La Asamblea de Vecinos Autoconvocados sostiene que la contaminación ambiental es un problema histórico en la zona y denuncia que algunos de sus integrantes enfrentan causas judiciales.

La organización Nuevo Ambiente pidió frenar las obras que la Municipalidad de Ensenada ejecuta sobre la costa de Punta Lara al advertir que no cuentan con estudios ambientales obligatorios.

El secretario general del SIPGER, Rafael Güenchenen, rechazó la denuncia judicial presentada en su contra y sostuvo que el verdadero debate debería centrarse en los presuntos daños ambientales, el abandono de áreas operativas y el cumplimiento de la legislación provincial.

A más de dos años del abandono de un pozo petrolero en Lomas de Olmedo, la organización ambientalista sostiene que persisten la contaminación del suelo, el agua y el aire, mientras reclama que la provincia haga públicos los estudios realizados y presente un plan de remediación.

Vecinos de los barrios Alejandro Centeno y Los Ángeles lograron que la Justicia recategorice como amparo ambiental una demanda contra la Municipalidad de Córdoba y el boliche Unplugged. Reclaman controles, un estudio de impacto ambiental y garantías para proteger la salud y el descanso de quienes viven en la zona.

Un propietario y un ingeniero ambiental denuncian que un predio frente al río Paraná funciona desde hace años como basural ilegal y que allí se habrían arrojado sustancias químicas peligrosas.

La cartera ambiental santafesina afirmó que no existen permisos para la disposición de residuos en los terrenos de la presa del Ludueña y señaló que constató la presencia de camiones municipales y actividades incompatibles con la normativa ambiental.

La presentación fue realizada por una vecina del barrio y apunta a posibles impactos ambientales y sanitarios vinculados a fumigaciones en campos cercanos. La Fiscalía Federal confirmó el inicio de una investigación preliminar.

La Justicia investiga posibles incumplimientos ambientales en el circuito de La Plata. La denuncia apunta al almacenamiento de combustibles y fluidos que no respetarían las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

Por incumplir la Ley de Bosques y alterar suelos sin permiso, la provincia ordenó el cese total de actividades a la empresa. La medida pone en riesgo el calendario de inversiones de la temporada mientras se evalúa la magnitud del impacto ecológico.