Representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén formularon cargos a dos empresarios y un empleado que, mientras estaban a cargo de la operación de una planta de residuos peligrosos, simularon ganancias por la realización de tratamientos que no se concretaron, con el objetivo de obtener ventajas patrimoniales. //Mirá también: Denuncian un nuevo derrame de petróleo en Bahía Blanca La empresa acusada es la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima (Comarsa) y la maniobra investigada, que abarca desde 2014 hasta la actualidad sobre un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital, consiste en haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población. Los empresario pertenecen a la empresa Comarsa. Según la teoría de la Fiscalía, la empresa recibía residuos hidrocarburíferos provenientes de la explotación petrolera y entregaba a la empresa YPF certificados de haber tratado esos residuos y realizado la disposición final, cuando en realidad esos residuos no eran tratados. «Ante reiteradas denuncias de los vecinos, la empresa presentó un plan para el tratamiento de esos residuos y el traslado de la planta a una nueva sede de tratamiento cerca de la localidad de Añelo», informó el MPF a través de un comunicado. Ese plan tampoco se respetó y «la planta de parque industrial quedó abandonada, dejando un pasivo ambiental de más de 300.000 m2 de residuos sin tratar», precisaron los fiscales. Cuánto deberán pagar Además de acusar a quienes apuntaron como responsables por la maniobra, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Julieta González solicitaron un embargo de los bienes de la empresa y de dos de los imputados «hasta cubrir un total de U$7.000.000″. //Mirá también: La Alianza por un Ártico Limpio insta a recortar emisiones de carbono del transporte marítimo Los imputados son Juan Manuel Luis, presidente de la empresa desde el 1 de abril de 2014, accionista mayoritario y controlante de Comarsa; Héctor Emilio Basilotta, director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y tuvo funciones delegadas de administración y control; y F.A.P, quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016 fue gerente general y responsable técnico de la firma, y reportaba en forma directa a los otros dos acusados. Los fiscales solicitaron un embargo de los bienes de la empresa y de dos de los imputados «hasta cubrir un total de U$7.000.000». Desde la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales se les atribuyó «contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta». La acusación también es impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén(APDH), ambas entidades en carácter de querellantes particulares. El juez de garantías Mauricio Zabala declaró la causa como compleja y estableció un plazo de investigación de un año. Además, dictó embargos de bienes y la prohibición de salir del país para los tres imputados.
