Crece el malestar en los argentinos por las redes sociales y casi el 90% pide regularlas

El 86% de los argentinos quiere que se regulen las redes sociales. El 88% teme la desinformación que circula por ellas. El 97% percibe una saturación de contenidos que ya desbordó todo límite razonable. Y el 80% exige que las plataformas tecnológicas se hagan cargo del daño que provocan sus algoritmos. Los números salen de un estudio del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y dejan poco margen para la ambigüedad. 

José Crettaz, decano de la Facultad de Comunicación de UADE, puso ante Economía Sustentable estos números en contexto: “Estos porcentajes son especialmente interesantes porque la muestra tiene una fuerte concentración en el AMBA, un 58% de participantes de entre 18 y 25 años y un 66% con estudios universitarios o de posgrado. Es decir, la preocupación también aparece con fuerza entre adultos jóvenes urbanos que crecieron con Internet y las redes sociales”.

El dato es revelador. Se trata de un reclamo de personas que nacieron con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y ahora piden que alguien ponga orden. Esos mismos jóvenes que pasan horas por día en Instagram y TikTok ya perciben que algo funciona mal.

Cuánto tiempo dedican los argentinos a las redes y qué reciben a cambio

El informe del CIS muestra un panorama de hiperconexión con retorno casi nulo. WhatsApp es la plataforma más usada con un 95%, seguida por Instagram con el 81% y TikTok con el 49% de uso intensivo. Facebook, en cambio, quedó relegada: el 61% de los encuestados directamente no la usa.

El 62% de los argentinos consume entre una y cuatro horas diarias de contenido en redes sociales. Si hacés la cuenta, es un tiempo equivalente al de una jornada laboral parcial. Y la contraprestación económica es casi inexistente: el 79% declaró que nunca generó ingresos a partir de su actividad en redes.

La ecuación es desigual y funciona en una sola dirección. Las plataformas capturan la atención de millones de personas, extraen datos de cada interacción y monetizan esa información con publicidad dirigida. Pero quienes producen el contenido que alimenta esos algoritmos no reciben nada a cambio. Son materia prima gratuita de un negocio multimillonario.

El 96% de los encuestados reconoce que las redes pueden usarse de forma profesional, pero el 53% espera una profesionalización del sector que todavía no llegó. La brecha entre la promesa de las plataformas y la realidad de sus usuarios se agranda con cada actualización de algoritmo que prioriza el engagement sobre el bienestar.

De qué manera la saturación informativa distorsiona la percepción social sobre las redes

La saturación no es un defecto del sistema: es el sistema. Cuando el 97% de los encuestados percibe que hay cada vez más contenido, el problema dejó de ser individual y pasó a ser colectivo. Los algoritmos de las principales plataformas están diseñados para maximizar el tiempo de pantalla, y lo logran con un bombardeo constante de notificaciones, sugerencias y feeds infinitos que no dan respiro.

Esta sobreexposición tiene un efecto corrosivo sobre la capacidad de discernir entre información confiable y mentira. El 88% de los argentinos manifiesta preocupación por la circulación de contenidos falsos, y el 68% ubica la desinformación como una prioridad regulatoria. No es casual: en un entorno donde todo parece igual de importante, nada termina por serlo.

Un antecedente relevante fue publicado en Economía Sustentable, donde un estudio de la Flacso y la Fundación Medifé reveló que “ansiedad” se convirtió en el término más buscado en Internet entre los trastornos de salud mental asociados al consumo informativo digital en la Argentina. 

El 85% de los encuestados considera que debería requerirse formación para opinar sobre temas técnicos o sensibles. Es una demanda que refleja el hartazgo frente a la horizontalidad sin filtro que caracteriza a las redes, donde la opinión de un experto compite en igualdad de condiciones con la de cualquier cuenta anónima.

Crettaz señaló la paradoja: “El 85% considera importante la formación para opinar sobre temas técnicos, pero eso no debería transformarse en una licencia para hablar ni en una restricción a la libertad de expresión. Una sociedad abierta debe permitir que cualquiera se exprese y, al mismo tiempo, desarrollar criterios para distinguir evidencia, opinión, conocimiento especializado y desinformación”.

Para el decano de la Facultad de Comunicación de UADE, la clave está en otro lado: “La alfabetización mediática y la educación tienen un papel mucho más importante y sostenible que establecer restricciones sobre quién está habilitado para expresarse”. El problema, entonces, no es que la gente opine, sino que las plataformas amplifican lo que genera más reacción, sin importar si es verdad o mentira.

