El Macri “de la Ciudad” comienza a usar energías limpias en todas las dependencias del gobierno porteño

Las energías renovables permiten utilizar fuentes limpias e ilimitadas para producir la energía que necesita nuestro mundo. Su aprovechamiento es fundamental para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y luchar contra el cambio climático.

Por esta razón, se están incorporando cada vez más a nuestro sistema energético al mismo tiempo que se reducen los costos.

Dependiendo de la fuente de energía que utilizan, las energías renovables se clasifican en, Energía Solar Térmica, Energía Solar Fotovoltaica, Energía Eólica, biomasa, geotermia, y otras.

En ese contexto, un reciente informe del Banco Mundial (BM) estima que la energía “es el núcleo del desarrollo” ya que posibilita las inversiones, las innovaciones y las nuevas industrias que impulsan el empleo, el crecimiento inclusivo y la prosperidad compartida en un planeta más habitable.

Sin embargo, el trabajo advierte que hay 685 millones de habitantes que todavía viven sin electricidad en todo el mundo, y que otros 2.100 millones dependen de combustibles y tecnologías tradicionales contaminantes para cocinar sus alimentos.

Por eso promueve la ampliación de las energías renovables y la eficiencia energética, e invertir en electrificación a gran escala, además de reducir gradualmente los combustibles fósiles como una estrategia ”fundamental para suministrar energía limpia” en especial si se tienen en cuenta los compromisos firmados por casi todos los países para alcanzar el logro del acceso universal a una energía asequible, confiable, sostenible y moderna para 2030, tal como lo establece el Acuerdo de París.

En este contexto, los países en desarrollo entre los que se incluye a la Argentina, enfrentan la carga más pesada y poseen una capacidad limitada para mitigar la volatilidad de los precios de la energía, “lo cual conduce al racionamiento energético en algunos lugares y a un aumento de la pobreza”, detalla el reporte del BM.

Por eso el organismo internacional entiende que la energía renovable “puede ayudar a los países a mitigar el cambio climático, generar resiliencia frente a la volatilidad de los precios y reducir los costos de la energía”.

Acelerar la transición energética

Aseguran que las tecnologías de energía solar y eólica son “transformadoras” porque son abundantes en muchos países en desarrollo, tienen un costo competitivo y constituyen una fuente de energía confiable cuando se combinan con el almacenamiento.

También destaca a la energía hidroeléctrica como un tipo de energía limpia y renovable, y una de las fuentes de electricidad más baratas para los consumidores.

Sin embargo, se advierte que el consumo de energía representa más de tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero y se asegura que “financiar iniciativas de eficiencia energética y aplicar en gran escala las renovables, reducen gradualmente los combustibles fósiles, pero también son necesarias para acelerar la transición energética”.

Los expertos del Banco Mundial entienden que las inversiones en países como la Argentina deben multiplicarse por siete hasta alcanzar entre u$s1 billón y u$s2 billones anuales de aquí a 2030 para hacer realidad la transición energética y el acceso para todos.

Sostiene el trabajo que dos tercios de estas inversiones provendrán del sector privado, pero aconseja a los gobiernos atraer inversiones mediante el fortalecimiento de las empresas de transmisión y distribución de nueva energía renovable, y elaborar regulaciones y establecer instituciones sólidas dirigidas a supervisar la preparación de proyectos de energía limpia.

Como parte del mismo proceso, la entidad financiera internacional destaca la necesidad de que en las dependencias públicas de cualquier gobierno, nacional, provincial o municipal, se convierta el uso de energías renovables como una práctica que sea cada vez más extendida con el objetivo de buscar reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir el impacto ambiental en el marco de planes que incluyan la implementación de sistemas de energía solar, eólica, biomasa y geotérmica, entre otros.

Estrategia de Macri

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy está bajo control del PRO a través de su jefe comunal, Jorge Macri, ya en el 2015 adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de Naciones Unidas.

Especialmente, el ODS 11 que refiere a “lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles” y el ODS 13 en donde se plantea la necesidad de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Luego, en el 2017, la Ciudad adhirió al compromiso de convertirse en una ciudad carbono neutral, resiliente e inclusiva para el año 2050 asumiendo que sus funcionarios tienen una responsabilidad especial en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente.

En esta sintonía, el gobierno porteño se comprometió a cumplir con esas metas a través del llamado Plan de Acción Climática 2050 que fue establecido por la Ley N° 3871 y que tiene la meta de alinear su agenda ambiental con los compromisos internacionales, incluyendo el Acuerdo de París y la Agenda Ambiental 2030.

El marco, que fue votado de manera unánime por la Legislatura porteña en el 2023, establece acciones, instrumentos y estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales.

En sus lineamientos, el plan advierte que más del 50% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de la Ciudad de Buenos Aires se deben a consumos energéticos estacionarios, por lo que se infiere que las acciones de mayor impacto cuantitativo en la lucha contra el cambio climático son aquellas asociadas a estos consumos.

