Destinan cerca de u$s200 millones para transformar basurales a cielo abierto en ecoparques

Según cálculos oficiales, en la Argentina existen actualmente 5.000 basurales a cielo abierto, lo que significa, en promedio, más de dos basurales por municipio.

Generalmente, se trata de lugares de disposición de basura carentes de control de operación y con escasas o nulas medidas de protección y que, por lo tanto implican uno de los riesgos ambientales y sanitarios más urgentes de nuestro país.

Para las autoridades, los basurales de este tipo generan un problema de múltiples aristas que concentra inequidades geográficas y socioeconómicas con riesgos ambientales y sanitarios y falta de gestión sostenible de los recursos.

Dicho de otra forma, los basurales a cielo abierto, sin el tratamiento adecuado, son un foco de contaminación y un riesgo sanitario para la población, al no contar con sistemas de separación ni tratamiento alguno de la basura y donde se desechan residuos domiciliarios, patogénicos y agrícolas.

De esta manera se ven afectados los recursos naturales (aire, suelo, agua subterránea y superficial) y el derecho a la salud de la población.

Preocupante para un país que produce, en promedio, 1,15 kilos de desechos diarios por habitante, lo que equivale a casi 45.000 toneladas cada 24 horas para el total de la población o lo que es lo mismo, una tonelada cada dos segundos, y alrededor de 16,5 millones cada año.

A partir de este análisis, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lleva a cabo un plan federal para erradicar este tipo de basurales y promover el saneamiento ambiental y la optimización de recursos que permita garantizar una gestión eficiente de los residuos sólidos urbanos, bajo el paradigma de la economía circular.

Como la principal línea de acción, el programa impulsa el cierre de los basurales a cielo abierto existentes en diferentes localidades y la construcción de complejos socio ambientales para el tratamiento diferenciado y eficiente de los residuos, además de fomentar políticas para la compra de equipamiento y productos básicos para optimizar la gestión de los residuos sólidos urbanos a nivel local y para mejorar las condiciones laborales de los recicladores urbanos.

El plan contempla también el fomento a la separación en origen, el reciclado, la reutilización y la valorización de los residuos para convertirlos en insumos de los procesos productivos, así como apoyo técnico para el desarrollo de normativas y acciones que garanticen la sustentabilidad de los proyectos.

Como parte de este proceso, el ministerio que dirige Juan Cabandié acaba de publicar la Resolución 185/2021 que crea el llamado “Reglamento Operativo para Obras de Saneamiento y Remediación de BCA – Financiamiento Interno”.

La estrategia forma parte del programa de gestión de residuos sólidos urbanos que cuenta con financiamiento de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta u$s150 millones, además de otros U$s37,5 millones de aporte de la Nación.

Precisamente, parte de esos fondos estarán orientados a sostener los proyectos de municipios de todo el país que acepten eliminar los basurales a cielo abierto y transformarlos en espacios públicos.

Según explicaron a Economía Sustentable fuentes oficiales, los gobiernos locales deberán presentar planes con este objetivo a las autoridades nacionales que serán las que aprobarán o no las iniciativas y, en caso de ser positivo, enviarán las partidas para licitar las obras necesarias.

Además de los objetivos ambientales, el programa impulsa a los municipios a construir rellenos sanitarios, plantas de separación y estaciones de transferencia; estimular la inversión privada para contribuir a una buena gestión de los residuos; aumentar los ingresos fiscales locales a través de tasas ambientales para que puedan canalizarse en la mejora de la infraestructura transporte, tratamiento y disposición final de los residuos.

También, introducir en las zonas turísticas nuevas tecnologías en el tratamiento de los biogases dentro de los mecanismos de desarrollo limpios (MDL), en el tratamiento de los lixiviados y en los sistemas de contenerización de residuos.

Saneamiento e infraestructura

Se trata de una iniciativa en línea con la política ambiental que, entre otros objetivos, debe establecer procedimientos y mecanismos adecuados para minimizar riesgos, prevenir y mitigar emergencias y para recomponer los daños causados por la contaminación.

En este aspecto, la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental aprobó un procedimiento que otorgará “claridad, previsibilidad, transparencia, seguimiento, control y monitoreo” al financiamiento que, eventualmente, decida otorgar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ante las solicitudes de los municipios.

