Una científica del INTA investigó el impacto de los agroquímicos en la salud y terminó sancionada por el INTA

La científica e ingeniera agrónoma Virginia Aparicio investigó durante años la exposición a los plaguicidas en productores, vecinos y consumidores como parte de un proyecto internacional avalado por el INTA.

En una entrevista con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos, relató que, después de obtener los primeros resultados, el organismo se retiró del proyecto, le inició un sumario y finalmente ratificó su exoneración de la administración pública.

“Este proyecto en el que participé estaba avalado por la institución”, explicó Aparicio. Según contó, se había firmado un convenio con el consorcio SPRINT, integrado por instituciones públicas de Europa y el INTA de Argentina, para estudiar la presencia de plaguicidas en el ambiente y en organismos humanos.

El proyecto había obtenido financiación pública de la Comisión Europea. “Primero concursamos por financiación pública en la Comisión Europea, así que las partidas de dinero vinieron de Europa para hacer esta investigación”, explicó la investigadora.

Según relató, el consorcio atravesó además los procesos de evaluación de la Comisión Europea en materia ética, financiera y de procedimientos de investigación, con informes favorables.

Qué determinó la investigación que involucró productores, vecinos y consumidores

La investigación incluyó voluntarios de distintas comunidades del sudeste de la provincia de Buenos Aires y de ciudades como Tres Arroyos, Balcarce y Necochea.

En Argentina, el estudio contemplaba hasta 70 participantes divididos en tres grupos. Un tercio eran productores agropecuarios, algunos de producción convencional y otros agroecológicos; otro tercio eran vecinos de esos productores que no tenían relación con el sistema productivo; y el último grupo estaba integrado por consumidores.

“La lógica de esto era tener un muestreo que iba desde quien está más expuesto, porque los usa los productores, a los que solamente podrían estar expuestos porque consumen agua, alimentos o lo respiran”, explicó Aparicio.

Los voluntarios entregaron muestras biológicas, entre ellas materia fecal, orina y sangre. Además, utilizaron durante una semana unas pulseras destinadas a registrar la exposición a sustancias presentes en el ambiente.

“Pusimos unas pulseritas, pedimos que los voluntarios usen una pulserita durante toda una semana y se analizó la pulsera”, contó.

Según su relato, los análisis permitieron detectar la presencia de más de 20 plaguicidas.

“Pudimos ver que están en contacto, no importa dónde vivan, con más de 20 plaguicidas todo el tiempo”, sostuvo.

La investigadora aseguró que la exposición no se limitaba a quienes trabajan directamente con agroquímicos. Como parte del estudio también se analizaron muestras del polvo de los hogares.

“Les pedimos que por favor barrieran durante una semana sus pisos como siempre. Nos dieron el polvo ese, lo analizamos y ahí también había más de un plaguicida”, explicó.

La exposición no se limitaría a las zonas rurales

Ante la consulta de Tenembaum sobre si una persona que vive en el centro de una ciudad también podía estar expuesta, Aparicio respondió que sí.

“No importa si es un productor agropecuario o si es una vecina que vive en el centro de Mar del Plata. La exposición es generalizada”, afirmó.

La científica explicó que el objetivo del trabajo no era solamente detectar la presencia de plaguicidas, sino avanzar posteriormente en el análisis de sus posibles efectos.

La segunda etapa del proyecto debía involucrar a médicos y toxicólogos para estudiar las combinaciones de sustancias encontradas y determinar qué consecuencias podían tener sobre la salud.

“Una vez que nosotros sabemos cuáles son las combinaciones que aparecen en las diferentes matrices, trabajar desde el punto de vista médico y toxicológico con médicos y toxicólogos que estaban en el proyecto”, señaló.

Según Aparicio, esa etapa debía analizar “qué perjudica, si las mezclas potencian ese perjuicio, qué tipo de enfermedad está asociada”.

El conflicto con el INTA

De acuerdo con el relato de la investigadora, los inconvenientes comenzaron después de que se obtuvieron los primeros resultados.

“Una vez que tenemos los datos, empiezo a tener algunos problemas, como por ejemplo suspender la reunión en la que iba a comentar los datos a los voluntarios que participaron”, relató.

Después, según explicó, el INTA solicitó salir del consorcio. A fines de 2023, la institución inició un sumario en su contra que, según Aparicio, terminó con la ratificación de su exoneración de la administración pública por parte del Consejo Directivo del INTA. “Esa es la historia resumida”, señaló.

La investigadora cuestionó especialmente que los voluntarios que habían entregado muestras para el estudio no pudieran conocer los resultados.

“La comunidad que participó altruistamente de la investigación nos dio sus muestras de materia fecal, de orina, de sangre, se quedó con el sinsabor de participar de algo que después no se le explica”, afirmó.

Para Aparicio, el problema excede su situación personal y alcanza a la salud pública. “Si uno va teniendo información que nos ayuda a producir un poco mejor y a vivir un poco mejor y a reducir el contacto con los plaguicidas que utilizamos en el agro, tendría que poderse difundir y discutir y no censurar”, sostuvo.

Qué pasó con el proyecto

Aunque el INTA dejó de participar, Aparicio explicó que la investigación continuó en Europa y que algunos de los datos obtenidos en Argentina siguieron siendo utilizados.

“Cuando INTA solicita que salgamos de la propuesta de proyecto, en Europa se sigue investigando, se siguen utilizando incluso nuestros datos porque es parte del convenio que teníamos”, contó.

Según la investigadora, posteriormente se publicaron trabajos científicos que encontraron asociaciones entre determinados plaguicidas y algunos problemas de salud.

“Tenemos efectos, hay asociación entre algunas enfermedades, algunos tipos de cáncer, el Alzheimer, con algunos de los plaguicidas que nosotros estamos utilizando”, afirmó como sucedió en Pergamino.

Aparicio mencionó además el caso de la atrazina como ejemplo de un producto que continúa utilizándose en Argentina y que, según señaló, está prohibido en Uruguay.

Por qué hay que reducir la exposición a plaguicidas

Además de estudiar la exposición, Aparicio planteó la necesidad de avanzar hacia prácticas productivas que permitan reducir el uso de plaguicidas.

“Desde lo que me toca a mí como ingeniera agrónoma es trabajar en prácticas que conduzcan a reducir esa dependencia que tiene el agro con los plaguicidas”, explicó.

La investigadora señaló que algunos productos se utilizan de manera preventiva o siguiendo calendarios de aplicación, aunque, según sostuvo, existen herramientas agronómicas que permitirían evitar determinadas aplicaciones.

“Hay algunos que se usan como un calendario de aplicación, y no tienen sentido porque hay herramientas que nos permiten no utilizarlo”, afirmó.

Al cierre de la entrevista, Aparicio agradeció el espacio y el apoyo recibido durante el proceso.

“Yo lo que quiero es que los datos se usen, que Argentina sea realmente interesante, un lindo país para vivir desde el punto de vista ambiental, que es el que me atañe a mí”, concluyó.