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Según Greenpeace

Denuncian a Elsztain como el “gran desmontador” de bosques de la Argentina

El dueño del grupo IRSA ya lleva desmontadas 120.000 hectáreas, equivalentes a seis veces la Ciudad de Buenos Aires y tiene planificado desmontar en una zona hoy protegida por la ley de bosques.


En el 2020, antes del inicio de la pandemia, la organización ambientalista Greenpeace difundió una lista de 300 empresas grandes, medianas y pequeñas que vienen deforestando el país desde hace por lo menos 30 años, en los cuales se perdieron casi ocho millones de hectáreas de bosques nativos, una superficie similar a la provincia de Entre Ríos y que coloca a la Argentina entre los 10 países con más tala de árboles de manera indiscriminada.

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Cuatro años después y en conmemoración del Día de la Tierra que se conmemoró el pasado 24 de abril, la entidad reflotó los nombres de estos grupos que, considera, son responsables de la destrucción de bosques en Argentina.

El ranking lo encabeza IRSA, el mayor conglomerado inmobiliario y de real estate del país dueño de la mayoría de los centros comerciales que operan en la Argentina; de hoteles de lujo y de edificios emblemáticos, que pertenece al empresa Eduardo Elsztain y que llegó a la cifra de 120.000 hectáreas desmontadas.

El dueño de DOT Baires shopping, IRSA, es el mayor conglomerado inmobiliario y de real estate del país dueño de la mayoría de los centros comerciales que operan en la Argentina.

Le siguen los grupos empresarios y financieros manejados por grandes hombres de negocios locales, la mayoría de los cuales figuran en la lista Forbes de millonarios como la familia Brito (50.000 hectáreas); Paolo Rocca; Eduardo Eurnekian; Marcelo Mindlin; Alejandro Carlos Roggio; Aldo Adriano Navilli; Benjamín Gabriel Romero: el ex presidente Mauricio Macri; el actual ministro Luis Caputo; Roberto Urquía, entre otros.

Se supone que el dueño de shoppings como DOT Baires, Alto Palermo, Paseo Alorta u hoteles como el LLao LLao seguirá encabezando el listado ya que en la ley Ómnibus que se trata en el Congreso se ha retrocedido bastante en cuanto a este debate ya que hasta hace poco se estaba debatiendo si se sancionaba una ley de Humedales y ahora se retrocedió con la discusión de leyes sancionadas hace 15 años como la de bosques y la de glaciares.

Fuentes del sector aseguran que a través de su grupo agropecuario Cresud, Elsztain tiene casi un millón de hectáreas de las cuales solamente en Salta desmontó 120.000 hectáreas, el equivalente a seis veces la Ciudad de Buenos Aires y tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la ley de bosques, otras 150.000 hectáreas más.

Elsztain tiene dos fincas en la provincia de Salta. Finca Anta en Joaquín V González tiene 132 mil hectáreas de las cuales son 21300 productivas. En Los Pozos, también en Salta, posee 240 mil hectáreas, de las cuales tres cuartas partes son productivas. Si el Congreso vota la Ley Ómnibus el empresario podrá sumar casi 300 mil hectáreas a la explotación ganadera.

El documento de Greenpeace entiende que la pérdida de bosques se produce principalmente por el avance de la frontera agropecuaria (soja y ganadería). y asegura que el 80% de los desmontes del país se concentran en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.

El documento de Greenpeace entiende que la pérdida de bosques se produce principalmente por el avance de la frontera agropecuaria.

Es más, tres años después de ese documento, Greenpeace detalla que en el 2023 en el norte la deforestación fue de 126.149 hectáreas (Chaco 57.343 hectáreas; Santiago del Estero 42.871 hectáreas; Formosa 17.409 hectáreas y Salta 8.526 hectáreas).

Si bien la organización ambientalista recuerda que, comparado con la década anterior a la Ley de Bosques, desde el 2014 se mantiene cierta tendencia de disminución de los desmontes cercana al 40%, cabe advertir que la deforestación en el norte del país durante 2023 fue superior a la del año anterior (118.805 hectáreas).

“Es importante destacar la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas deforestadas durante 2023 en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, advierte Greenpeace.

Para la entidad resulta también grave que más del 80% de los desmontes en Santiago del Estero sean ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido.

Cuando se señala “norte del país”, se refiere a Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, que son las provincias que se monitorean satelitalmente por concentrar el 75% de los desmontes.

Sin conciencia climática

Es evidente que para Greenpeace, las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar y en muchos casos es clara la complicidad de funcionarios.

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El consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en la que nos encontramos. En ese sentido, más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desertificación, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades.

Frente a esta alarmante situación, Greenpeace reclama al Congreso de la Nación que no se modifique la Ley de Bosques con el objetivo de flexibilizar sus restricciones a los desmontes y reducir sus fondos.

