Una aprobación histórica reactivó la minería en Mendoza y encendió el reclamo por el agua

La aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino -conocido como Proyecto San Jorge- marcó un hito histórico para la minería argentina y, al mismo tiempo, reavivó una de las discusiones más profundas y persistentes de la provincia de Mendoza: el cuidado del agua en un territorio árido donde el recurso hídrico es sinónimo de identidad, producción y supervivencia.

Después de más de dos décadas sin habilitaciones para proyectos metalíferos de gran escala, Mendoza volvió a autorizar una iniciativa minera bajo el marco de la Ley 7.722, la normativa ambiental que desde hace años condiciona la actividad extractiva en la provincia. Para el sector minero, el aval al proyecto San Jorge representa un punto de inflexión productivo, político y económico. Para miles de ciudadanos, en cambio, encendió una señal de alarma.

Un proyecto que rompe una larga parálisis

Ubicado en Uspallata, en el departamento de Las Heras, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, el Proyecto San Jorge busca explotar un yacimiento de cobre y oro mediante un sistema de flotación convencional. Detrás de la iniciativa está la empresa suiza Zonda Metals GmbH, asociada al Grupo Alberdi de Argentina.

El proyecto había sido rechazado en 2011 por la Legislatura mendocina, en un contexto de fuerte resistencia social y ambiental. Sin embargo, tras una reformulación integral y la presentación de un nuevo Informe de Impacto Ambiental, en noviembre de 2025 la Legislatura aprobó la nueva DIA, habilitando su continuidad administrativa y reactivando la minería metalífera en la provincia.

La votación contó con el respaldo del gobernador Alfredo Cornejo y el apoyo explícito del presidente Javier Milei, quien celebró la decisión como una señal de previsibilidad para las inversiones y de impulso al desarrollo federal de los recursos minerales. Desde el Gobierno nacional y provincial destacaron que el proceso incluyó instancias de diálogo, evaluaciones técnicas y controles ambientales estrictos.

Inversión, empleo y un mineral clave para el mundo

Desde el punto de vista económico, el proyecto PSJ Cobre Mendocino se presenta como una apuesta estratégica. La empresa proyecta una inversión inicial de alrededor de USD 559 millones, una producción promedio de 40.000 toneladas anuales de cobre fino y una vida útil estimada de entre 16 y 27 años. Además, se prevé la generación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos en las distintas etapas del desarrollo.

El cobre es considerado un mineral crítico a nivel global, impulsado por la transición energética, la expansión de los autos eléctricos, las energías renovables y la infraestructura tecnológica. En ese contexto, el Gobierno provincial sostiene que San Jorge podría colocar a Mendoza en el mapa internacional del cobre, atrayendo divisas y fortaleciendo la economía regional.

El proyecto también fue incorporado al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que le otorgaría previsibilidad fiscal y un marco regulatorio atractivo para capitales internacionales.

El agua como límite: el reclamo social

Mientras la minería celebraba la aprobación, en las calles de Mendoza se multiplicaron las protestas. Miles de personas se concentraron en el kilómetro cero de la capital provincial y vecinos de Uspallata realizaron una caminata de más de 100 kilómetros hasta la ciudad, repitiendo una consigna histórica que atraviesa generaciones: “El agua de Mendoza no se negocia”.

Las manifestaciones se intensificaron tras la difusión de observaciones técnicas que cuestionaron el Informe de Impacto Ambiental aprobado. Especialistas y organizaciones ambientales señalaron que el estudio utilizó datos hídricos desactualizados del arroyo El Tigre -del cual se proyecta extraer 141 litros de agua por segundo- y que no contempló los efectos de la megasequía que afecta a la región desde 2010.

En una provincia donde el acceso al agua define la actividad agrícola, el turismo y la vida cotidiana, la posibilidad de que un emprendimiento minero afecte las cuencas hídricas genera una sensibilidad extrema.

El debate político: desarrollo versus licencia social

Desde la oposición, el senador provincial Duggar Chapel, del Partido Verde, expresó su rechazo al proyecto en declaraciones a Buena Data. “Este proyecto es una bomba ambiental: se apoya en estudios que tienen más de 15 años, absolutamente desactualizados, pone en riesgo el agua de Mendoza y avanza sin licencia social ni un debate real con la comunidad”, sostuvo. Para el legislador, los beneficios económicos prometidos no justifican los riesgos ambientales ni las dudas sobre la transparencia del proceso.

Desde el oficialismo, la diputada provincial Sol Salinas, una de las voceras del proyecto, defendió la aprobación. “No es minería o turismo, ni minería o agricultura. Es minería, turismo, agricultura, industria, comercio y tecnología. Es todo lo que Mendoza pueda generar para que su gente tenga trabajo y futuro”, afirmó. Según Salinas, el proyecto fue analizado por más de 100 técnicos y más de 30 organismos, y representa una oportunidad para recuperar la confianza y generar desarrollo con responsabilidad.

Qué sigue tras la aprobación

Aunque el proyecto ya es ley, la explotación no comenzará de inmediato. La aprobación de la DIA habilita una nueva etapa que incluye revisiones técnicas detalladas, auditorías, controles ambientales obligatorios y la intervención de organismos provinciales. Recién tras cumplir todas las instancias administrativas podría otorgarse una autorización operativa.

En paralelo, organizaciones sociales, asambleas ambientales y vecinos autoconvocados anunciaron que continuarán con movilizaciones, pedidos de información pública y acciones de seguimiento para exigir controles estrictos y garantizar la protección del agua.

La aprobación del Proyecto San Jorge marca un antes y un después en Mendoza. No solo para la minería, sino para un debate que la provincia arrastra desde hace más de veinte años. Detrás de los votos legislativos, los estudios técnicos y las cifras millonarias, persiste una pregunta de fondo: ¿cómo definir un modelo de desarrollo cuando lo que está en juego es también la identidad del territorio?