Confirman la presencia de arsénico en el agua en niveles 36 veces superiores al límite permitido

El agua potable en Ciudad Nueva, una localidad del distrito bonaerense de 9 de Julio, está en el centro de una grave crisis sanitaria. Un reciente fallo del Juzgado de Mercedes confirmó la presencia de arsénico en niveles 36 veces superiores al límite permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino (CAA).

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La resolución, de 37 páginas, responde a un amparo presentado por vecinos y la ONG Naturaleza de Derechos, quienes denunciaron la inacción de las autoridades ante una problemática que afecta a varias localidades agrícolas de la provincia de Buenos Aires.

El problema del agua, larga data

El problema no es nuevo. En diciembre de 2024, un muestreo del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) reveló que las concentraciones de arsénico en el agua de Ciudad Nueva oscilaban entre 128 y 368 microgramos por litro (µg/l), muy por encima del límite de 10 µg/l establecido por la OMS y el CAA.

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Este caso guarda relación con el fallo de la Corte Suprema en la causa «Kersich» de 2014, que reconoció el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. En aquella oportunidad, la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) fue responsabilizada de garantizar agua segura en la región. Sin embargo, la infraestructura prometida nunca llegó a todas las zonas afectadas.

Además del arsénico, los estudios han detectado la presencia de agrotóxicos, especialmente glifosato, en el acuífero. Investigaciones científicas advierten que la combinación de arsénico y glifosato potencia los efectos tóxicos, aumentando el riesgo de enfermedades graves como el cáncer y trastornos hormonales.

Medidas urgentes ordenadas por la justicia

El fallo judicial impone una serie de medidas cautelares para proteger a la población:

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• Suministro de agua potable: El municipio deberá entregar bidones de agua segura a las familias afectadas, escuelas, centros de salud y hogares de ancianos. También se habilitarán centros comunitarios de distribución.
• Prohibición de consumo: Se prohíbe el uso de agua de red en escuelas y para el consumo de menores de edad.
• Monitoreo y transparencia: La municipalidad deberá realizar análisis mensuales del agua y publicar los resultados en medios locales y facturas de los usuarios.
• Controles provinciales: La provincia de Buenos Aires deberá analizar el agua subterránea cada cuatro meses, verificando más de 30 compuestos químicos, incluidos glifosato y atrazina.
• Vigilancia sanitaria: Se implementará un programa de estudios voluntarios en la población para detectar arsénico y agroquímicos en sangre y orina.
• Protección de los pozos de agua: Se establece una zona de exclusión de 1.000 metros para fumigaciones con agroquímicos alrededor de las perforaciones de agua.
• Análisis históricos: La Autoridad del Agua de la provincia deberá presentar estudios sobre la calidad del agua de los últimos cinco años.

El desafío de la implementación

El fallo judicial marca un precedente en la defensa del derecho al agua segura, pero los vecinos de 9 de Julio saben que la verdadera batalla será garantizar el cumplimiento de estas medidas. La resolución reaviva el debate sobre el impacto ambiental del modelo agroindustrial argentino y la necesidad de políticas públicas efectivas para proteger la salud de la población y los recursos naturales.

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En una provincia donde el agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento, la contaminación con arsénico y agrotóxicos no es un problema aislado.