Para Greenpeace, las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales.

Por el contrario, considera que en forma urgente deben prohibirse y penalizarse tanto los desmontes como los incendios forestales, al ecordar que los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta.

“Nos brindan bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas. Son el territorio y el sustento de comunidades indígenas y campesinas. Y cumplen un rol fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos” destaca Greenpeace en un reciente informe difundido localmente.

Las provincias más afectadas

En el paper, detalla que la Argentina se encuentra en emergencia forestal ya que, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2022 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de siete millones de hectáreas, una superficie similar a la de Formosa.

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Pero además, aproximadamente el 75% de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Sobre todo en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3.400 especies de plantas, 500 aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios.

Greenpeace remarcó los impactos de la deforestación en Argentina y en el mundo.

Las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria (mayormente para ganadería intensiva y soja transgénica que en gran medida se exportan a Asia y Europa) y los incendios forestales.

Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, contribuyendo a la actual crisis climática.

Para Greenpeace, “la sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques (26.331) fue un logro sin precedentes y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón y medio de firmas. Tras 16 años de implementación de la normativa, todas las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), los cuales prohíben los desmontes en casi el 80% de las zonas forestales (Categorías I, Rojo y II, Amarillo)”, detalla el trabajo.

Sin embargo, los ordenamientos de Formosa, Corrientes y Buenos Aires fueron muy cuestionados por organizaciones sociales por dejar amplias zonas clasificadas en la Categoría III, Verde, donde se permite solicitar permisos de desmonte.

Por otra parte, algunos ordenamientos (Salta, Chaco) fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte.

Cabe advertir que muy pocas provincias realizaron la actualización de su OTBN, los cuales según la reglamentación de la norma deben hacerse cada cinco años, de manera participativa y sin retroceder respecto a las zonas donde no se permite deforestar. Hay que destacar que desde el 2014 se evidencia una disminución de la deforestación, cercana al 40% respecto al promedio durante la década previa a la Ley de Bosques, pero más de la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido.

Incendios, al otra cara de la deforestación

Además, en los últimos cuatro años aumentaron los incendios forestales por lo cual el informe revela la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2023 en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta.

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Para Greenpeace es importante aclarar que no se incorporaron al relevamiento satelital las superficies de bosques nativos que fueron afectadas por incendios, sino únicamente desmontes (cambio de uso de suelo) sino que el reporte incluye documentación fotográfica de desmontes realizados en dicho período en las cuatro provincias.

Nuevo avance

Por eso entiende que, pese al consenso científico internacional sobre la crisis climática y la importancia de proteger la biodiversidad, las políticas de protección de ecosistemas claves como los bosques nativos resultan insuficientes ante el avance de una situación de degradación ambiental que alcanzó el estatus sostenido de emergencia.

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Para la organización ecologista alerta nuevamente sobre el preocupante avance de los desmontes ilegales en el norte de Argentina.

Según el informe elaborado por Greenpeace en base al monitoreo de imágenes satelitales, durante 2023 en el norte del país se perdieron 126.149 hectáreas de bosques nativos, un 6,2% más que en 2022, siendo Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta las provincias más afectadas.

“Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Debemos avanzar en forma urgente en la prohibición y penalización de la deforestación“, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Para el ejecutivo, el agresivo desmonte que se registra en el país se traduce en un agravamiento de las consecuencias del cambio climático, que van desde más inundaciones y desertificación hasta extinción de especies, desalojos de comunidades campesinas e indígenas y aparición de enfermedades.

El fenómeno no es nuevo: entre 1998 y 2022 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de siete millones de hectáreas, equivalente a la superficie de la provincia de Formosa, de acuerdo a datos del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Elsztain tiene casi un millón de hectáreas de las cuales solamente en Salta desmontó 120.000 hectáreas, el equivalente a seis veces la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, Greenpeace advierte sobre el aumento de los desmontes durante el año pasado, sobre todo en forma ilegal.

El ejemplo más evidente es el caso de Chaco, donde todos los desmontes realizados en 2023 fueron ilegales debido a que rige una suspensión establecida por la Justicia provincial desde 2020 por la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).

En tanto, en Santiago del Estero el 80% de los desmontes fueron ilegales. Si bien para Greenpeace es alentador que desde 2014 se evidencie una disminución de la deforestación, cercana al 40% respecto del promedio de la década previa a la Ley de Bosques sancionada en 2007, aún más de la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido.

La principal causa de la pérdida de bosques nativos es el avance de la frontera agropecuaria, principalmente para ganadería intensiva y soja transgénica que tiene a Asia y Europa como mayor destino.

No es el único impacto de esas prácticas, si se considera que la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la deforestación representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Argentina y contribuyen, así, a una crisis climática de consecuencias ya evidentes.

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Fecha de publicación: 01/05, 9:55 am