Presentaron un proyecto de ley para que reparar un celular o un electrodoméstico vuelva a ser un derecho

¿Cuántas veces un celular se volvió lento tras una actualización o arreglar un electrodoméstico costó casi lo mismo que comprar uno nuevo? Para poner fin a estas prácticas, la diputada nacional Marcela Pagano presentó un proyecto de ley que promete encender el debate entre defensores del consumidor y las grandes firmas tecnológicas e importadoras.

Según el documento, la iniciativa del Régimen del Derecho a Reparar y Contra la Obsolescencia Programada (LEDER), busca garantizar que los usuarios sean verdaderos dueños de los aparatos que compran, permitiéndoles arreglarlos por su cuenta o llevarlos al servicio técnico de su confianza, sin quedar rehenes de los service oficiales.

Qué establece el proyecto de ley

El corazón de la propuesta apunta directo a los abusos del mercado de la tecnología y los electrodomésticos. De aprobarse, la ley impondrá duras exigencias a fabricantes e importadores:

• Repuestos garantizados: Las empresas deberán asegurar el stock de piezas, herramientas e información técnica por un período mínimo de 10 años para electrodomésticos de línea blanca. Las entregas no podrán demorar más de 15 días hábiles.

• Fin al “bloqueo” por software: Quedará expresamente prohibido usar algoritmos, Inteligencia Artificial o parches de software para degradar intencionalmente el rendimiento de un equipo o impedir que funcione si se le coloca un repuesto compatible.
• Manuales gratis y en español: Los diagramas de reparación, códigos de error y softwares de diagnóstico deberán estar disponibles de forma gratuita para cualquier ciudadano o taller independiente.

“La persona consumidora tiene derecho a reparar el bien de su propiedad, o a hacerlo reparar por el reparador de su elección”, fija de forma tajante el Artículo 17 del texto normativo.

Etiquetas que informarán qué tan difícil es arreglar cada producto

Inspirado en normativas pioneras de la Unión Europea, el proyecto crea el Índice de Reparabilidad. De este modo, los artefactos electrónicos y electrodomésticos que se vendan en el país deberán exhibir una nota o calificación visible en su empaque.

Ese puntaje informará al comprador, antes de pagar, si el aparato es fácil de desarmar, si los repuestos son accesibles y qué tan costoso resultará arreglarlo a futuro. Si un fabricante comercializa un equipo diseñado intencionalmente para ser “in-reparable” o de un solo uso, el Estado podrá presumir legalmente que existe obsolescencia programada y sancionar a la empresa.

Guiño al bolsillo, a las PyMEs y al medio ambiente

Además del impacto directo en el bolsillo familiar, la propuesta busca dinamizar la economía local. El proyecto contempla incentivos para la creación de una industria nacional de repuestos, créditos para equipar a talleres de barrio y la creación de una Plataforma Pública de Reparadores, un registro gratuito para que los clientes encuentren servicios técnicos en su zona.

Para evitar un impacto negativo en los comercios más pequeños, el texto incluye un tratamiento diferenciado y un esquema de cumplimiento progresivo para las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

El texto prevé un período de 180 días para su reglamentación tras ser aprobado, tiempo en el cual el Poder Ejecutivo coordinará con organismos de Defensa del Consumidor, el INTI y el CONICET la puesta en marcha de los controles.