Agroquímicos: para Rodríguez, en los últimos cuatro años hubo “un abandono de la agenda”

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, sostuvo que la aplicación de agroquímicos y sus efectos “tienen que ser abordados por la política pública”, e indicó que el gobierno anterior “abandonó esta agenda”.

“La correcta aplicación de agroquímicos, el análisis de cómo son su efectos y cuál es la regulación qué tiene que tener es un problema que tiene ser abordado por la política pública. No es algo que podamos dejar de lado”, dijo Rodríguez a Télam.

Según el funcionario provincial, “en los últimos cuatro años hubo un abandono de esta agenda” y que “en todo caso y en última instancia, hubo un apuro por brindar alguna imagen o salida que fue la resolución 246/2018, pero esta no era resultado de un trabajo genuino o a conciencia, sino más intentar mostrar que se estaba haciendo algo”.

Dicha resolución dictada por el Gobierno provincial anterior regulaba “la zona de amortiguamiento en la aplicación de fitosanitarios”, aunque su aplicación fue postergada por dicha administración y suspendida por la actual.

Con el fin de definir los criterios y modalidades de uso de los fitosanitarios en la provincia, como también su impacto en la salud y el medio ambiente, la cartera agropecuaria creó el Observatorio Técnico sobre Agroquímicos, integrado en primera instancia por organismos y entidades científico-técnicas públicas.

La correcta aplicación de agroquímicos, el análisis de cómo son su efectos y cuál es la regulación qué tiene que tener es un problema que tiene ser abordado por la política pública. No es algo que podamos dejar de lado”

El funcionario provincial explicó que “desde el primer día fuimos diseñando la creación de un Observatorio técnico donde podamos producir, pero sobretodo, intercambiar y dialogar entre los investigadores y trabajos científicos-tecnológicos que se están desarrollando en materia de análisis de la aplicación de agroquímicos, resultados y efectos”.

“Entendemos que esta es una instancia primera de orden público, para después abrir este espacio a un observatorio donde también participen los distintos representantes de la sociedad, de las entidades y asociaciones profesionales, que puedan a partir de esa documentación científico-técnica también empezar a realizar aporte en esta materia”, agregó.

Según Rodríguez, en provincia “estamos en una situación donde 70 municipios tienen normativas diferentes y otros tantos no tienen una normativa específica y se rigen por la norma general de la provincia (Ley 10.699), que fue reglamentada en 1991”.

A partir de esto, el funcionario nacional aspira “a generar recomendaciones hacia los municipios, un lineamiento general que permita ir readecuando las distintas normativas, y si hay el suficiente acuerdo en materia política, esas recomendaciones podrían transformarse en normas o leyes”.