El reglamento establece los términos y condiciones a los que se sujetarán los estados locales que tengan la necesidad de realizar obras para poder sanear y remediar basurales a cielo abierto en los cuales se acumulan varias miles de toneladas de elementos, objetos o sustancias generados y desechados producto de actividades realizadas en los núcleos urbanos y rurales, de origen doméstico, comercial, institucional, asistencial e industrial.

A partir de esta premisa, se comenzará a implementar el reglamento operativo para llevar a cabo las obras de saneamiento en los basurales a a cielo abierto en desuso.

La resolución establece que los municipios deberán firmar un “Convenio de Adhesión” con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, una vez cumplimentado la totalidad de los requerimientos establecidos y en un plazo no mayor de 45 días corridos contados a partir de la recepción del documento.

“El Organismos Beneficiarios en carácter de “Beneficiario” del Programa, indicará todas las características del basural a cielo abierto en desuso al Ministerio y las obras a ejecutar deberán ser con el fin exclusivo del saneamiento del Basural a Cielo Abierto”, agrega la normativa.

En caso de ser factible el proyecto, se realizará mediante el sistema de adjudicación correspondiente a la licitación pública, cuya ejecución y procedimiento estará a cargo de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental.

La elegibilidad de las solicitudes presentadas será de acuerdo al cumplimiento de las condiciones de presentación y se aprobarán las que cumplan con la documentación, criterios y compromisos que detalla el plan oficial, teniendo en cuenta que la prioridad estará determinada según el análisis de la situación del basural a cielo abierto en desuso y necesidades e inversión requerida. Asimismo, los municipios deberán presentar una síntesis de la información básica de su territorio, que incluya población, economía, infraestructura, industrias en funcionamiento y cualquier otro dato relevante.

También, un trabajo sobre la gestión de los residuos sólidos urbanos en su jurisdicción, que incluya maquinarias disponibles para la gestión, frecuencia y tipo de recolección, disposición final.

De forma anual, deberán presentar detallados tanto los avances como las dificultades que surjan en del proceso y asumir compromisos ambientales, así como llevar a cabo la rezonificación del basural a cielo abierto en desuso y presentar un proyecto para transformar el predio en un espacio de uso público.

Un ejemplo en este sentido, es la creación de un ecoparque ambiental en Chascomús, una obra por $900 millones que llevará dos año y que será financiada por este programa a partir de una licitación ya lanzada que terminará con uno de los basurales a cielo abierto más grandes de la provincia de Buenos Aires.

El ecoparque deberá ser diseñado, construido y puesto en operación en un término de dos años, resolviendo un problema que afecta no solo a Chascomús, sino también a los distritos de Pila, Lezama, Castelli y General Paz.

Las empresas interesadas en participar de la licitación podrán presentar sus ofertas hasta el 5 de julio próximo, cuando se abrirán los sobres.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación visitó la localidad bonaerense de Quilmes, donde junto a la intendenta Mayra Mendoza, celebró el inicio de obra para la construcción del Complejo Socioambiental Ecoparque Quilmes, que fortalecerá la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) local. La iniciativa, que impulsa la cartera a cargo del ministro nacional en articulación con el municipio, demandó una inversión cercana a los $700 millones.

A este proceso se suma el del municipio de Quilmes, donde también habrá un ecoparque en forma de complejo ambiental de 15 hectáreas de superficie, con una planta de compactación y transferencia de residuos domiciliarios; una de clasificación y tratamiento de neumáticos usados; y otra de clasificación de remanentes de construcción.

Otro caso similar es el del municipio de Luján, donde se destinarán u$s10 millones para transformar el basural de esa zona bonaerense en un centro ambiental que contará con una planta de separación de residuos que se dividirá en un sector para áridos, neumáticos, vidrio y poda, además de un centro de interpretación ambiental y administración.

También en la ciudad d Concordia, en Entre Ríos, se pondrá en marcha un proceso licitatorio para levantar un centro ambiental que prevé el saneamiento de los basurales a cielo abierto presentes en el área.

La obra se financiará con una inversión de $715 millones para levantar ese complejo que servirá para regionalizar la gestión integral de residuos sólidos urbanos de ese municipio junto a los de Los Charrúas, Colonia Ayuí, La Criolla, Estancia Grande, Puerto Yeruá y Colonia Roca.