Por esta razón, cuatro de sus acciones se refieren explícitamente a las dos grandes estrategias que se pueden aplicar para reducir emisiones: consumir menos energía (mediante el ahorro y la eficiencia) y que la energía que se consuma provenga de fuentes limpias o descarbonizadas.

Además, impone a las autoridades locales la obligación de impulsar las acciones vinculadas a la lucha contra el cambio climático, comenzando por brindar el ejemplo en la implementación de todas las medidas que se consideren necesarias para alcanzar el objetivo impuesto para el 2030.

Riesgo al desprestigio social

Por eso, la norma habla de “asegurar la efectividad de estas medidas, o de lo contrario las mismas pueden resultar contraproducentes” Por ejemplo, detalla el aprovechamiento de energías renovables en edificios públicos como una acción sumamente positiva para promover las energías limpias.

Pero advierte que “si esta implementación no logra ser exitosa, el efecto final será el desprestigio social de la tecnología y/o de la gestión del GCBA al respecto, dilapidándose el esfuerzo económico y organizacional realizado”.

Por esta razón, y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias, aconseja al gobierno de Jorge Macri a “optimizar los esfuerzos propios que se realizan en cuestiones de energía, capitalizando de manera orgánica la información y aprendizajes que se van generando en la materia, maximizando las posibilidades de éxito en las inversiones que se realizan, para mitigar emisiones de gases de efecto invernadero y generar ahorros económicos para la ciudad”.

El plan entiende, en este sentido, que el uso de energías renovables “es una herramienta clave para lograr estos objetivos, ya que permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la seguridad energética”.

A partir esos preceptos la ley votada por la Legislatura porteña hace tres años tiene como objetivo regular el uso de energías renovables por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de reducir su huella de carbono y contribuir a la sostenibilidad ambiental.

Además, establece metas ambiciosas para el uso de esas energías renovables en las dependencias que sean grandes consumidores de energía eléctrica, y aplica lineamientos y pautas generales para su implementación mediante la creación de un Plan Estratégico.

Para fiscalizar el cumplimiento de estos objetivos, la ley propicia la transparencia y la participación ciudadana en todas las acciones y decisiones relacionadas con el medio ambiente y el uso de energías renovables, considerando que el gobierno porteño “se compromete a trabajar hacia una economía baja en carbono y respetar el principio de precaución en todas las acciones y decisiones relacionadas con el ambiente y el uso de energías renovables”.

La norma obliga a la Ciudad a regular y promover el uso de energía eléctrica de fuentes renovables en el ámbito de las dependencias del Gobierno; implementar mecanismos y acciones que contribuyan a reducir los costos energéticos de las dependencias públicas mediante el aprovechamiento de la energía proveniente de fuentes renovables, y desarrollar e implementar un plan estratégico para alcanzar las metas establecidas.

Reglamentar la ley

También detalla un capítulo especial para promover y regular los mecanismos para la implementación eficiente y efectiva de infraestructura pública de energías renovables en las dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Como pasos iniciales del plan, las autoridades porteñas acaban de reglamentar la norma para comenzar a aplicar de manera efectiva esta estrategia a partir de considerar un aumento gradual del porcentaje de energía eléctrica de fuentes renovables utilizadas por sus dependencias.

En especial en las oficinas públicas que se encuadren como grandes usuarios habilitados (GUH), que están comprendidos en el Artículo N° 9 de la Ley N° 27.191 y su reglamentación conforme sea modificada.

Este apartado se refiere al régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica y establece que los sujetos obligados a cumplir con la obligación de incorporar energía proveniente de fuentes renovables pueden autogenerar o contratar la compra de dicha energía.

En este caso, la norma también obliga a utilizar el Plan Estratégico para definir las acciones necesarias para alcanzar el cumplimiento de las metas establecidas en la propia ley, cuya revisión y actualización será de carácter anual.

Se trata de acciones que se encuadran dentro de las previstas por la normativa nacional para el uso de energía eléctrica de fuentes renovables, ya sea mediante autogeneración o a través de la adquisición de energía a un generador, un comercializador o a CAMMESA, abreviatura por la que se conoce a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. que se encarga de operar el mercado eléctrico mayorista del país.

Fue creada en 1992 con el objetivo de administrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y asegurar el equilibrio entre la oferta y la demanda de energía eléctrica.

Entre sus funciones tiene las de coordinar la operación de los generadores, transportistas y distribuidores de energía, asegurando que el suministro se realice al menor costo posible y con la calidad requerida.

La sociedad también garantiza la transparencia y eficiencia en el funcionamiento del Mercado Energético Mayorista (MEM), donde se realizan las transacciones de compra y venta de energía entre los diferentes agentes del mercado.

Defender “los ambientes sanos”

De hecho CAMMESA es un actor importante en la aplicación de la ley porteña que pretende regular el uso de energía de fuentes renovables en las dependencias de la Ciudad con el fin de promover el aumento gradual de su uso y contribuir a la reducción de la huella de carbono y a la sostenibilidad ambiental.

