Denuncian al Rally Trasmontaña por avanzar sobre áreas protegidas sin autorización
La Comunidad Indígena Las Capillas del Pueblo Ocloya presentó una denuncia penal por el avance sobre territorio ancestral y las posibles consecuencias sobre las Yungas.
El Rally Trasmontaña de Enduro quedó bajo cuestionamiento judicial y ambiental en Jujuy luego de que se confirmara que la competencia se realizó sin las autorizaciones de la autoridad ambiental provincial. El evento convocó a más de 600 pilotos de Argentina y países limítrofes, pero su desarrollo en áreas protegidas de las Yungas y sectores urbanos de la capital provincial abrió un conflicto por el cumplimiento de la normativa ambiental y los derechos de las comunidades indígenas.
La Comunidad Indígena Las Capillas del Pueblo Ocloya presentó una denuncia penal con el respaldo del Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya. El caso también derivó en actuaciones ante el Juzgado Ambiental, mientras el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial inició procedimientos de fiscalización.
Las presentaciones cuestionan que la competencia se haya desarrollado sin los avales técnicos correspondientes y sin el consentimiento de los pobladores para avanzar sobre territorio ancestral. Las entidades organizadoras señaladas son la Asociación Jujeña de Enduro y Motocross (AJEM) y la firma Yungas Race, que podrían enfrentar responsabilidades administrativas y judiciales.
Entre los participantes de la competencia estuvo el diputado nacional por Jujuy de La Libertad Avanza, Manuel Quintar. Su presencia fue mencionada en el marco de la polémica, aunque la información disponible no permite atribuirle responsabilidades en la organización ni en las presuntas infracciones ambientales.
Rally Trasmontaña bajo la lupa por la falta de evaluación ambiental
Uno de los principales cuestionamientos es la ausencia de una evaluación de impacto ambiental previa, un procedimiento destinado a identificar posibles daños antes de autorizar actividades que puedan afectar ecosistemas sensibles.
Según informó el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, la declaración de interés legislativo aprobada por la Cámara de Diputados no reemplaza los permisos ambientales ni exime a los organizadores de cumplir con la Ley General de Medio Ambiente provincial N.º 5063.
La distinción es relevante porque el reconocimiento institucional de un evento no equivale a una autorización para desarrollarlo en cualquier territorio. Cuando una actividad se realiza en áreas naturales protegidas, deben evaluarse sus posibles efectos y cumplirse los requisitos establecidos por la normativa vigente.
En este caso, las autoridades informaron que desplegaron operativos de fiscalización durante el fin de semana y que mantendrían las actuaciones administrativas para determinar las eventuales infracciones y aplicar las sanciones correspondientes.
Entre los impactos que deberán evaluarse se encuentran los posibles daños en las selvas en galería y los cursos de agua. El tránsito de motocicletas fuera de los caminos habilitados puede generar alteraciones en el suelo, afectar la vegetación y perturbar los ambientes naturales. La magnitud de cualquier daño concreto deberá establecerse mediante las inspecciones y los informes técnicos correspondientes.
La falta de una evaluación previa también plantea un problema de control: sin un análisis anticipado, resulta más difícil establecer las condiciones necesarias para reducir los impactos, definir recorridos permitidos y exigir medidas de prevención a los organizadores.
La denuncia por el enduro en las Yungas también cuestiona el avance sobre territorio indígena
El conflicto no se limita a la protección de la biodiversidad. La denuncia presentada por la Comunidad Indígena Las Capillas del Pueblo Ocloya también pone en discusión el desarrollo de actividades deportivas en territorio ancestral sin el consentimiento de sus pobladores.
La participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios es un aspecto central cuando se proyectan actividades capaces de modificar sus condiciones ambientales y sociales. Por eso, el caso deberá considerar tanto el cumplimiento de los requisitos ambientales como los planteos vinculados con los derechos de los pueblos indígenas.
La controversia expone una tensión recurrente entre la organización de eventos deportivos, el uso del territorio y la conservación de ecosistemas sensibles. Aunque estas competencias pueden movilizar turismo y actividad económica, esos beneficios no eliminan la obligación de cumplir las normas ni de prevenir daños ambientales.
Ahora, las actuaciones administrativas y judiciales deberán determinar las responsabilidades de los organizadores y establecer si hubo afectaciones que requieran medidas de reparación. También será clave conocer los resultados de los controles oficiales y las eventuales sanciones.