Cuáles son los principales desafíos para regular redes sociales en la Argentina

El 60% de los argentinos conoce las regulaciones implementadas en Europa, como la Ley de Servicios Digitales. Sin embargo, replicar esos modelos en un país latinoamericano enfrenta obstáculos que no se resuelven con buenas intenciones ni con un proyecto de ley.

Crettaz lo explicó sin rodeos: “Este tipo de regulaciones estrictamente nacionales enfrentan dificultades por el carácter transnacional de las infraestructuras digitales y por la escala global de las principales empresas tecnológicas. Por eso tiene sentido observar las experiencias internacionales, coordinar criterios entre países y aprovechar estándares que ya hayan demostrado resultados”.

El problema de fondo es uno de poder. Las plataformas operan a escala global y ningún país, mucho menos uno con la capacidad de presión económica de la Argentina, puede imponerles condiciones por sí solo. La regulación europea funciona porque representa un mercado de 450 millones de personas y porque la Unión Europea tiene el músculo institucional para hacer cumplir sus normas. La Argentina no tiene nada de eso.

Pero Crettaz también advirtió contra la copia automática de modelos ajenos: “Eso no significa importar modelos de manera automática. Para tecnologías emergentes parece más razonable priorizar enfoques graduales, flexibles y focalizados en riesgos”.

El 47% de los encuestados prefiere intervenciones específicas sobre temas concretos como salud y desinformación, en lugar de regulaciones amplias. Esta preferencia coincide con la postura del decano, que resumió así el desafío: “Identificar problemas concretos y, eventualmente, definir reglas precisas, sin caer en una sobrerregulación que ahogue la innovación o termine por afectar la expresión de los ciudadanos”.

La tentación de legislar rápido existe, pero la historia reciente muestra que las leyes mal diseñadas o copiadas de contextos diferentes producen efectos inesperados. Y en el mundo digital, esos efectos se multiplican.

Qué nivel de protección piden los argentinos para niños y adolescentes en las redes

La protección de menores es el tema que genera mayor consenso. El 71% de los argentinos lo ubica como la prioridad principal y el 87% respalda la implementación de sistemas de verificación de edad obligatorios. Pero cuando se pregunta por restricciones generales al acceso, el apoyo baja al 58% y un 36% se opone de manera directa.

El perjuicio que las redes sociales causan en los más jóvenes ya acumula evidencia a nivel global. En 2023, más de 40 estados de los Estados Unidos denunciaron a Meta por los daños que Instagram y Facebook provocan en la salud física y mental de los menores. 

Estos números sugieren que la sociedad argentina distingue entre proteger y prohibir. Y la diferencia no es menor. Crettaz se pronunció a favor del primer camino: “Antes que prohibiciones amplias, deberían evaluarse herramientas de seguridad por diseño, mayor transparencia sobre los sistemas de recomendación, mejores controles parentales y alternativas menos adictivas”.

El decano de la Facultad de Comunicación de UADE fue más allá y marcó un límite para la regulación: “El objetivo debería ser reducir riesgos sin excluir a los menores de espacios que también cumplen funciones de información y socialización”. La frase apunta a un problema que muchas veces se pasa por alto: para millones de adolescentes, las redes no son solo entretenimiento. Son el lugar donde encuentran pares, información y, en algunos casos, contención emocional.

Por qué las restricciones por sí solas pueden resultar contraproducentes para los jóvenes

La experiencia internacional ya encendió luces de alerta. En Australia, las restricciones al acceso de menores a redes sociales provocaron un aumento en los reportes de aislamiento y angustia entre jóvenes que fueron excluidos de sus redes de contención. Investigadores como Christopher Ferguson advirtieron sobre los riesgos de privar a los adolescentes de sus entornos virtuales sin ofrecer alternativas reales.

Crettaz fue categórico al respecto: “No parece una buena política legislar desde el temor a la tecnología ni desde un criterio exclusivamente prohibicionista. Ese temor acompañó históricamente la aparición de muchos medios nuevos, desde la imprenta hasta el cine, la radio, la televisión y, más recientemente, Internet”.

Y agregó un punto que rara vez aparece en el debate público: “Tampoco debe perderse de vista la responsabilidad de la familia y de la escuela, actores centrales que casi nunca se mencionan cuando se abordan estos temas”. La observación apunta al corazón del asunto: si se prohíbe el acceso a redes pero no se reconstruyen los espacios de socialización presencial, el resultado más probable es el aislamiento, no la reconexión.

