Millonaria megaobra para la línea F de subte enfrenta un duro examen por su impacto ambiental
La obra más ambiciosa del gobierno de Jorge Macri que unirá Barracas con Palermo como parte de una inversión de u$s1.350 millones y genera dudas ambientales.
Durante años, la discusión sobre la futura Línea F del Subte giró alrededor de su costo, de las sucesivas demoras, del financiamiento internacional, de las expropiaciones necesarias y de la decisión política de convertirla en la obra insignia de la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora apareció un nuevo frente que amenaza con convertirse en uno de los más sensibles del proyecto y que se vincula con el impacto ambiental de la obra.
De hecho, el gobierno porteño acaba de realizar una convocatoria a una audiencia pública para analizar precisamente el Estudio de Impacto Ambiental de la iniciativa.
La decisión marca el ingreso formal de la obra al terreno donde hoy se juegan gran parte de los grandes proyectos de infraestructura en el mundo. Es que ya no alcanza con demostrar que una obra es técnicamente viable o económicamente rentable sino que también debe acreditar que puede ejecutarse minimizando sus efectos sobre el ambiente, el patrimonio urbano y la calidad de vida de quienes conviven con ella.
Por eso, el próximo 18 de agosto, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) realizará esa audiencia, un procedimiento obligatorio previsto por la Ley 123 de Evaluación de Impacto Ambiental antes de emitir el Certificado de Aptitud Ambiental.
Aunque su resultado no tiene carácter vinculante, la instancia permitirá que vecinos, universidades, organizaciones sociales y especialistas cuestionen o respalden los estudios oficiales antes del comienzo de las obras.
Una obra con impacto ambiental
En las últimas dos décadas, las grandes ciudades del mundo endurecieron los requisitos ambientales para proyectos de metro y ferrocarriles urbanos.
Por caso, el Banco Mundial, que financia este tipo de infraestructura en numerosos países, exige que las evaluaciones no se limiten al inicio de la obra, sino que contemplen la identificación, prevención, mitigación y monitoreo permanente de los riesgos ambientales y sociales durante todo el ciclo del proyecto.
Esa tendencia responde a una realidad cada vez más evidente debido a que las obras que ayudan a combatir el cambio climático también pueden generar impactos ambientales significativos mientras se construyen.
En el caso de la Línea F será, probablemente, la intervención más importante sobre la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires desde la construcción de la Línea H.
El proyecto prevé una traza de casi 11 kilómetros entre Barracas y Palermo, con doce estaciones —Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Junín, Pueyrredón, Parque Las Heras, Ecoparque y Pacífico— y ocho combinaciones con el resto de las líneas de Subte y los ferrocarriles Roca y San Martín.
La Ciudad calcula que será la línea con mayor demanda potencial de toda la red, permitiendo redistribuir pasajeros, aliviar la saturación de otros corredores y reducir tiempos de viaje.
Para financiarla, la Legislatura porteña ya autorizó un endeudamiento de hasta u$s1.350 millones, mientras continúa pendiente el tratamiento legislativo del paquete de expropiaciones necesarias para construir accesos, estaciones e instalaciones técnicas.
Qué dice el Gobierno de Jorge Macri sobre el impacto ambiental de la Línea F
El discurso oficial para defender la obra pone el acento en los beneficios ambientales futuros con argumentos vinculados a que una línea de subte completamente electrificada puede reducir miles de viajes diarios en automóvil, disminuir el consumo de combustibles fósiles y contribuir a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte urbano.
Sin embargo, esa es apenas una parte de la ecuación ya que desde otro punto de vista se hace mención a que excavar casi 11 kilómetros de túneles bajo algunos de los barrios más densamente urbanizados del país supone intervenir un subsuelo extremadamente complejo, remover enormes volúmenes de tierra, instalar obradores durante varios años, incrementar el tránsito pesado y utilizar maquinaria de gran porte con elevados consumos energéticos.
Por esa razón, los estándares internacionales actuales exigen que obras de esta magnitud incorporen planes específicos para controlar emisiones de polvo, ruido, vibraciones, calidad del aire, protección de napas, gestión de residuos, eficiencia en el uso de recursos y participación permanente de las comunidades afectadas.
En otras palabras, la discusión ya no consiste solamente en preguntarse si conviene construir un subte, sino cómo construirlo sin trasladar los costos ambientales a los vecinos y al entorno urbano.
