El negocio turístico frente al glaciar Perito Moreno avanza entre cuestionamientos y dudas judiciales

El proyecto turístico previsto frente al glaciar Perito Moreno continúa en el centro de la controversia en Santa Cruz. La autorización excepcional del Gobierno provincial para concretar una operación inmobiliaria, los cuestionamientos de legisladores y una acción de amparo ante la Justicia Federal pusieron bajo discusión el futuro de un emprendimiento que busca desarrollarse en uno de los entornos naturales más sensibles de la Patagonia.

La iniciativa, denominada Master Plan Ecocentro, contempla infraestructura de alojamiento turístico sobre terrenos privados ubicados dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes. Aunque cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada en 2024, todavía enfrenta interrogantes jurídicos y administrativos que impiden considerar cerrada la discusión sobre su ejecución.

El principal punto de conflicto es la autorización otorgada por el gobernador Claudio Vidal para permitir la compraventa de los terrenos. La decisión habilita una operación entre empresas privadas, pero no constituye por sí misma un permiso general para construir ni elimina las exigencias ambientales que deben cumplirse para avanzar con el emprendimiento.

Las 21 hectáreas frente al glaciar Perito Moreno y la autorización del Gobierno de Santa Cruz

Los antecedentes administrativos del proyecto se remontan a 2023, cuando comenzó la tramitación del Master Plan Ecocentro ante el Consejo Agrario Provincial (CAP), organismo que interviene en la administración y conservación del área protegida.

La propuesta inicial contemplaba un desarrollo de mayor escala, pero durante su evaluación se solicitaron modificaciones para adecuarla a las condiciones establecidas en el Plan de Gestión de la reserva. La versión actualmente prevista incluye 24 cabañas, una capacidad máxima aproximada de 60 plazas, espacios comunes, senderos peatonales e infraestructura complementaria.

El 1 de septiembre de 2026, Vidal firmó el Decreto Provincial 915/2026, publicado en el Boletín Oficial el 22 de septiembre. La norma estableció una excepción, por única vez, a una restricción contemplada en el Decreto Provincial 994/2017, con el objetivo de permitir la compraventa de las tierras.

La operación involucra a Lacustre del Sud S.A., como vendedora, y ASB Hospitality Calafate SAU, como adquirente, vinculada a capitales de Emiratos Árabes Unidos.

La distinción es relevante: no se trata de una venta directa de tierras fiscales por parte del Estado provincial, sino de una transacción entre particulares que requería una autorización administrativa específica. El decreto también establece que la excepción se limita a esa operación y no puede utilizarse automáticamente como antecedente para otras solicitudes.

El alcance territorial de la medida quedó precisado con el Decreto Provincial 1019/2026, firmado el 25 de septiembre y publicado el 8 de octubre. La disposición modificó parcialmente la identificación de los inmuebles comprendidos en la operación y detalló dos parcelas.

La parcela G2 tiene una superficie de 11,7109 hectáreas y corresponde a la matrícula dominial 6548. La parcela G3 comprende 9,2881 hectáreas y está identificada con la matrícula 6549. En conjunto, los terrenos alcanzan las 20,999 hectáreas.

La modificación permitió individualizar con mayor precisión las propiedades involucradas, sin representar una nueva autorización para otra operación inmobiliaria.

Desde el Consejo Agrario Provincial se defendió el procedimiento y se señaló que el emprendimiento había sido evaluado durante varios años, con cambios respecto de su diseño original. Sin embargo, la autorización de la compraventa no resuelve por sí sola las preguntas sobre el alcance de las restricciones aplicables a los terrenos ni reemplaza los controles necesarios para ejecutar las obras.

La Declaración de Impacto Ambiental aprobada en 2024 constituye uno de los antecedentes del expediente, pero el proyecto debe continuar sujeto a la legislación vigente, los planes de manejo y las condiciones que establezcan las autoridades competentes.

El amparo judicial y los cuestionamientos ambientales que todavía debe resolver el proyecto

La decisión del Ejecutivo provincial llegó rápidamente a la Legislatura de Santa Cruz. El 24 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un pedido de informes para conocer los antecedentes técnicos, jurídicos y ambientales que respaldaron la autorización excepcional.

En respuesta, el Consejo Agrario Provincial remitió documentación del expediente CAP N.º 495.894/23, que reúne actuaciones vinculadas con el emprendimiento.

La discusión política se concentró en las facultades del Poder Ejecutivo para establecer la excepción, los fundamentos de la decisión y las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse una actividad turística dentro de un área natural protegida. Los cuestionamientos también apuntaron a la necesidad de examinar integralmente la documentación administrativa.

El 8 de octubre, el conflicto sumó una nueva instancia con la presentación de una acción de amparo ante el Juzgado Federal de Río Gallegos. La iniciativa fue impulsada por legisladores provinciales y representantes del Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS).

La presentación solicita una medida cautelar para impedir que avance la transferencia de las parcelas mientras se analizan los cuestionamientos jurídicos. Entre los argumentos expuestos figuran las restricciones relacionadas con la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, el alcance de las normas nacionales y provinciales y las condiciones administrativas y ambientales de la operación.

Los impulsores del amparo buscan frenar la escrituración, la inscripción registral, la entrega de la posesión y la ejecución de obras mientras se resuelve la controversia.

No obstante, la presentación judicial no equivale a una declaración de ilegalidad. Hasta la información pública disponible al momento de la presentación de la demanda, no se había confirmado una resolución definitiva sobre el fondo del caso ni la concesión de la medida cautelar solicitada.

A la discusión institucional se sumaron las declaraciones del intendente de El Calafate, Javier Belloni, quien pidió que empresarios y entidades vinculadas con el turismo expresen su posición sobre el futuro de la zona. El planteo incorpora al sector turístico a un debate que excede la operación inmobiliaria y alcanza la planificación de una actividad económica en un entorno de alto valor natural.