La Unión Europea impone regulaciones ambientales: ¿Cómo se prepara Argentina para cumplir?
Las empresas argentinas que exportan a Europa deberán adaptar sus planes a una regulación que prohibirá el ingreso al continente de materias primas y productos derivados que causen deforestación.
En octubre pasado, la Unión Europea (UE), aceptaron postergar hasta el 2026 la entrada en vigencia de una norma que prohíbe a los países de ese continente importar commodities y derivados de zonas que hubieran sufrido un proceso de desmonte o deforestación luego de 2021.
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El pedido de llevar el inicio de ese compromiso de 2025 a un año después fue producto del fuerte reclamo de resto de los países y mercados del mundo que, como la Argentina, son actualmente proveedores de ese tipo de mercadería al Viejo Continente y que cuestionan la imposición de restricciones a productos usando argumentos de índole ambiental.
El período ahora sumado servirá para que esos proveedores se preparen para la entrada en vigencia de la regulación que debía comenzar a funcionar a finales de diciembre próximo y que fue sancionada en 2023 para evitar el proceso de deforestación en los países proveedores de commodities a la UE.
Objetivo común de la Unión Europea
El objetivo es el de evitar que el ingreso de una serie de materias primas y productos derivados, como el aceite de palma, la carne vacuna, la soja, el café, el caucho, la madera o el chocolate, causen deforestación en sus mercados de origen y así se pueda contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provoca el cambio climático y mantener los bosques, como sumideros de carbono.
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En este sentido, la regulación no debería causar problemas a los proveedores argentinos si se tiene en cuenta que el país ya cuenta con una Ley de Bosques que define los territorios donde puede desmontarse y los que son áreas protegidas.
Sin embargo, otros sectores pueden verse afectados en sus operaciones hacia la UE como, por ejemplo, las exportaciones de carne vacuna, productos forestales y harina de soja.
En este sentido, desde la industria agropecuaria se viene trabajando en la elaboración de un instrumento tecnológico bautizado como VISEC, una suerte de plataforma que permite certificar las exigencias europeas a partir de enero de 2025.
Una de las entidades más activas en adecuar sus operaciones a la nueva reglamentación europea es la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), que propone la realización de mesas de negociación para revisar algunos aspectos como la segregación física y el no reconocimiento de la legislación nacional sobre bosques de parte de los países europeos.
Requerimientos para cumplir ante las regulaciones ambientales
Es más, un informe de la Fundación Fundar, elaborado, entre otros, por su coordinadora, Maria Victoria Arias Mahiques, se pregunta de qué forma se prepara la Argentina para cumplir con la normativa y seguir exportando a la UE.
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“Para saberlo, necesitamos dar cuenta de cómo y dónde se produjeron los bienes que se exportan y, en particular, asegurar que no hubo deforestación en esas tierras”, asegura la experta.
En ese sentido, señala una lista de requerimientos como el de contar con un sistema de trazabilidad que permita conocer el origen de las materias primas y productos y hacer un seguimiento a lo largo de toda la cadena de producción, elaboración y distribución.
A esto le suma la necesidad de integrar esa información con los datos disponibles sobre deforestación y cambios en el uso del suelo, además de contar con una adecuada capacidad de garantizar la trazabilidad de los productos.
De igual modo, hace mención al VISEC (siglas de Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino), y lo califica como un sistema de monitoreo, reporte y verificación para seguir la trazabilidad a nivel nacional del poroto de soja y sus subproductos, al que se sumó la cadena de valor de la carne vacuna.
“El objetivo es que sirva para asegurar un origen libre de deforestación”, destaca la experta de la Fundación Fundar, para quien también hace falta contar con mecanismos que permitan una interesante disponibilidad de información sobre los cambios en el uso de la tierra.
“Hay que capitalizar lo que ya está en marcha, no sólo por la factibilidad de cumplir con la norma, sino porque se trata de políticas de estado ambientales que, más allá de las marchas y contramarchas en su ejecución, apuntan en el sentido correcto”, opina Mahiques quien, además plantea los desafíos y oportunidades para Argentina frente a esta nueva regulación.
