para evitar caer en la trampa del entusiasmo coyuntural”.