La norma abarca a todos los organismos establecidos en la Ley de Ministerios vigente, y a las entidades autárquicas en el ámbito de CABA y define como “energía de fuentes renovables” a las de orígenes no fósiles.

Las califica como “idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo: energía eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y biocombustibles”.

La ley obliga a fomentar el uso de estas energías en la infraestructura de las instalaciones de edificios y espacios públicos que utilicen equipos para generación de energía renovable, ya sea para el autoconsumo del edificio o espacio público, y/o la inyección de excedentes a la red eléctrica.

La nueva norma también determina un Protocolo de Adquisición e Instalación de sistemas de energías renovables y sus componentes: la secuencia de instrucciones y requerimientos a cumplimentar por todas las dependencias.

En ese contexto, el 30 de julio pasado las autoridades porteñas publicaron el Decreto N.º 290/25 en el Boletín Oficial de la Ciudad para reglamentar el uso de la ley y dar inicio al plan estratégico de reemplazo de energías tradicionales por renovables en todas las instalaciones públicas.

En sus considerandos, el decreto que lleva la firma de Jorge Macri y de Gabriel Sánchez Zinni, actual jefe de Gabinete de la Ciudad, la norma destaca al ambiente “como patrimonio común” y advierte que “toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras”.

Recuerda también que la Ciudad “desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el Área Metropolitana”.

Reducir costos energéticos

Del mismo modo, recuerda que la norma que debe regular el uso de energía de fuentes renovables en las dependencias públicas tiene que promover el aumento gradual de su uso y contribuir a la reducción de la huella de carbono y a la sostenibilidad ambiental.

Por eso menciona que, como objetivos, la ley debe implementar mecanismos y acciones que contribuyan a reducir los costos energéticos de las dependencias del Gobierno mediante el aprovechamiento de la energía proveniente de fuentes renovables.

“Lo debe hacer desarrollando e implementando un plan estratégico para alcanzar las metas establecidas, y promover y regular los mecanismos para la implementación eficiente y efectiva de infraestructura pública de energías renovables en las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, agrega el decreto que le otorga a la Subsecretaría de Ambiente dependiente de la Vicejefatura de Gobierno el poder de llevar a cabo todo el proceso.

El ente deberá desarrollar políticas orientadas a la sustentabilidad, la eficiencia energética y al uso de fuentes alternativas de energía, y diseñar y desarrollar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de mitigación y adaptación al cambio climático para un desarrollo sustentable, circular y bajo en carbono para la Ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, las autoridades porteñas reglamentaron la ley “a fin de cumplir con la declaración de principios, metas y objetivos plasmados” y designaron a la Subsecretaría de Ambiente como autoridad de aplicación y con facultades para dictar las normas aclaratorias, complementarias e instrumentales, en el marco de sus respectivas competencias y las que fueren necesarias para la implementación de dicha Ley y su reglamentación.

En el anexo del decreto se aclara que el organismo porteño “definirá los lineamientos y las acciones que deberán implementarse y que resulten tendientes a la consecución de los objetivos y metas establecidos en la normativa nacional y local, en relación a la incorporación de energías renovables a la matriz energética”.

Instancias de evaluación y seguimiento

Define además que deberá articular la elaboración del Plan Estratégico con las dependencias del Poder Ejecutivo que tengan competencias vinculadas al objeto de la Ley 6.646 para establecer la planificación, las metas intermedias y finales de aprovechamiento de energías renovables, la metodología de cálculo, la implementación y la metodología de seguimiento y control.

En el anexo también se asegura que “la implementación del Plan Estratégico, así como de las acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de las metas, tiene como fecha objetivo el año 2050, en consonancia con el Plan de Acción Climática 2050 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

A fin de monitorear el progreso en la ejecución del proceso y de encarar una actualización de su contenido y metas, el organismo porteño tendrá que implementar instancias de evaluación y seguimiento con las dependencias del Poder Ejecutivo para analizar los avances alcanzados, las experiencias obtenidas y los desafíos detectados.

“En ese marco, podrá requerir a las áreas de gobierno que considere pertinentes información para relevar el grado de avance en la implementación de las acciones previstas”, sostiene la norma.

Del mismo modo, obliga a la autoridad de aplicación del plan a elaborar y publicar un informe anual con los resultados del seguimiento y monitoreo de las estrategias llevadas a cabo.

También tendrá que dictar el llamado «Protocolo de Adquisición e Instalación de sistemas de energías renovables y sus componentes» para propender a la implementación eficaz y eficiente de los proyectos y contrataciones de infraestructura de energías renovables, por parte de las dependencias públicas.

De forma paralela, la norma obliga a la creación de una Mesa Asesora que se constituye como un órgano consultivo ad hoc, presidido por la autoridad de aplicación e integrado por un representante de cada una de las áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyas competencias se vinculen con los objetivos de la Ley 6.646.