Greenpeace alerta por desalojos y desmontes en territorios de comunidades indígenas de distintas provincias
La organización ambientalista advirtió sobre el avance de desalojos, desmontes y actividades extractivas en territorios indígenas de distintas provincias.
La organización ambientalista Greenpeace Argentina emitió un comunicado en el que manifestó su “preocupación ante el aumento de desalojos y desmontes en territorios de comunidades indígenas en varias provincias” y alertó que son “facilitados por decisiones judiciales y gubernamentales que vulneran derechos consagrados en la Constitución Nacional y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Desde la entidad señalaron que algunas de las comunidades indígenas recientemente afectadas o amenazadas por desalojos y desmontes son la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, en Misiones; la Comunidad Kolla Santa Rosa, en Jujuy; las Comunidades Wichí de la Ruta 86 y la Comunidad Diaguita Calchaquí Las Pailas, en Salta; la Comunidad Lule Finca Las Costas, también en Salta; la Comunidad Vilela El Tunal, en Santiago del Estero; las comunidades mapuche Kinxiquew y Melo, en Neuquén; la Comunidad Mapuche Buenuleo, en Río Negro; la Comunidad Mapuche Malal Pincheira, en Mendoza; y la Comunidad Mapuche Kurrache, en Chubut.
En este sentido, recordaron que “la Constitución Nacional, en su artículo 75, reconoce ‘la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos’ y dicta que se debe ‘garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones'”.
En tanto, sumaron que la Ley Nacional de Bosques (26.331) establece en su artículo 19 que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de los bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.
Qué pide Greenpeace para proteger los territorios indígenas
Desde Greenpeace sostuvieron que “apoyan la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo el derecho específico de autodeterminación, libertad, paz y seguridad, como individuos y colectivamente como pueblos distintos, y al consentimiento libre, previo e informado para las decisiones que los afectarán, inclusive sobre cualquier proyecto en sus territorios tradicionales, y particularmente en relación con la exploración, el desarrollo, la utilización o explotación de minerales, maderas, peces, agua o de otros recursos”. “Los pueblos indígenas no deben ser desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios tradicionales”, sentenciaron.
La organización apoya “la búsqueda de un acuerdo justo y equitativo de los derechos indígenas pendientes, así como de cuestiones relacionadas con los títulos y reclamos constitucionales, como pilar fundamental para el desarrollo de sociedades sustentables”.
Avance de los conflictos en distintas provincias
Como venimos contando en Economía Sustentable, distintas comunidades indígenas atraviesan conflictos vinculados con sus territorios y denuncian desmontes, avances de actividades productivas, proyectos mineros y desalojos en diferentes provincias del país.
En Salta, comunidades indígenas de la zona de Tartagal denuncian el avance de topadoras en territorios ancestrales, presentaron una denuncia penal contra la empresa agropecuaria Desdelsur S.A. y reclaman respuestas de la Secretaría de Ambiente de la provincia sobre las autorizaciones para realizar tareas en la zona.
En Río Negro, la expansión de la megaminería avanza sobre un territorio donde las comunidades mapuche reclaman respuestas que, según denuncian, todavía no llegan: qué efectos puede tener la actividad extractiva sobre la salud de quienes viven allí y, particularmente, sobre las mujeres en edad fértil.
En Neuquén, en tanto, el conflicto por los territorios mapuche volvió a escalar. Un operativo de desalojo en territorios ocupados por las comunidades Lof Kinxikew y Lof Melo, ubicadas en el paraje Coihue-Brazo Huemul, sobre la Ruta Nacional 40, entre Villa La Angostura y Bariloche.
La tensión también volvió a crecer en las montañas del oeste de la provincia de Catamarca. La Comunidad Indígena de Peñas Negras, perteneciente al Pueblo Diaguita, denunció en Instagram un nuevo intento de ingreso de la empresa minera Elevado Gold S.A. a su territorio ancestral y decidió mantenerse en estado de alerta y asamblea permanente.
