Mientras la región acelera hacia la movilidad eléctrica, Argentina sigue con el freno puesto
Entre recortes y medidas dispersas, la política ‘motosierra’ argentina ofrece algunos beneficios a la movilidad eléctrica, pero sin un plan nacional claro que realmente impulse la transición hacia los vehículos eléctricos.
Mientras varios países de América Latina avanzan con políticas concretas para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica, Argentina apenas aplica dos de las siete medidas que la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) identifica como las más efectivas para promover esta tecnología.
En la región, los gobiernos han implementado instrumentos normativos con incentivos al uso de vehículos eléctricos, como exenciones tributarias, tarifas preferenciales, beneficios de circulación y facilidades de estacionamiento. Estas medidas buscan reducir las emisiones contaminantes y dinamizar la industria automotriz, al tiempo que fortalecen los compromisos climáticos de los países.
Las siete medidas que recomienda OLADE
De acuerdo con OLADE, existen siete políticas sobresalientes que se están aplicando en América Latina y el Caribe para fomentar el desarrollo de la electromovilidad:
- Subsidio al valor de compra: incentivo económico otorgado por el Estado o entidades privadas para reducir el costo de adquisición de vehículos eléctricos.
- Exención o reducción de impuesto de importación: eliminación o disminución de aranceles o impuestos aplicables a la importación de vehículos eléctricos, sus componentes o estaciones de carga.
- Exención de peajes y estacionamientos: acceso gratuito o con tarifa reducida a peajes o estacionamientos públicos.
- Exención de restricciones vehiculares: permite que los vehículos eléctricos estén libres de medidas de circulación como el “pico y placa” o el “no circula”.
- Tarifa eléctrica preferencial: precio reducido en el costo por kWh destinado a la carga de vehículos eléctricos.
- Regulación de centros de carga: normas técnicas y administrativas para la instalación y operación de cargadores.
- Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica: plan integral de política pública para fomentar el desarrollo de la movilidad eléctrica.
Qué medidas están vigentes en Argentina
En Argentina, solo dos de estas medidas están vigentes. Una de ellas es la exención del arancel de importación, que elimina el 35% del impuesto sobre el valor FOB. La medida establece un cupo anual de 50.000 unidades para vehículos cuyo valor no supere los 16.000 dólares FOB.
La segunda corresponde a la reducción o exención del impuesto a la patente, que depende de cada jurisdicción. Algunas como Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Neuquén, Entre Ríos, Río Negro, San Juan y Santa Fe eximen totalmente del pago, mientras que otras, como Chubut y San Luis, aplican descuentos parciales.
En paralelo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sumó otro beneficio: la exención total del pago de peajes en autopistas y autovías para autos eléctricos, y un descuento del 50% para los híbridos. Se trata de una medida local que refuerza el incentivo a la transición hacia vehículos de bajas emisiones, aunque su impacto económico aún es limitado.
El debate entre la “motosierra” de Milei y la movilidad eléctrica
El exdiputado nacional por el PRO Juan Carlos Villalonga, referente en materia de energías renovables y medioambiente, sostiene a Economía Sustentable que el problema central de la Argentina es la falta de decisión política.
“Todo lo que sea política de transición energética en Argentina está devaluado por el pensamiento mismo del gobierno. Tenemos autoridades que niegan el cambio climático”, afirmó.
Villalonga consideró que la actual quita de aranceles a la importación “no fue adoptada con una mirada de transición energética”, sino con intenciones desregulatorias para reflejar la “motosierra”. De igual manera, “es una buena medida que trae beneficios al sector, aunque su trasfondo no sea la promoción de la movilidad eléctrica”.
El especialista agregó que la falta de previsibilidad en gestiones anteriores también perjudicó al sector: “Tal como estaba planteada la medida en las gestiones anteriores, no le permitía a las automotrices establecerse en la venta de este tipo de tecnología porque dependían de la renovación de un decreto cada seis meses. No les permitía pensar a largo plazo”.
Qué otras medidas podría adoptar Argentina
En su análisis, Villalonga anticipa que las iniciativas futuras podrían llegar “de rebote”, es decir, como efectos colaterales de otras políticas económicas, o bien desde los gobiernos provinciales.
“En lo que resta de la presidencia de Milei podemos esperar medidas de rebote que beneficien al sector, y aquellas que puedan tomar los gobiernos provinciales, como la exención de pago de patente o peajes. Son impactos mínimos, más significativos que económicos”, señaló.
A su vez, consideró que sería posible avanzar hacia regulaciones más ambiciosas. “Podrían tomarse decisiones más radicales, como ocurre en otros países, por ejemplo que en ciertas zonas urbanas solo ingresen vehículos eléctricos o híbridos. Pero esto solo se puede hacer si el mercado crece en ese sentido, acompañado de una política nacional que trabaje para la reducción de costos”, advirtió.
Villalonga remarcó que, con un parque eléctrico tan pequeño como el argentino, cualquier medida restrictiva sin apoyo estatal sería contraproducente. “Cuando el parque eléctrico es tan pequeño como el nuestro, si se toman medidas de este estilo son más punitivas que de promoción”, enfatizó.
¿Qué hizo Brasil para posicionarse como líder en ventas?
En contraste con la situación local, Brasil se consolidó como el mayor mercado de vehículos eléctricos de América Latina, con un crecimiento de 119 veces en los últimos cuatro años.
Además de atraer inversiones de fabricantes como BYD, el país implementó el programa Mobilidade Verde e Inovação (MOVER), que promueve la innovación tecnológica y la eficiencia energética mediante incentivos fiscales para fabricantes e inversionistas que cumplan estándares de bajas emisiones y reciclabilidad.
El marco brasileño también establece metas obligatorias de eficiencia energética, reciclabilidad y reducción de emisiones de CO₂ a partir de 2025 y hasta 2031, además de regular la comercialización de servicios de recarga para vehículos eléctricos.
