Una importante central energética de Manzano, camino al cierre definitivo por daño ambiental

A partir de un fallo de la Corte Suprema de la Nación, dos centrales energéticas que fueron denunciadas por vecinos de las localidades bonaerenses de Pilar, Escobar y Luján se encaminan a tener que dejar de operar de manera definitiva.

Se trata de las usinas termoeléctricas controladas por las empresas Araucaria Energy y  APR Energy, que son propiedad del empresario José Luis Manzano y del holding multinacional Atlas Corp respectivamente.

Ambas centrales termoeléctricas habían iniciado sus operaciones en el 2017 y fueron inmediatamente denunciadas por “contaminantes”  y por haber  sido instaladas en una zona urbana y residencial sin haber cumplido con los requisitos del impacto ambiental.

De hecho, en conjunto tienen capacidad de producir un total de 504 MW, lo que las califica como “Industrias Contaminantes Categoría Grado 3”, afectando en forma negativa la calidad de vida de más 65.000 personas, incluidos colegios y vecinos que viven a menos de 300 metros de ambas centrales.

El fallo

Ahora, y después de una batalla judicial de más de tres  años, se ratificó un fallo de la Corte Suprema de diciembre del 2020 que ordenó nuevo pronunciamiento de la Cámara Federal de San Martín que, en principio, había permitido la actividad de ambas centrales.

En concreto, el máximo tribunal de justicia del país compartió un dictamen de la Procuración General de la Nación que criticaba duramente el accionar de las centrales energéticas a pesar de lo cual un juzgado de la localidad de San Martín había permitido el accionar de las compañías.

Para la Procuración dicho fallo incurrió en arbitrariedad porque no consideró el riesgo irreversible al ambiente que podría ocasionar la realización de las obras y la ejecución del proyecto a raíz de las irregularidades denunciadas.

También acusó al juez de San Martín por haber omitido que el análisis de los proyectos se realizó en forma individual, sin contemplar el efecto acumulativo que tendrá sobre el medio ambiente la operación simultánea de ambas centrales térmicas.

Ahora, se deberá dictar un nuevo pronunciamiento en el reclamo interpuesto en relación con la medida cautela interpuesta por la Asociación Civil JUVEVIR y un grupo de vecinos.

Ya el año pasado, el Juez Federal de Campana, Adrián Charvay había fallado a favor de los vecinos ordenando el cierre preventivo de las dos centrales en virtud de los principios precautorio y preventivo, mientras dure la tramitación del juicio principal en donde se solicita la erradicación definitiva de sus operaciones.

La sentencia tuvo en cuenta las investigaciones llevadas a cabo por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires.

Los dos organismos realizaron un análisis de los proyectos «Central Matheu II» y «Central Matheu III» en forma individual, sin contemplar el efecto acumulativo que podría tener sobre el medio ambiente la operación simultanea de ambas centrales térmicas.

Los resultados de las pruebas realizadas demostraron que se generaban hasta 107 decibeles en algunos momentos cuando el oído humano puede tolerar 55 dB según la Organización Mundial de la Salud.

A esto se le suman los cinco millones de litros diarios tomados del acuífero Puelche que requería el funcionamiento de las centrales y se reconoció el riesgo que implica para el agua potable, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de la población de Pilar se abastece a través de perforaciones.

También se puso de relevancia la falta de habilitación municipal en el caso de Araucaria Energy, que a fines del año pasado fue adquirida por el ex ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem al grupo norteamericano Gramercy. La central había sido cerrada preventivamente por el municipio de Pilar luego de comprobarse los ruidos molestos que ocasionaba.

La decisión golpeó al nuevo accionista de Edenor en sociedad con los empresarios Daniel Vila y Mauricio Filibertti quienes pagaron casi u$s200 millones a Pampa Energía para desembarcar en la distribuidora.

Manzano desembarcó en Araucaria Energy a fines del año pasado a través de sus holding Integra y luego de firmar un acuerdo con el fondo buitre Gramercy para repartirse en partes iguales las acciones de la empresa eléctrica que en ese momento operaba cuatro centrales térmicas construidas durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

El acuerdo fue refrendado por los fondos acreedores de la compañía, entre los que figuran BlackRock y Fidelity, que se quedaron con el poder de designar miembro independiente del directorio y que también pueden rechazar el proceso de renegociación de la deuda que Araucaria mantiene con esos fondos y presentar ante la justicia canadiense el convenio final para su homologación.

Detrás de escena

La empresa fue creada el 26 de abril del 2016 por la canadiense Stoneway Capital Corporation y, de manera simultánea, emitió lo que se llama un proyect bond por u$s500 millones en el mercado norteamericano para invertir en la Argentina en donde se adjudicó la instalación de cuatro usinas térmicas por un total de 686 megawatts de potencia. 

Pero en el 2019, la compañía entró en default al no pagar una cuota de u$s30 millones de un préstamo por u$s220 millones que Gramercy le había otorgado a Stoneway Capital.

Desde ese momento, el fondo inversor tomó el control local de la empresa para tratar de ordenar la situación contable y otorgarle a Manzano el manejo legal teniendo en cuenta los antecedentes del ex ministro menemista en el sector energético con proyectos en el upstream de hidrocarburos; distribución de gas (ex accionista minoritario de Metrogas) y electricidad (controla Edemsa, la empresa de energía de Mendoza).

También se encararon negociaciones para reestructurar la deuda total de Araucaria cercana a los u$s660 millones fundamentalmente con BlackRock y Fidelity. 

En el caso de APR Energy, en el 2016 fue comprada por un consorcio inversor compuesto por Fairfax Financial Holdings Limited; ACON Equity Management y Albright Capital Management.

A su vez, este grupo cedió el control en el 2019 a Atlas Corp. en una transacción de acciones por valor de u$s750 millones. 

En Pilar, se instaló en el 2017, a pesar de las advertencias sobre su ubicación en una zona poblada y no rural, como es recomendable para una planta energética.

Había comenzado sus operaciones en el 2018 como Agente Generador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para su central térmica Matheu II 227 MW de potencia nominal y conectándose al sistema argentino (SADI) en barras de 132 kV de la Estación Transformadora Matheu, vinculada a instalaciones de Edenor.

APR Energy fue adjudicada con el contrato a cinco años durante la licitación de generación térmica realizada por el Ministerio de Energía y Minería en junio de 2016. En la misma contienda, obtuvo contratos para producir 122 MW de electricidad con otra planta. La empresa invirtió u$s450 millones para la construcción de ambas usinas. 

En ese momento, las autoridades del gobierno de Cambiemos sostuvieron que la firma “cumplía con las exigencias de la normativa vigente en cuanto al aporte de documentación societaria y comercial”.

Sin embargo, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, frenó en el 2018 la inauguración de la central térmica hasta que la compañía pruebe que no contamina.

La decisión se basó en el probable riesgo de polución sobre el área en el que se encuentran cuatro escuelas y que es cercana a la central operada por Araucaria Energy.

La acusación se centró en que la planta podría afectar el área con gases cuando APR Energy necesite operar con gasoil. A su vez, las turbinas podrían generar contaminación sonora durante el proceso de generación de la electricidad.

Según la medida cautelar, la empresa presentó un estudio ambiental “vencido” y que “probablemente sea falso”, emitido por la Administración de Agua (ADA), el ente regulador de la provincia de Buenos Aires.