Operativo en Mendoza: ordenan el cese inmediato de una explotación minera ilegal en Papagayos
En un procedimiento coordinado por el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, las autoridades detectaron una cantera clandestina en las inmediaciones del Dique Papagayos. Tras confirmar la falta de autorizaciones y el riesgo para el entorno, se ordenó el cese inmediato de las actividades y el expediente fue derivado a la Fiscalía de Delitos Ambientales.
Un operativo conjunto de organismos del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza culminó con la detección y clausura de una mina clandestina que operaba en la zona del dique Papagayos. Las autoridades constataron que la cantera funcionaba sin ningún tipo de autorización y en una ubicación crítica, a pocos metros de una Reserva Natural.
La intervención, que contó con la participación de la Autoridad Ambiental Minera, Guardaparques y la Dirección de Hidráulica, permitió poner freno a una actividad extractiva que ponía en riesgo el equilibrio ecológico de la zona. Tras labrarse las actas correspondientes, el expediente fue derivado a la Justicia para que actúe contra los responsables del daño ambiental.
Un freno a la degradación del entorno natural
La detección de esta cantera clandestina no es un tema menor, dado que la actividad de extracción de áridos se realizaba a pocos metros de la Reserva Natural Divisadero. Estas prácticas ilegales no solo violan las normas vigentes, sino que generan una alteración irreversible del paisaje, modifican los cauces hídricos y destruyen la biodiversidad de un área que, precisamente, requiere protección especial por parte del Estado.
El peligro de este tipo de explotaciones radica en el daño silencioso que causan: al carecer de cualquier plan de manejo ambiental, la remoción de suelos sin control puede derivar en procesos de erosión severa y contaminación de fuentes de agua. Denunciar y frenar estas actividades es vital para evitar que el Dique Papagayos se convierta en una zona de sacrificio, donde el beneficio privado a corto plazo destruye el patrimonio natural que pertenece a todos los mendocinos.
Un despliegue de fuerza estatal coordinada
El éxito del operativo fue posible gracias a la articulación entre diversos organismos técnicos y de seguridad. La Autoridad Ambiental Minera, junto con la Dirección de Hidráulica y el cuerpo de Guardaparques, logró interceptar la actividad ilegal antes de que el daño alcanzara una escala mayor. Esta coordinación es clave para demostrar que el territorio está bajo vigilancia y que no se tolerará la explotación clandestina de recursos.
La participación de la Policía Ambiental Minera (PAM) resultó fundamental para asegurar el predio y garantizar que el cese de actividades fuera inmediato. Este trabajo conjunto no es solo administrativo, sino que representa una postura clara: fortalecer el control territorial es la única forma de garantizar que las leyes ambientales se cumplan y que la protección de nuestras reservas naturales no sea solo una declaración de principios, sino una realidad palpable.
El peso de la ley frente al delito ambiental
La situación de la cantera ahora ha superado la etapa de inspección administrativa. Tras la elaboración de las actas correspondientes y la constatación de la falta total de autorizaciones, el expediente fue girado a la Fiscalía de Delitos Ambientales. Este es el paso necesario para que la justicia determine las responsabilidades penales que le caben a los infractores que decidieron operar al margen de la ley.
Más allá de las sanciones económicas que puedan imponerse, el objetivo es sentar un precedente firme para disuadir futuras irregularidades. La política provincial es clara: cualquier actividad que atente contra el ambiente y los recursos naturales será perseguida con todo el peso de la legislación vigente, transformando la fiscalización en una herramienta de justicia ambiental que busca poner fin a la impunidad en zonas protegidas.
