Una nueva denuncia ambiental vuelve a poner al Ingenio Marapa bajo la lupa
Vecinos de Juan Bautista Alberdi registraron situaciones preocupantes cerca del complejo azucarero San Salvador y reclamaron controles para determinar qué ocurrió y cuál fue su eventual origen.
Una nueva denuncia ambiental volvió a poner el foco sobre el sur de Tucumán. Esta vez, la preocupación surgió en Juan Bautista Alberdi, donde vecinos del Barrio Sur registraron una serie de situaciones en las inmediaciones del Complejo Azucarero San Salvador, establecimiento conocido históricamente como Ingenio Marapa.
A partir de esos registros, AVE FÉNIX – Organización Ambiental presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Medio Ambiente de Tucumán y solicitó la intervención de los organismos provinciales para determinar qué está ocurriendo en la zona.
La presentación fue recibida oficialmente por la Dirección de Fiscalización Ambiental y quedó registrada bajo el Expediente N.º 952/621/AF/2026.
La organización acompañó el reclamo con fotografías, registros audiovisuales y antecedentes municipales, policiales y técnico-epidemiológicos. El objetivo es que esa documentación sea analizada por las autoridades y que se realicen estudios sobre el terreno para determinar si existe una afectación ambiental.
Denuncia ambiental en Juan Bautista Alberdi y pedido de controles
AVE FÉNIX evitó atribuir de manera anticipada los hechos a una causa determinada. En lugar de señalar directamente a una actividad o establecimiento como responsable, pidió que sean los organismos competentes los que establezcan técnicamente qué ocurrió.
Para ello, la organización reclamó inspecciones, monitoreos, mediciones y muestreos que permitan determinar la naturaleza de los fenómenos denunciados. Entre los aspectos que deberían establecerse se encuentran su composición, concentración y eventual origen.
La diferencia resulta relevante: por el momento existe una denuncia ambiental respaldada por documentación aportada por vecinos, pero serán los análisis y controles oficiales los que deberán determinar si efectivamente hubo una afectación y, en ese caso, cuál fue su causa.
El reclamo vuelve a instalar además una discusión histórica en Juan Bautista Alberdi: cómo garantizar la continuidad de una actividad industrial de gran importancia económica para la región sin que las comunidades que viven en sus alrededores queden expuestas a posibles impactos ambientales.
Ingenio Marapa y los antecedentes por contaminación ambiental
La preocupación actual tampoco aparece en un territorio sin antecedentes. El Ingenio Marapa forma parte desde hace décadas de la actividad productiva del sur tucumano y actualmente integra el Complejo Alimenticio San Salvador.
En los últimos años se registraron distintos reclamos ambientales relacionados con el funcionamiento del establecimiento. Uno de los antecedentes se remonta a 2012, cuando organizaciones ambientalistas denunciaron presuntos vuelcos de vinaza, un residuo líquido generado durante la producción de alcohol a partir de la caña de azúcar.
El caso fue vinculado con el arroyo Matazambi y con la problemática ambiental que durante años atravesó la cuenca Salí-Dulce, uno de los principales sistemas hídricos del norte argentino. Aquella situación formó parte de un conflicto de mayor escala que involucró a organizaciones, vecinos y autoridades de Tucumán y Santiago del Estero por la contaminación de cursos de agua y los posibles impactos asociados a los residuos de la actividad azucarera.
Los antecedentes también alcanzaron al aire. En 2019, AVE FÉNIX presentó denuncias relacionadas con la presencia de hollín y partículas en las inmediaciones del Ingenio Marapa. Vecinos de Juan Bautista Alberdi habían expresado entonces su preocupación por las emisiones provenientes de la actividad industrial y por su posible impacto sobre las viviendas cercanas.
La problemática volvió a adquirir relevancia en 2020, cuando vecinos del sur tucumano denunciaron episodios que fueron descriptos como una “lluvia negra”, debido a la presencia de partículas oscuras y hollín sobre viviendas y espacios abiertos.
En ese contexto también hubo cuestionamientos relacionados con las emisiones de las calderas de los ingenios. En el caso de Marapa, se informó que el establecimiento debió detener temporalmente su producción para realizar reparaciones en los filtros.
La nueva denuncia vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a las localidades del sur de Tucumán: cómo compatibilizar una actividad azucarera históricamente vinculada al desarrollo económico de la región con controles ambientales capaces de proteger a las poblaciones cercanas.
El problema tampoco se limita a las emisiones atmosféricas. La producción azucarera genera residuos y subproductos que requieren tratamiento y control, entre ellos la vinaza, cuyo manejo generó durante años conflictos ambientales en Tucumán por sus posibles efectos sobre los cursos de agua.
Juan Bautista Alberdi se encuentra además en una región vinculada a la cuenca Salí-Dulce, que se extiende desde Tucumán hacia Santiago del Estero. Por eso, los controles sobre la actividad industrial tienen implicancias que pueden superar el entorno inmediato de una fábrica e involucrar la protección de arroyos, ríos, suelos y otros ecosistemas.
Ahora, el expediente administrativo abierto tras la presentación de AVE FÉNIX deja la investigación en manos de las autoridades provinciales. La organización pidió que se controle el área y se determine qué fueron exactamente los fenómenos registrados, qué sustancias o partículas estuvieron involucradas, en qué concentración se encontraban y cuál fue su eventual origen.
Por el momento, no existe una conclusión oficial que atribuya los nuevos hechos al complejo azucarero. Lo que sí existe es una denuncia formal, documentación aportada por vecinos y un expediente que deberá ser analizado por los organismos ambientales de Tucumán.
La respuesta, en definitiva, deberá surgir de los controles y estudios que realicen las autoridades. En una zona con antecedentes de reclamos por emisiones, hollín y residuos de la actividad azucarera, la nueva denuncia vuelve a poner bajo la lupa la capacidad del Estado para controlar los posibles impactos ambientales y garantizar que producción y protección ambiental puedan convivir.