El verdadero examen para la Línea F
En los pliegos técnicos históricos del proyecto aparecen ya identificados sitios potencialmente contaminados a lo largo de la traza y que el contratista debía realizar estudios ambientales específicos (Fase I y eventualmente Fase II) para determinar si existían contaminantes en los suelos antes de comenzar determinadas excavaciones.
Se trata de un antecedente que vuelve a cobrar importancia que se vincula a la posible presencia de suelos contaminados. En consultas realizadas durante anteriores procesos licitatorios, el gobierno porteño informó que se encontraba desarrollando un Estudio Ambiental de Fase I sobre una franja de 250 metros a cada lado de la traza, con el objetivo de identificar sitios potencialmente contaminados.
La documentación también anticipaba que, en caso de detectarse indicios de contaminación, el futuro contratista debería ejecutar Estudios de Fase II.
Se trata de trabajos mucho más complejos para determinar la presencia de hidrocarburos, metales pesados u otros contaminantes que pudieran condicionar la excavación o exigir tratamientos especiales para los materiales extraídos.
No se trata de una posibilidad menor si se tiene en cuenta que la futura línea atravesará sectores de Barracas y Constitución que durante décadas concentraron actividades ferroviarias, depósitos, talleres, industrias y playas de maniobras, usos históricamente asociados a potenciales pasivos ambientales.
Si durante las excavaciones aparecieran suelos contaminados, ya no bastaría con retirar la tierra mediante camiones.
La normativa obliga a aplicar procedimientos específicos para su caracterización, transporte y disposición final, con costos y controles ambientales mucho más exigentes.
Hasta el momento, la Ciudad no difundió públicamente los resultados de esos estudios preliminares ni informó si se identificaron sectores que requieran tratamientos especiales durante la construcción.
Otro aspecto que seguramente será observado durante la audiencia pública es si el Estudio de Impacto Ambiental incorpora los resultados de esos estudios de Fase I y si identifica expresamente los sitios potencialmente contaminados detectados.
De no hacerlo, organizaciones ambientales podrían reclamar que esa información sea pública antes de la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental.
Las advertencias de especialistas sobre el impacto ambiental de la Línea F
La audiencia pública será obligatoria, pero no vinculante. Es decir, el Gobierno de la Ciudad no estará obligado a modificar el proyecto en función de las observaciones que presenten vecinos, organizaciones ambientales o especialistas.
Esa característica es, precisamente, uno de los puntos que suele generar mayor discusión entre quienes trabajan en temas ambientales.
Diversas organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostienen que las evaluaciones de impacto ambiental deben ser procesos abiertos, transparentes y con participación ciudadana efectiva, y no una instancia meramente formal cuando las decisiones principales ya fueron adoptadas.
Ese criterio también está alineado con el Acuerdo de Escazú, vigente en la Argentina, que fortalece el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
En ese contexto, la discusión sobre la Línea F excede ampliamente el recorrido del futuro subte y se fundamenta en conocer si el estudio presentado por la Ciudad contempla con suficiente profundidad todos los impactos que una obra de esta magnitud puede generar durante los próximos años y si esos impactos serán monitoreados de manera independiente.
Lo que enseñan Madrid, Londres y París en construcción de subtes
Los expertos también reclaman aprender de las grandes capitales que ampliaron sus redes de metro durante las últimas décadas y que debieron enfrentar problemas muy similares a los que hoy aparecen en Buenos Aires.
En Madrid, las ampliaciones de la red incorporaron controles geotécnicos permanentes para detectar movimientos del terreno y proteger edificios históricos situados sobre la traza.
En Londres, la construcción de la línea Elizabeth (Crossrail) obligó a instalar miles de sensores para medir asentamientos del suelo y vibraciones casi en tiempo real, debido a que el túnel atravesaba sectores con edificios patrimoniales, infraestructura ferroviaria y servicios esenciales.
En París, el megaproyecto Grand Paris Express, uno de los mayores emprendimientos ferroviarios de Europa, transformó la gestión ambiental en uno de los ejes centrales de la obra.
Allí no sólo se monitorean ruido, calidad del aire y aguas subterráneas, sino que además se desarrollaron programas para reutilizar buena parte de los millones de toneladas de tierra extraídas, reduciendo así el transporte de residuos y las emisiones asociadas.
Lo que pretenden copiar es que el impacto ambiental de un subte no depende únicamente del diseño del túnel, sino del nivel de control aplicado durante toda la construcción.
Las preguntas todavía sin respuestas
De todos modos, hasta ahora, el gobierno porteño difundió el llamado a la audiencia pública y parte de la documentación técnica, pero todavía existen interrogantes que seguramente aparecerán durante el debate.