Cuando se elimina el acceso a redes sin construir antes alternativas concretas, los jóvenes no vuelven a encontrarse en plazas ni en clubes. Simplemente se aíslan. O buscan vías alternativas para acceder a las mismas plataformas, con lo que se genera un circuito de evasión que escapa a cualquier control regulatorio.

Un estudio publicado por Economía Sustentable ya había marcado el aumento de las consultas por trastornos de salud mental en la Argentina, un fenómeno que tiene conexión directa con la sobreexposición digital y el aislamiento social.

Deben las plataformas responder por el daño que generan sus algoritmos

El 80% de los encuestados exige que las empresas tecnológicas asuman un rol más activo en la protección de los usuarios. La demanda incluye que se responsabilice de manera directa a sus directivos por los daños que causan los algoritmos diseñados para capturar la atención a costa de la salud mental.

Crettaz planteó un enfoque más cauteloso pero no por eso menos firme: “Más que comenzar por grandes sanciones, parece razonable exigir transparencia, procedimientos de rendición de cuentas y responsabilidad cuando exista un daño concreto y demostrable. Una eventual regulación debería corregir riesgos específicos sin desalentar la innovación ni imponer barreras que terminen por perjudicar a empresas más pequeñas o nuevos competidores”.

El dilema es real. Si la Argentina impone sanciones económicas severas a las grandes plataformas, estas pueden optar por restringir servicios o directamente retirarse del mercado. Pero si no se les exige nada, el statu quo se perpetúa y los usuarios siguen expuestos a diseños adictivos que priorizan la rentabilidad por sobre el bienestar. Es la trampa en la que queda todo país mediano que intenta poner reglas a corporaciones que facturan más que su PBI.

Alcanza con regular las redes o hace falta reconstruir los espacios de encuentro

El informe del CIS cita al especialista Seth Kaplan, de la Universidad Johns Hopkins, quien sostiene que las plataformas digitales funcionan como sustitutos emocionales superficiales ante la pérdida de espacios comunitarios presenciales. Según esta tesis, las redes no crearon el problema: ocuparon un vacío que dejaron las instituciones y los vínculos cara a cara.

Crettaz coincidió con ese diagnóstico: “Regular nunca es suficiente, y menos en estos temas. La familia y la escuela son centrales, pero también lo son otros ámbitos de la comunidad, como bibliotecas, clubes, templos o centros culturales. Esos espacios también necesitan adaptarse a los tiempos digitales y ofrecer oportunidades de encuentro y pertenencia que permitan construir un mejor equilibrio entre la vida online y offline”.

El 58% de la sociedad argentina se inclina por esquemas intermedios de regulación con responsabilidad compartida entre Estado, plataformas y usuarios. Nadie quiere un Estado que censure, pero tampoco un mercado sin reglas donde las corporaciones tecnológicas deciden qué ven millones de personas en función de su rentabilidad.

Ya en 2023, un grupo de 140 jóvenes argentinos de entre 13 y 20 años elaboró un documento de políticas públicas donde incluyó la regulación tecnológica y la protección digital como ejes prioritarios.

Cuáles deberían ser los primeros pasos hacia una regulación en la Argentina

Crettaz propuso una hoja de ruta de tres etapas. “Primero, identificar el problema que se pretende resolver y contar con evidencia suficiente, porque el legislador siempre enfrenta la tentación de copiar modelos externos o sobrerregular”.

“Segundo, analizar si la regulación directa es realmente la mejor herramienta o si existen alternativas más sostenibles en el largo plazo, aunque sean más lentas y exigentes. La alfabetización mediática y digital, a la que ahora debe sumarse la alfabetización en inteligencia artificial, es clave para formar personas con criterio, capaces de verificar, contextualizar y tomar decisiones por sí mismas”, agregó.

“Tercero, si finalmente se considera necesaria una regulación, construirla mediante acuerdos amplios entre Estado, empresas, especialistas, instituciones educativas y sociedad civil, con reglas específicas, graduales y evaluables”, concluyó.

La propia encuesta del CIS muestra que la preferencia mayoritaria está en posiciones intermedias y no en los extremos. Los argentinos no piden ni libertad total ni control estatal absoluto. Piden reglas sensatas, aplicables y que pongan al usuario en el centro.

Mientras tanto, los 1.549 encuestados ya dejaron en evidencia lo que muchos sienten pero pocos traducen en datos: las redes sociales dejaron de ser una herramienta neutral y se convirtieron en un problema que necesita respuesta. La pregunta ya no es si hay que actuar, sino cómo hacerlo sin repetir los errores de quienes legislaron antes, desde el apuro o desde el miedo.