YPF lleva 27 años sin resolver un reclamo por contaminación en Ensenada
La Justicia reconoció el daño ambiental y ordenó su recomposición, pero el expediente todavía espera una definición de la Corte Suprema.
En 1999, Pedro Salagre, Jorge Mario Pezado y Miguel Ángel Casadas iniciaron una demanda contra YPF por la contaminación de los canales que rodean la Refinería La Plata, en la localidad de El Dique, partido bonaerense de Ensenada. Veintisiete años después, el conflicto judicial continúa abierto y la recuperación ambiental todavía depende de una resolución definitiva.
El reclamo se centra en el Canal Lateral Oeste, conectado con el Canal Lateral Este y el Río Santiago, en las inmediaciones del Polo Petroquímico de Berisso y Ensenada. Los demandantes solicitaron que cesara la contaminación y se reparara el ambiente afectado, además de reclamar por los perjuicios particulares.
En febrero de 2022, la Justicia Federal reconoció la existencia de daño ambiental y atribuyó responsabilidades a YPF, al Estado Nacional y a otras empresas vinculadas con el complejo industrial. El fallo abrió el camino para exigir medidas de recomposición, aunque la disputa judicial continuó en las instancias posteriores.
La Justicia ordenó recomponer el canal contaminado de Ensenada
El 29 de agosto de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, integrada por los jueces César Álvarez y Jorge Eduardo Di Lorenzo, confirmó la obligación de recomponer el Canal Lateral Oeste.
La resolución alcanzó a YPF, al Estado Nacional, a Petroquímica Cuyo —ex Petroken— y a Garovaglio y Zorraquín, continuadora de Ipako. Una vez que la sentencia quede firme, las partes deberán presentar un plan de recomposición ambiental dentro de los 60 días.
El documento tendrá que establecer las acciones necesarias para recuperar el ambiente afectado, prevenir nuevos daños y definir los plazos de ejecución. La evaluación y supervisión estarán a cargo de organismos ambientales y del Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica de la Universidad Nacional de La Plata, bajo control judicial.
Sin embargo, la Cámara revocó el reconocimiento de las indemnizaciones por daños individuales que había establecido la sentencia de primera instancia. De esta manera, diferenció la obligación de reparar el ambiente de los reclamos particulares de los vecinos.
El caso vuelve a poner en discusión la responsabilidad de las empresas y del Estado frente a los pasivos ambientales acumulados durante décadas de actividad industrial. El reconocimiento judicial del daño constituye un paso importante, pero no equivale a que la contaminación haya sido remediada.
La demora también expone una dificultad recurrente en los conflictos ambientales: los procesos judiciales pueden extenderse durante años, mientras la recuperación de los ecosistemas queda supeditada a la resolución de las disputas legales y a la ejecución de las medidas ordenadas.
YPF vinculó los reclamos ambientales con posibles obligaciones económicas
El expediente volvió a cobrar relevancia después de que trascendiera documentación presentada por YPF a sus accionistas en febrero de 2026. Según informó el diario El Día, la compañía reconoció la existencia de litigios relacionados con daños derivados de la contaminación en el entorno de la Refinería La Plata que podrían generar obligaciones económicas adicionales.
En esa documentación, la petrolera también sostuvo que los estudios de los sedimentos de los canales indicaban que una parte mayoritaria de los hidrocarburos acumulados se habría depositado antes de 1991, cuando la empresa todavía estaba bajo administración estatal.
La antigüedad de los contaminantes forma parte de la discusión sobre cómo deben distribuirse las responsabilidades entre YPF y el Estado Nacional. Sin embargo, establecer cuándo se produjo la contaminación no resuelve por sí solo la necesidad de recuperar el ambiente ni determina automáticamente quién debe afrontar cada obligación.
El conflicto se desarrolla en uno de los principales complejos industriales del país, donde la actividad petroquímica y energética convive con cursos de agua que pueden recibir contaminantes de origen industrial. Durante el proceso judicial se incorporaron estudios y pericias para analizar la presencia y acumulación histórica de sustancias contaminantes en los canales próximos a la refinería.
La discusión, por lo tanto, excede a las empresas demandadas. También involucra el papel de los organismos de control, la prevención de nuevos episodios de contaminación y la capacidad del Estado para garantizar que las obligaciones ambientales se traduzcan en acciones concretas.
Según la información periodística publicada en octubre de 2026, el expediente permanece pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de los recursos extraordinarios presentados contra la sentencia de Cámara.
La decisión del máximo tribunal será determinante para definir el alcance definitivo de las obligaciones discutidas y las condiciones para avanzar con su cumplimiento.
