Un basural de la provincia de Buenos Aires quedó bajo la lupa de la Justicia
Un ambientalista advirtió sobre la acumulación de basura, los olores y la presencia de vectores en Tapalqué, y pidió medidas para evitar que siga el depósito sin un tratamiento.
El funcionamiento de Tapalim, el predio destinado a la disposición de residuos en Tapalqué, quedó bajo análisis judicial luego de una denuncia presentada por el ambientalista Martín Acosta ante la UFI N.º 24. El planteo cuestiona las condiciones del lugar y la continuidad de una actividad que, según el denunciante, genera impactos sobre los vecinos y el ambiente.
En declaraciones a LU32, Acosta sostuvo que el predio funciona como un basural a cielo abierto dentro de la planta urbana. Según explicó, comenzó a operar en 1997 y durante sus primeros años contaba con tareas de separación y reciclado de materiales, pero con el tiempo se produjo una acumulación creciente de residuos.

El ambientalista afirmó que actualmente el predio se encuentra colapsado y remarcó que no reúne las características de un relleno sanitario. Según su denuncia, el lugar no cuenta con las condiciones técnicas ni con el tratamiento que debería tener una instalación destinada a la disposición adecuada de residuos.
La ubicación es otro de los puntos cuestionados. Acosta señaló que el predio se encuentra próximo a viviendas, cabañas, un restaurante y el complejo termal de Tapalqué. También describió la presencia de grandes cantidades de residuos y tierra y sostuvo que los vecinos de la zona están expuestos a olores y a distintos vectores asociados con la acumulación de basura.
Denuncia por el basural a cielo abierto de Tapalqué
Según relató Acosta, durante los últimos años realizó distintos reclamos ante autoridades municipales y planteó la necesidad de encontrar una solución para el predio. Entre los organismos a los que recurrió mencionó al Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el área municipal de Ambiente.
El ambientalista aseguró que desde el Municipio se habría reconocido la necesidad de trasladar el predio, aunque sostuvo que esa medida todavía no se concretó. Ante la falta de avances que, según su versión, se produjo después de los reclamos, decidió llevar el caso a la Justicia.
La denuncia quedó radicada en la UFI N.º 24, a cargo del fiscal Ignacio Calonje, y cuenta con el patrocinio del abogado Alexander Áquila.
Entre las medidas que Acosta espera que se analicen figura una posible medida cautelar para impedir que continúe el depósito de residuos sin el tratamiento correspondiente o, alternativamente, avanzar con el traslado del predio.
En su presentación también cuestionó el accionar de funcionarios municipales y planteó que podría existir una omisión en el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la gestión de los residuos y la protección ambiental. Se trata de afirmaciones formuladas por el denunciante que deberán ser evaluadas por la Justicia durante la investigación.
El reclamo vuelve a poner en discusión un problema frecuente en la gestión de residuos urbanos: la continuidad de sitios de disposición ubicados cerca de zonas habitadas y la capacidad de los municipios para garantizar un tratamiento adecuado de los residuos que generan sus comunidades.

Contaminación del arroyo Tapalqué también está bajo investigación
Durante la entrevista, Acosta también se refirió a otra causa judicial relacionada con la presunta contaminación del arroyo Tapalqué, que tramita ante la misma fiscalía.
Según explicó, el expediente lleva varios años y recientemente se incorporaron informes vinculados con análisis bacteriológicos realizados por la empresa Copeletri. El ambientalista sostuvo que, de acuerdo con su interpretación de esos resultados, continuarían registrándose valores elevados de contaminación.
La situación deberá ser analizada dentro de esa investigación judicial, al igual que los elementos incorporados al expediente.
Ambas denuncias plantean cuestionamientos sobre la gestión ambiental en Tapalqué, aunque se trata de investigaciones diferentes. En el caso del predio de residuos, la presentación busca que se determine si las condiciones actuales de disposición generan incumplimientos y qué medidas deberían adoptarse para reducir los posibles impactos sobre la población y el ambiente.















