El basural de Villa La Angostura acumula denuncias y los vecinos reclaman controles sobre el arroyo Calfuco

Vecinos de Villa La Angostura impulsan una denuncia ambiental por el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Basura municipal y sus posibles efectos sobre el arroyo Calfuco. La iniciativa busca que las autoridades retomen los controles, publiquen información sobre el estado del predio y cumplan las medidas de cierre y remediación establecidas por ordenanza.

El reclamo se sustenta en antecedentes técnicos y administrativos que se remontan a 2018. Entre ellos figuran un diagnóstico encargado por el propio Municipio, una ordenanza que dispuso la clausura de una celda y una inspección provincial que registró problemas en el sistema de tratamiento de líquidos lixiviados.

Los impulsores de la campaña advierten que, pese a esos antecedentes, no encontraron documentación que acredite el cumplimiento integral de las medidas previstas ni controles recientes suficientes para determinar el estado actual del arroyo.

La presentación no afirma que exista una contaminación comprobada en la actualidad. Su principal cuestionamiento es la falta de monitoreo actualizado que permita conocer qué ocurre con los líquidos generados por los residuos y si existe riesgo de que lleguen al curso de agua.

Basural de Villa La Angostura y los informes que advirtieron fallas en el tratamiento de lixiviados

La historia del predio comenzó antes de la puesta en marcha del Centro Ambiental. En 1991, la Ordenanza 442/91 destinó tres lotes ubicados sobre la Ruta Nacional 40 al funcionamiento de un basurero municipal, bajo una modalidad experimental que contemplaba la realización de un estudio de impacto ambiental.

Según la documentación reunida por los vecinos, no consta la realización de aquel estudio. En septiembre de 2013 comenzó a funcionar el Centro Ambiental, construido con financiamiento vinculado al préstamo BID 1868/OC-AR. El proyecto contemplaba una celda impermeabilizada, una pileta para líquidos lixiviados y una planta de separación de residuos.

Uno de los antecedentes centrales del reclamo es un diagnóstico técnico realizado en septiembre de 2018, contratado por el Municipio mediante el Decreto 2285/2018. El trabajo evaluó el funcionamiento del sistema de tratamiento y la posibilidad de que los líquidos llegaran al arroyo Calfuco.

El informe describió limitaciones en la capacidad de almacenamiento y tratamiento. Según sus estimaciones, la tasa de evaporación era cercana a cero y el volumen acumulado podía superar la capacidad disponible, con la posibilidad de que los líquidos desbordaran hacia el arroyo por distintos puntos.

El relevamiento también indicó que algunas cañerías no existían y que los aireadores no funcionaban. Además, estimó que sobre la celda caían alrededor de 13.000 metros cúbicos de lluvia al año, frente a una capacidad de almacenamiento de 800 metros cúbicos en la pileta.

El documento incluyó un proyecto de adecuación cuyo costo se estimó entre 731.000 y 1.062.000 dólares. Los vecinos sostienen que las obras propuestas no se concretaron.

La documentación también incorpora un análisis de laboratorio de octubre de 2018, identificado como ensayo 10540, que registró una concentración de plomo de 6.505 microgramos por litro en el líquido de la pileta. Ese resultado corresponde a una muestra puntual y no permite, por sí solo, establecer el estado actual del arroyo.

En 2019, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 3614, que reconoció los problemas de capacidad del sistema de tratamiento de lixiviados y estableció la clausura, el cierre y la remediación de la celda. La norma también obligó al Ejecutivo municipal a presentar informes semestrales.

De acuerdo con los promotores de la denuncia, no encontraron constancias de un acto formal de clausura ni de la presentación de los informes durante los años siguientes. También señalan que distintas ordenanzas aprobadas entre 2023 y 2025 reiteraron las obligaciones de informar.

La inspección provincial y los proyectos de cierre que siguen bajo cuestionamiento

El 30 de marzo de 2021, la Dirección Provincial de Fiscalización Hídrica inspeccionó el predio a raíz de una denuncia vecinal. El relevamiento registró problemas de mantenimiento en la pileta de lixiviados, bombas de recirculación fuera de funcionamiento y una celda sin cobertura de tierra.

El documento también indicó que se desconocía si el sistema contaba con freatímetros, dispositivos utilizados para controlar las aguas subterráneas. En las muestras tomadas de la pileta se analizaron distintos parámetros, entre ellos plomo, cadmio, hierro y demanda química de oxígeno (DQO). Para este último indicador, el informe registró 1.004 miligramos por litro.