Entre ellos saber cuál será el destino definitivo de todo el material excavado; cómo se controlará la calidad del agua extraída de las napas; qué protocolos se aplicarán si durante las excavaciones aparecen suelos contaminados por antiguas actividades industriales.
También, cómo se protegerán los edificios patrimoniales ubicados sobre la traza; si habrá monitoreo público y en tiempo real de ruido, vibraciones y calidad del aire y si se publicarán periódicamente los resultados ambientales para que puedan ser consultados por vecinos y organizaciones.
Los críticos preparan además preguntas para saber qué plan existe para minimizar la huella de carbono de una obra de semejante magnitud, a modo de preguntas habituales en los grandes proyectos internacionales, pero todavía poco frecuentes en el debate argentino sobre infraestructura.
Oportunidad para elevar el estándar ambiental
Paradójicamente, la Línea F puede convertirse en una oportunidad para que Buenos Aires actualice la forma en que ejecuta sus grandes obras públicas.
Especialistas en infraestructura sostenible sostienen que ya no alcanza con construir cumpliendo los requisitos mínimos legales.
Aseguran que hoy las mejores prácticas internacionales apuntan a incorporar auditorías ambientales independientes, monitoreo continuo, acceso público a la información, reutilización de materiales, reducción de emisiones y mecanismos de diálogo permanente con las comunidades afectadas.
Ese enfoque resulta especialmente relevante porque la Línea F atravesará algunos de los barrios más poblados de la Ciudad y su construcción demandará varios años de excavaciones, obradores, transporte de materiales y movimientos de maquinaria pesada.
La audiencia pública prevista para agosto será, por lo tanto, mucho más que un paso administrativo previo al inicio de las obras. Será el primer escenario donde se pondrá a prueba si la Ciudad está dispuesta a someter el proyecto a un verdadero escrutinio ambiental o si la evaluación terminará funcionando como un requisito formal dentro de un proceso cuyos principales aspectos ya fueron definidos.
Construir sin dejar una deuda ambiental
Pese a las advertencias, los especialistas coinciden en que la Línea F es una obra necesaria ya que Buenos Aires tiene una de las redes de subterráneos más antiguas de América Latina, pero también una de las que menos creció en las últimas décadas.
La incorporación de una nueva línea permitiría redistribuir pasajeros, aliviar corredores hoy saturados, mejorar la conexión entre el sur y el norte de la Ciudad y ofrecer una alternativa de transporte eléctrico frente al uso masivo del automóvil.
Desde una perspectiva climática, esos beneficios son innegables si se tienen en cuenta diversos estudios internacionales que muestran que ampliar las redes de transporte público masivo reduce el consumo de combustibles fósiles, disminuye las emisiones de dióxido de carbono y mejora la calidad del aire urbano cuando logra reemplazar viajes realizados en vehículos particulares.
Sin embargo, para que esos beneficios sean reales, el proyecto debe superar el desafío de que la sustentabilidad no empiece el día en que circula el primer tren, sino desde el primer día de la obra.
Por eso apuestan a que la audiencia pública del próximo 18 de agosto se transforme en una oportunidad para elevar el estándar ambiental de las obras públicas porteñas.
En este sentido, proponen incorporar compromisos concretos que excedan lo exigido por la normativa vigente como la publicación periódica de los monitoreos ambientales; auditorías técnicas independientes; control permanente de la calidad del aire, del ruido y de las vibraciones.
Del mismo modo, reclaman seguimiento del comportamiento de las napas; planes específicos para reducir la huella de carbono de la construcción; reutilización de parte del material excavado bajo criterios de economía circular; protección efectiva del arbolado urbano y mecanismos de información permanente para vecinos y comerciantes afectados por las obras.
Hasta hace pocos meses las preguntas giraban alrededor del financiamiento, las demoras de la licitación, las expropiaciones o los cambios introducidos por el Gobierno porteño en la conducción del proyecto.
Ahora el foco comienza a desplazarse a saber qué costo ambiental tendrá construir la obra más ambiciosa del Subte en varias décadas sin poner en duda la necesidad del proyecto.
El objetivo es impedir que la mega obra deje un pasivo ambiental que pueda generarse si durante su construcción no se controlan adecuadamente las emisiones de polvo, el manejo de residuos, la protección de las napas, las vibraciones, el patrimonio urbano y la calidad de vida de los barrios atravesados por la obra.