De igual forma, admite la necesidad de reducir la deforestación como un punto central para la lucha contra el cambio climático y para contribuir a la preservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de comunidades que son altamente dependientes de los ecosistemas naturales.
¿Oportunidad para las empresas argentinas?
La analista también coincide con quienes sostienen que cumplir con estos objetivos puede alinearse con la creación de las condiciones para crecer que la Argentina necesita.
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Los expertos que avalan este mensaje sostienen que será necesario cumplir con estándares internacionales, de los cuales el de la Unión Europea es sólo un ejemplo, ya que existen regulaciones similares que se encuentran en debate en otras economías de gran escala en el mercado mundial, como Estados Unidos.
En este sentido, un documento elaborado por The Carbon Sink, llamado el “carbon partner” de varias empresas argentinas y de la región para gestionar sus estrategias de mitigación climática, entiende que “el camino es hacer de la necesidad virtud: la construcción de capacidades e infraestructura local que garanticen el cumplimiento de los nuevos estándares”.
Según Federico Falcón, director ejecutivo de la consultora especializada, la regulación de la UE puede contribuir a consolidar la posición de la Argentina en los mercados internacionales; cumplir con los compromisos climáticos y ambientales asumidos por el país y mejorar las prácticas productivas de un sector clave como es el agropecuario.
“Las actividades agropecuarias y el cambio del uso de la tierra dan cuenta del 39% de las emisiones de GEI, de modo que la transformación del sector puede contribuir al logro de ambos objetivos”, asegura el experto.
Argumentos para avanzar
De hecho, el informe de la consultora a la que representa detalla una estrategia a largo plazo para aprovechar la normativa europea con argumentos como los de:
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- Sostener los instrumentos de lucha contra la deforestación que ya están en marcha, como la Ley de Bosques y los sistemas de control y monitoreo.
- Apoyar y complementar las iniciativas desarrolladas por el sector privado
- Fortalecer la coordinación entre organismos gubernamentales nacionales y subnacionales con incidencia en las cadenas productivas.
El experto remarca que, en un mundo cada vez más consciente de la crisis climática, las regulaciones internacionales están obligando a las empresas a adaptarse a nuevos estándares ambientales.
Es en este sentido en donde hace mención al llamado Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la UE que gravará las importaciones de bienes con altas emisiones de carbono; exigirá a quienes exporten bienes a Europa a reportar la huella de carbono asociada a sus productos, registrarla en una plataforma y pagar por ella.
Falcon explica que el certificado “está diseñado para nivelar el terreno de juego, evitando que los países con regulaciones ambientales menos estrictas puedan competir de forma desleal con aquellos que han tomado medidas más fuertes contra el cambio climático”.
Gestionar el impacto ambiental
Para las empresas argentinas, esto representa el desafío de adaptarse a las regulaciones o enfrentar restricciones comerciales en un mercado global cada vez más consciente de la crisis ambiental.
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“El CBAM marca un cambio fundamental en las reglas del comercio internacional que obligará a realizar una revisión profunda de las cadenas de suministro y de las fuentes de emisión de carbono”, agrega el experto de The Carbon Sink, consultora que nación para guiar y acompañar a las empresas y organizaciones en su camino hacia la carbono neutralidad.
En su informe, la empresa destaca que, más allá de un desafío, la normativa europea “es una oportunidad para las empresas de gestionar su impacto ambiental y fortalecer su posicionamiento en mercados globales.”
Para el experto de la consultora, las empresas argentinas deben tomar medidas inmediatas para alinearse con los nuevos estándares de sostenibilidad como:
- a) Medir la huella de carbono, implementando metodologías como el GHG Protocol para identificar las fuentes de emisión asociadas a sus productos.
- b) Adoptar medidas de reducción, invirtiendo en tecnologías limpias y adoptar prácticas sostenibles, como el uso de energías renovables y la optimización de procesos.
- c) Compensar las emisiones con proyectos de compensación certificada para neutralizar el impacto ambiental mientras se implementan medidas de reducción.
- d) Reportar con transparencia mediante la elaboración de informes completos sobre emisiones que cumplan con los estándares del CBAM antes de 2026.
- e) Capacitar a los equipos para asegurar que todos los niveles de la organización comprendan el impacto de estas acciones y cómo implementarlas efectivamente.
