Acusan al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el desmonte de miles de hectáreas en Salta

Unas 1.300 hectáreas de monte nativo fueron desmontadas en poco más de dos meses en la zona de Tonono, en Salta. La destrucción quedó registrada en imágenes satelitales del 7 de julio y el 23 de septiembre, que muestran el cambio entre un área con vegetación y otra arrasada por las topadoras.

La documentación fue difundida por Greenpeace, que junto con la fundación Asociana y representantes legales de comunidades indígenas había solicitado informes sobre los desmontes. Según el medio Salta/12, que citó fuentes vinculadas al caso, hasta el momento la Secretaría de Ambiente provincial no había respondido esos pedidos.

El avance de las máquinas no solo implica la pérdida de bosque nativo. También amenaza el territorio, los medios de vida y las prácticas culturales de las comunidades wichí que habitan la zona, en un contexto de denuncias por la falta de controles y de información oficial sobre las intervenciones.

Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, cuestionó la actuación del gobierno provincial. “es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio, que implica arrasar con bosques en muy buen estado de conservación, y con el territorio y sustento de diez comunidades wichí”, afirmó.

La acusación de la organización apunta a la responsabilidad política por la continuidad de los desmontes y la falta de respuestas a los pedidos de información. Según Greenpeace, durante los últimos dos meses también se desmontaron más de 3.300 hectáreas en tres fincas cercanas a Tartagal.

Los casos señalados corresponden a Tonono, vinculada a Martín Morales; Alcoba, perteneciente a la empresa agropecuaria Desdelsur SA, de las familias Macera y Blaquier; y Caraguatá, propiedad de Estancia Tres Lagunas SA.

Desmonte en Salta y sus consecuencias para las comunidades wichí

La destrucción del monte afecta recursos que las comunidades utilizan para su subsistencia y que forman parte de su identidad cultural. Basilia Pérez, referente wichí y viuda del antropólogo John Palmer, documentó con fotografías y videos panales y nidos destruidos por las topadoras, además de plantas y otros espacios naturales afectados por el avance de las máquinas.

Entre los recursos dañados se encuentra el chaguar, una planta fundamental para la elaboración de tejidos tradicionales wichí. Su recolección y transformación forman parte de los conocimientos transmitidos entre generaciones y de una actividad que conecta la cultura con el territorio.

“Nosotros que somos pueblos originarios no conocemos lo que siembran los empresarios. Y somos tejedoras de la tierra, de saberes no escritos como el chaguar… necesitamos que pare el desmonte”, sostuvo Pérez.

La referente también alertó sobre los árboles destruidos y los posibles efectos de las actividades agrícolas que se desarrollan en la zona. “Acá están muchos árboles muertos. Los árboles tienen dueño y el aire se contamina cuando hay fumigaciones, porque después van a fumigar la cosecha que nosotros no conocemos”, agregó.

La pérdida de vegetación compromete, además, los hábitats de distintas especies y reduce la capacidad del ecosistema para sostener la biodiversidad. Cuando la transformación del territorio avanza sin controles suficientes, sus consecuencias pueden extenderse más allá del área desmontada y afectar las condiciones de vida de las poblaciones cercanas.

Uno de los puntos de mayor preocupación es el cementerio de Pozo Nuevo. Según Cruz, las máquinas habían dejado a salvo ese espacio, pero abrieron una picada junto a las viviendas de la comunidad. Los habitantes temen que el cementerio quede aislado por el desmonte y que se profundice la pérdida de su territorio ancestral.

La situación se agrava por las dificultades de acceso al agua potable. En Arenales, sobre la ruta nacional 86, los habitantes deben trasladar agua desde unos 40 kilómetros de distancia. De acuerdo con la denuncia, algunos bidones utilizados para transportarla habían contenido previamente agrotóxicos, mientras que los recipientes que esperaban recibir mediante una donación de UNICEF no habían llegado a la zona.

La falta de servicios básicos expone una desigualdad que condiciona las decisiones de las comunidades. En ese contexto, Greenpeace advirtió que algunas poblaciones se ven presionadas a aceptar intercambios que involucran el monte a cambio de acceder a un pozo de agua.

Ley de Bosques y desmontes en Argentina bajo cuestionamiento

Las denuncias en Salta se producen en medio de una discusión más amplia sobre las políticas de protección ambiental y el futuro de los bosques nativos en Argentina.

Greenpeace manifestó su preocupación por el fallo de la Corte Suprema que dejó firme el decreto presidencial que derogó la Ley de Tierras Rurales, una norma que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La organización también cuestionó la intención del Gobierno nacional de modificar la Ley de Bosques para flexibilizar los permisos de desmonte.

La posible flexibilización de los controles genera preocupación por sus efectos sobre ecosistemas que ya enfrentan presiones por la expansión de actividades productivas. La pérdida de bosques nativos no solo reduce la diversidad biológica, sino que también afecta los servicios ambientales que estos ecosistemas brindan, como la regulación del agua, la conservación de los suelos y el almacenamiento de carbono.

En el plano internacional, Argentina asumió en la Cumbre Climática de Glasgow de 2021 el compromiso de avanzar hacia la deforestación cero para 2030. Sin embargo, Greenpeace sostiene que el país todavía está lejos de cumplir esa meta y reclama una aplicación estricta de la legislación vigente.

“Argentina aún está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, firmado en la Cumbre Climática de Glasgow realizada en 2021. Ante esto, la flexibilización de la Ley de Bosques que promueve el gobierno nacional resulta inadmisible, ya que generará un aumento significativo de la deforestación. Por el contrario, es necesario implementarla en forma estricta; y avanzar en prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos”, afirmó Cruz.

Como parte de su campaña, la organización convocó a participar de la iniciativa “República de los siete bosques”, una plataforma que busca reunir a personas comprometidas con la protección de estos ecosistemas y alertar sobre las amenazas que enfrentan. La inscripción se realiza a través del sitio sietebosques.org.