El Gobierno de Milei lanza créditos blandos para promover el transporte sustentable

A partir de la Ley Nº 24.295, la Argentina aprobó la llamada Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y por la Ley Nº 25.438 el Protocolo de Kyoto de esa Convención, así como el Acuerdo de París con los objetivos de reducción de carbono para el 2030.

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De hecho, y en función de esos tratados internacionales, el país se comprometió a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), entre ellos los de dióxido de carbono (CO₂).

Teniendo en cuenta esos acuerdos, la actual administración libertaria que comanda el presidente Javier Milei entiende que es necesario promover políticas de descarbonización del transporte.

En este marco, las autoridades nacionales recuerdan que el Decreto N° 140 del 21 de diciembre de 2007 aprobó los lineamientos del Programa Nacional del Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE), y se declaró de interés y prioridad nacional ese objetivo que se condice con la necesidad de hacer lo mismo tanto con los combustibles fósiles como con la energía eléctrica.

Fomentar las nuevas tecnologías para una movilidad sustentable

En este contexto, el Gobierno reconoce que la experiencia internacional lleva a comprender que para alcanzar un uso eficiente de la energía se requiere además de la adopción de tecnologías de alta eficiencia, la generación de profundos cambios estructurales basados en la modificación de las conductas individuales mediante programas y planes que deben contemplar una estrategia comunicacional.

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A tales fines, desde el Ministerio de Economía califican como “necesario” el diseño de una política pública que tenga por objeto fomentar la comercialización de nuevas tecnologías que promuevan el desarrollo de medios de transporte sustentables; la implementación de medidas de eficiencia energética; la medición de los consumos de energía en el sector para su optimización y a su vez reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector transporte.

Para entender la necesidad de coordinar las acciones hacia ese camino, las autoridades advierten que el sector energético se encuentra en una situación crítica de operación debido a dos décadas de desfinanciamiento y desinversión, a agregan que la eficiencia energética es fundamental para evitar la demanda innecesaria y a su vez contribuir a la reducción de emisiones de GEI del sector.

En los despachos cercanos al ministro Santiago Caputo, que dirige la cartera que a su vez tiene a cargo las políticas energéticas a través de la Secretaría de Energía, se señala que eficiencia energética es uno de los pilares fundamentales de la transición energética y además es la contracara del sinceramiento de tarifas y de la reestructuración del esquema de subsidios al consumo energético, toda vez que permite morigerar los impactos en los costos productivos y en los gastos de los usuarios.

Cambio de paradigma

Es más, la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Estratégico que depende del ente público estableció en diciembre del 2019, la instrumentación de medidas de eficiencia energética y uso de fuentes de energía de bajas emisiones, por lo cual ahora se entiende necesario crear un Programa de Movilidad Sustentable.

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Esta iniciativa viene a reemplazar el impulsado por el anterior gobierno kirchnerista que llevó el nombre de Plan Nacional de Transporte Sostenible y que fue lanzado mediante la Resolución 635/2022 del entonces Ministerio de Transporte que dirigía Alexis Guerrera-

En ese caso, el objetivo era similar al actual de impulsar la transición y eficiencia energética en el transporte para alcanzar una movilidad sostenible.

También debía garantizar la transición energética en el transporte, a través de su planificación, generando ahorros para el país con la reducción y posterior sustitución de importaciones de energía, fomentando la industria nacional y cuidando la salud de las personas y del planeta, fomentando la utilización de energías más limpias para todos los modos de transporte.

La idea era la de trazar una hoja de ruta de cara al 2030, planteando a su vez un horizonte temporal al 2040 para los sistemas de transporte tanto de carga como de pasajeros, por medios aéreos, acuáticos y terrestres dentro de los límites del territorio nacional.

El kirchnerismo había planteado su estrategia ambientan a partir de tres programas principales: renovación y adaptación de flotas hacia el gas natural; la movilidad eléctrica y la incorporación de nuevas tecnologías para abastecer vehículos de carga y pasajeros.

Además, contenía un conjunto de estrategias, medidas, políticas e instrumentos a ser implementados hasta el año 2030, promoviendo la disminución de las emisiones de Gases de Efecto de Invernadero (GEI) y su efecto en el país y la región, que también permitirá generar ahorros por la reducción y posterior sustitución de importaciones de energía.

A esto le sumaba cuatro principios como eran la transición energética para cambiar en forma gradual y segura el sistema de transporte, tanto en los usos y hábitos de los usuarios como en las matrices energéticas; la eficiencia, para incorporar y fomentar la conciencia del uso inteligente y amigable con el ambiente.

También, la justicia ambiental, para la defensa del ambiente y disminuir los perjuicios ambientales, fomentando la resiliencia en sus respectivos territorios; y en materia de género y equidad intergeneracional se promoverá la participación activa en los procesos de consulta, ejecución y toma de decisiones.

Descarbonizar el transporte

Ahora, el gobierno libertario adoptó algunos de estos conceptos pero también le colocó su impronta y le sumó la posibilidad de promover la compra de bienes orientados a la micro movilidad para usuarios particulares, como así también brindar a empresas y transportistas (tanto de carga como de pasajeros), opciones de movilidad bajas en emisiones, tanto en la motorización como en medidas de eficiencia energética y gestión de sus consumos energéticos.

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El programa procura también fomentar la compra de bienes y equipamiento asociados con una movilidad altamente eficiente y/o de bajas emisiones para industrias, y facilitar la realización de estudios y la adquisición de herramientas que brinden información a los usuarios para controlar, gestionar y mejorar el consumo de combustibles y energía eléctrica; aplicar la eficiencia en el transporte y optimizar kilómetros recorridos.

Otro de los objetivos es el de promover la descarbonización del transporte para, de ese modo, incentivar la implementación del Gas Natural Comprimido (GNC) y la movilidad eléctrica.

El nuevo programa está contemplado en la Resolución 289/2024 publicada el pasado 30 de septiembre por la Secretaría de Energía en el Boletín Oficial de la Nación.

Créditos “para todos”

La idea es establecer ayudas financieras para el desarrollo de corredores dedicados a la carga de vehículos eléctricos y al GNC; pudiendo a futuro extenderse al Gas Natural Licuado (GNL).

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Es más, los particulares, transportistas, empresas de transporte y que realicen actividades de movimiento o traslado de bienes, insumos o personas, responsables de estaciones y puntos de carga para el sector transporte, podrán acceder a estos créditos con tasas preferenciales que otorgará el Banco Nación (BNA), en el marco de un convenio que se suscribió en agosto pasado entre la Secretaría de Energía y la entidad financiera estatal y otras instituciones bancarias.

El fin de dicho acuerdo es el de otorgar distintas formas de financiamiento para el reemplazo o adquisición de equipos, por otros más eficientes y/o de menores emisiones, con planes de pago, bonificación de tasas y/o condiciones específicas que a tal efecto oportunamente se establezcan.

En el anexo de la resolución se publican los bienes, equipos y estudios con acceso al financiamiento convenido con el BNA para poder participar del Programa de Movilidad Sustentable.

Además, la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético tendrá a su cargo diseñar el contenido del programa; realizar las gestiones necesarias para su implementación con el BNA y con las demás entidades financieras para ofrecer los créditos, como así también promover el dictado de las normas adecuadas para su funcionamiento.

Las entidades bancarias que se incorporen al programa deberán suministrar la información que requiera el Gobierno para el adecuado monitoreo de los alcances del plan.