Argentina utiliza 167 agrotóxicos que está prohibidos en otros países
Un informe advierte que 35 de estas sustancias son altamente peligrosas para la salud y el ambiente. El uso de plaguicidas creció 1.657%.
Argentina mantiene autorizado el uso de 167 agrotóxicos prohibidos en otros países, de los cuales 35 están clasificados como Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) según los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los datos surgen de una investigación de Agencia Tierra Viva, que advierte sobre el crecimiento del uso de sustancias químicas en el modelo agroindustrial argentino y sus posibles consecuencias para la salud y el ambiente.
El informe señala que el país utiliza anualmente alrededor de 580 millones de litros de productos fitosanitarios, entre herbicidas, insecticidas y otros compuestos destinados al control de malezas y plagas. Entre las sustancias identificadas figuran principios activos asociados con riesgos de toxicidad, alteraciones hormonales y posibles efectos cancerígenos, dependiendo del producto y las condiciones de exposición.
La investigación también identifica a algunas de las principales empresas que comercializan estos productos en el mercado argentino. Entre ellas aparecen Syngenta, Bayer, Adama, Corteva y Atanor, compañías que participan en un sector vinculado directamente con la producción de cereales, oleaginosas y distintas economías regionales.
La permanencia de sustancias prohibidas en otras jurisdicciones pone bajo discusión los criterios utilizados para autorizar su comercialización en Argentina. Aunque las decisiones regulatorias pueden variar entre países, la existencia de restricciones internacionales plantea interrogantes sobre la evaluación de riesgos y los mecanismos de control aplicados a nivel local.
El problema adquiere una dimensión mayor cuando se considera la cercanía entre las áreas agrícolas y las localidades rurales. En distintas provincias, las aplicaciones de agroquímicos próximas a viviendas, escuelas y cursos de agua generaron denuncias de vecinos y conflictos judiciales por posibles episodios de exposición.
El uso de plaguicidas en Argentina aumentó 1.657% en tres décadas
La expansión del modelo agroindustrial estuvo acompañada por un incremento considerable en la utilización de productos químicos. Según los datos recopilados por Agencia Tierra Viva, entre 1990 y 2022 el volumen de plaguicidas utilizados en Argentina pasó de 35 millones a 580 millones de kilogramos o litros, según la forma de medición de cada producto.
Esto representa un aumento del 1.657% en poco más de tres décadas, una evolución que supera ampliamente el crecimiento de la superficie cultivada y de la producción agrícola durante el mismo período.
Mientras el uso de plaguicidas se multiplicó, la superficie sembrada con cereales y oleaginosas aumentó un 117%, y la producción creció un 269%.
La diferencia entre estos indicadores muestra que el incremento de los productos químicos no respondió únicamente a la incorporación de nuevas tierras a la actividad agrícola, sino también a una mayor intensidad de uso dentro de los sistemas productivos.
De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) citado en la investigación, en los aproximadamente 36 millones de hectáreas cultivadas del país se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y otros 350 millones de litros de productos fitosanitarios.
Entre los principios activos más utilizados y cuestionados aparecen el glifosato, el paraquat, la atrazina, el 2,4-D y la cipermetrina. Estas sustancias cumplen distintas funciones dentro de la producción agrícola, principalmente para controlar malezas e insectos que afectan los cultivos.
Sin embargo, su utilización también genera preocupaciones por los posibles efectos sobre la biodiversidad, la calidad del suelo, los recursos hídricos y las poblaciones expuestas.
El glifosato, por ejemplo, ocupa un lugar central en el sistema agrícola argentino debido a su utilización en cultivos extensivos. Otros compuestos, como el paraquat y la atrazina, enfrentan restricciones o prohibiciones en diferentes países por sus perfiles de riesgo sanitario y ambiental.
El uso de estos productos no se limita a las grandes explotaciones de soja, maíz y trigo. También alcanza a actividades regionales como la horticultura y el cultivo de tabaco, donde las condiciones de aplicación y la cercanía con trabajadores y comunidades pueden incrementar las posibilidades de exposición.
El crecimiento del consumo de plaguicidas plantea, además, una discusión económica sobre la dependencia del sector agrícola respecto de los insumos químicos y los costos ambientales y sanitarios que pueden quedar fuera de los balances productivos.
Qué son los Plaguicidas Altamente Peligrosos y cuáles son sus riesgos
La FAO y la OMS establecieron criterios internacionales para identificar a los Plaguicidas Altamente Peligrosos, una categoría que reúne sustancias con niveles particularmente elevados de peligro para la salud humana o el ambiente.
Según el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, adoptado en 2013, estos productos pueden presentar riesgos agudos, asociados con exposiciones de corta duración, o efectos crónicos que se manifiestan después de períodos prolongados.
La Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN) incorpora criterios adicionales para evaluar la peligrosidad de estas sustancias. Entre ellos se encuentran la posibilidad de provocar daños graves o irreversibles por inhalación, la alteración del sistema endocrino y la persistencia de los compuestos en el ambiente.
También considera su capacidad de acumularse en organismos vivos y sus efectos sobre especies acuáticas y polinizadores, especialmente las abejas, que cumplen un papel fundamental en la producción de alimentos y el funcionamiento de los ecosistemas.
De los 167 agrotóxicos utilizados en Argentina que están prohibidos en otros países, 35 fueron identificados como altamente peligrosos de acuerdo con los criterios internacionales mencionados en la investigación.
Esta clasificación no implica que todos los productos generen los mismos efectos ni que cualquier exposición produzca necesariamente un daño. Sin embargo, advierte sobre peligros que requieren medidas de prevención, controles específicos y evaluaciones rigurosas antes de autorizar su utilización.
El Código Internacional de la FAO y la OMS contempla la posibilidad de prohibir la importación, distribución, venta y compra de plaguicidas altamente peligrosos cuando las medidas disponibles para reducir los riesgos resultan insuficientes.
En Argentina, la discusión también involucra las condiciones de aplicación y la protección de las comunidades cercanas a las zonas productivas.
La exposición puede producirse durante la manipulación de los productos, a través del contacto con superficies tratadas o por la dispersión de sustancias fuera de las áreas donde fueron aplicadas.
En particular, las fumigaciones próximas a zonas habitadas representan uno de los principales motivos de preocupación para las comunidades rurales. La posibilidad de que los productos alcancen viviendas, establecimientos educativos o fuentes de agua dio lugar a reclamos por mayores distancias de protección y controles sobre las aplicaciones.
Las diferencias entre las regulaciones provinciales y municipales también forman parte del problema, ya que las restricciones y los mecanismos de fiscalización no son uniformes en todo el territorio nacional.
La investigación de Agencia Tierra Viva expone así una contradicción del sistema productivo argentino: mientras numerosos países decidieron retirar determinados principios activos de sus mercados, Argentina continúa permitiendo su utilización en actividades agrícolas.
La situación mantiene abierto el debate sobre la actualización de las autorizaciones, la disponibilidad de información pública sobre los productos comercializados y la necesidad de evaluar alternativas que permitan reducir la dependencia de sustancias peligrosas sin comprometer la producción de alimentos.
