Greenpeace creó una “república” para defender los bosques argentinos
La organización presentó una iniciativa para sumar ciudadanos a la defensa de los ecosistemas nativos y reclamar contra una posible flexibilización de la Ley de Bosques.
Como parte del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, la organización ambientalista Greenpeace presentó la “República de los Siete Bosques”, una iniciativa que busca que la ciudadanía conozca los ecosistemas forestales de la Argentina, defienda la ley que los protege y reclame la prohibición y penalización de la destrucción de bosques nativos.
La propuesta fue presentada como una “micronación” que busca conformar una comunidad protectora de los bosques y mantenerla alerta frente a las distintas amenazas que enfrentan estos ecosistemas.
“Es grave e inconstitucional que el gobierno nacional impulse la modificación de la Ley de Bosques con el objetivo de facilitar aún más desmontes. De aprobarse, la deforestación aumentará significativamente ya que sólo estará prohibida en el 20% de la superficie de bosques del país. Frente a esto, creamos la República de los Siete Bosques, una plataforma de participación ciudadana para conocer y defender nuestro último refugio”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace en un comunicado.
El manifiesto fundacional de la iniciativa destaca el “orgullo de que Argentina cuente con siete tipos de bosques de gran belleza, diversidad biológica y cultural, abarcando 50 millones de hectáreas: del Gran Chaco a los Bosques Andino Patagónicos; de la Selva de Yungas a la Selva Misionera; del Monte al Espinal, hasta el Delta e islas del Paraná”.
Al mismo tiempo, el documento expresa preocupación ante “la impunidad con la que continúan desmontes e incendios forestales, provocando desaparición de especies, crisis climática, inundaciones, desalojos de comunidades indígenas y campesinas, y pérdidas de alimentos y medicinas”.
Greenpeace también cuestionó la pérdida de superficie de bosques registrada durante las últimas décadas y la intención de modificar la normativa vigente.
“Con la indignación de que empresas agropecuarias, forestales y urbanísticas, con la complicidad de los gobiernos, colocaron a Argentina entre los 15 países con más deforestación del mundo, generando la pérdida de 8 millones de hectáreas de bosques en las últimas tres décadas, la superficie de una provincia entera; con alarma por la intención del gobierno nacional de modificar la Ley de Bosques para permitir muchos más desmontes, en lugar de establecer su penalización; alzamos nuestra voz, ponemos el cuerpo y nos comprometemos a defender nuestro último refugio”, señala el documento.
La organización también hizo referencia a una situación que, según indicó, documentó recientemente en Salta.
“Recientemente documentamos en Salta a dos topadoras arrasando el bosque con cadenas enormes, en territorio de comunidades wichí de la ruta 86, cerca de Tartagal. Es evidente que Argentina aún está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, firmado en la Cumbre Climática de Glasgow realizada en 2021. Ante esto, la flexibilización de la Ley de Bosques resulta inadmisible. Por el contrario, es necesario implementarla en forma estricta; y avanzar en prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos”, afirmó Cruz.
Presupuesto 2027 de Milei y caída de las partidas ambientales
El reclamo de Greenpeace se da en paralelo al debate sobre el proyecto de Presupuesto 2027. Según un análisis publicado por FARN, se advierte una caída del 26,8% en las partidas ambientales respecto de 2023, con recortes en áreas como bosques nativos, prevención sísmica y saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
De acuerdo con el análisis, la Subsecretaría de Ambiente sufrirá una reducción del 10,84% respecto de 2026 y del 84,3% en comparación con 2023. Además, el programa de “Articulación y Educación Ambiental” directamente dejó de figurar en el proyecto presupuestario.
El documento sostiene que las funciones de “Ecología y desarrollo sostenible” y “Agua Potable y Alcantarillado” representan menos del 0,13% y el 0,11%, respectivamente, del presupuesto total de la Administración Pública Nacional.
En contraste, el pago de la deuda pública y sus intereses representa el 9,21% del presupuesto. Según el análisis, esto implica que por cada $100 presupuestados, el Estado destinaría $9 al pago de deuda mientras que las funciones vinculadas con ecología, agua potable y alcantarillado recibirían menos de 24 centavos.