Sin embargo, la inspección no detectó afectación en el arroyo durante esa jornada. Esa conclusión estuvo limitada a las condiciones de escurrimiento y atmosféricas observadas en el momento de la visita.

Los vecinos sostienen que la inspección se realizó durante un día seco de otoño y consideran necesario repetir los análisis, especialmente durante episodios de lluvia. Según la documentación que recopilaron, no hay mediciones posteriores que permitan establecer la situación actual del curso de agua.

Otro antecedente es el proyecto ejecutivo de 2021 denominado Reordenamiento, Clausura y Cierre Técnico del Ex Módulo DF. La propuesta incluía la cobertura de la celda, el tratamiento de lixiviados, la construcción de un muro impermeable cerca del arroyo y la instalación de seis pozos de monitoreo.

El presupuesto estimado ascendía a $72.999.555 a valores de 2021. Los promotores de la campaña afirman que no encontraron documentación que permita acreditar que el proyecto haya sido formalmente aprobado, contratado o ejecutado.

La situación del predio también se vio afectada por un incendio ocurrido el 28 de enero de 2024, que dañó la cinta transportadora, los motores y la tolva de la planta de separación. El Decreto municipal 469/2024 autorizó una contratación de hasta $50 millones vinculada con esos daños.

Según la documentación reunida por los vecinos, la maquinaria no fue repuesta. En julio de ese año, el Decreto 1783/2024 autorizó la contratación de un alambrado para la zona de la pileta de lixiviados por $1.700.000.

La campaña también cita un informe técnico de 2021 que consignó la quema de unas 750 toneladas mensuales de residuos forestales entre mayo y noviembre. A estos antecedentes se suma la ubicación del predio, que limita en tres de sus lados con el Parque Nacional Nahuel Huapi, un factor que refuerza la necesidad de prevenir riesgos ambientales.

Qué reclaman los vecinos por el arroyo Calfuco y cómo adherir a la denuncia ambiental

La falta de controles periódicos sobre el arroyo Calfuco es uno de los principales ejes de la presentación. Según la información recopilada por los vecinos, la red oficial de monitoreo del lago Nahuel Huapi cuenta con 30 estaciones, 16 de ellas en la zona de Villa La Angostura, pero ninguna está ubicada en el arroyo.

Por eso, la campaña solicita cinco medidas concretas dirigidas al Municipio y a las autoridades provinciales.

La primera es realizar análisis independientes del agua de la pileta de lixiviados y del arroyo Calfuco, con especial atención a las condiciones de lluvia. Los vecinos proponen utilizar los mismos cinco puntos de muestreo empleados por la Provincia en 2021 para facilitar la comparación de resultados.

También exigen la presentación de un plan de monitoreo ambiental que permita conocer el estado de las aguas subterráneas y determinar si existen pozos adecuados para realizar esos controles. En ese punto, invocan las obligaciones previstas en la Ley provincial 2648.

Otro pedido es concretar la clausura y remediación de la celda, con un cronograma de trabajo y financiamiento definido, en cumplimiento de la Ordenanza 3614/2019. A esto se suma la exigencia de presentar los informes semestrales establecidos por la normativa municipal.

Los impulsores calculan que podrían estar pendientes alrededor de trece informes desde diciembre de 2019, aunque esa cifra corresponde a su reconstrucción de los antecedentes y deberá contrastarse con los registros oficiales.

Por último, solicitan que la Provincia retome las tareas de fiscalización y evalúe qué medidas corresponden dentro de sus competencias.

El funcionamiento del sistema de tratamiento también tiene una dimensión económica. La campaña señala que los residuos que no se procesan en el predio se trasladan a Alicurá. De acuerdo con el Decreto 764/2026, el costo citado para esa disposición es de $72.208 por tonelada.

Los vecinos buscan reunir adhesiones para respaldar la presentación y exigir respuestas sobre la gestión de los residuos, el mantenimiento de la infraestructura y la protección de los cursos de agua cercanos.

Quienes quieran sumarse pueden hacerlo a través del sitio https://basural-vla.netlify.app/. Según los organizadores, el procedimiento requiere completar los datos personales solicitados y no implica pagar una suma ni realizar un trámite presencial.