Miramar acumula multas por un basural ilegal y abre otro clandestino
La Justicia ordenó cerrar el basural de General Alvarado, pero sigue activo y acumula multas de $100.000 diarios. Además, denuncian otro vertedero en un barrio residencial.
La crisis expone la falta de controles ambientales en la zona, un antecedente similar al fallo donde Entre Ríos ordenó cerrar un basural por contaminación. Pese a que la Suprema Corte bonaerense confirmó en 2023 la necesidad de cerrar el predio principal de Miramar, el lugar continúa recibiendo toneladas de basura sin separación ni tratamiento. A esto se suma la denuncia por un segundo vertedero ilegal en el barrio Las Flores, mientras un proyecto financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) permanece sin comenzar.
El basural principal se encuentra a unos cinco kilómetros del centro de Miramar y recibe residuos de las localidades que integran el partido de General Alvarado, entre ellas Mar del Sur, Mechongué y Otamendi. El predio ocupa unas cinco hectáreas y comenzó a funcionar en 2001 como relleno sanitario, pero con el paso de los años se convirtió en un basural a cielo abierto.
Según los datos incluidos en el expediente judicial, el lugar recibe entre 35 y 100 toneladas de residuos por día, con un incremento durante la temporada de verano. La basura llega sin un sistema adecuado de separación y tratamiento, mientras la falta de infraestructura genera riesgos de contaminación del suelo y del agua subterránea.
La situación también afecta a quienes trabajan informalmente en el predio para recuperar materiales y obtener ingresos. Sin elementos de protección adecuados, estas personas quedan expuestas a residuos potencialmente peligrosos y a condiciones laborales precarias.
Mario Negri, gestor ambiental y vecino de Miramar, cuestionó el estado del lugar y sus consecuencias para la comunidad. “No hay separación de residuos. Esto es un desastre ambiental, un foco contaminante. Nuestra salud está en peligro”, afirmó.
¿Por qué la Justicia ordenó cerrar el basural de Miramar?
El conflicto judicial comenzó con una acción de amparo ambiental presentada por Estancia El Juayne S.A., una empresa vecina que denunció la contaminación, la presencia de humo y los riesgos sanitarios asociados al funcionamiento del basural.
El 23 de mayo de 2022, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de Mar del Plata consideró probado el daño ambiental y ordenó a la Municipalidad de General Alvarado y al Ministerio de Ambiente bonaerense implementar un plan urgente de adecuación, saneamiento y cerramiento, con el posterior cierre definitivo del predio.
La decisión fue ratificada por la Cámara de Apelación en agosto de ese año. En abril de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó los recursos extraordinarios presentados por el municipio y confirmó lo resuelto.
Entre los principales problemas señalados en el expediente figura la falta de impermeabilización del suelo y de un sistema de drenaje para los líquidos lixiviados, que se generan cuando el agua atraviesa los residuos y arrastra sustancias contaminantes. Sin las medidas necesarias para contenerlos, estos líquidos pueden filtrarse en el terreno y alcanzar las napas subterráneas, con posibles consecuencias para los recursos hídricos y el abastecimiento de agua potable.
El tribunal también advirtió sobre el impacto del basural en la salud de los vecinos y los riesgos para quienes manipulan los residuos sin protección. El fallo destacó la necesidad de priorizar la prevención ambiental para evitar daños que después podrían resultar difíciles o imposibles de revertir.
Sin embargo, las medidas judiciales no lograron detener el funcionamiento del predio. Pese a los anuncios de un plan de saneamiento por parte del intendente Sebastián Ianantuony, los residuos siguieron ingresando, de acuerdo con lo constatado por Telenoche.
El 20 de agosto de 2026, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata volvió a intervenir. Tras comprobar que el basural continuaba funcionando en condiciones más graves que las denunciadas inicialmente, ordenó establecer un cronograma de clausura técnica definitiva y disponer el cese total del ingreso de residuos.
Además, elevó la multa a $100.000 por día, en días corridos, hasta que se acreditara el cumplimiento de las medidas básicas de seguridad e higiene. La sanción busca presionar al municipio para que cumpla las obligaciones impuestas por la Justicia, aunque la continuidad de las operaciones muestra que el conflicto sigue sin resolverse.
La falta de avances también alcanza a los proyectos destinados a mejorar la gestión de los residuos. El préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue adjudicado mediante la Licitación Pública Nacional N.º 01/2023 a la empresa Transportes Malvinas S.R.L., pero el proyecto nunca comenzó. La falta de ejecución suma otro interrogante sobre las respuestas del municipio frente a una crisis ambiental que continúa sin una solución definitiva.
Denuncian otro basural clandestino en Miramar y aumenta la tasa ambiental
A la falta de cierre del predio principal se suma una nueva denuncia que agrava el escenario. Según el informe de Telenoche, camiones de la flota municipal ingresan al barrio Las Flores para descargar residuos en un terreno ubicado en una zona residencial.
La existencia de este segundo vertedero plantea nuevos interrogantes sobre el manejo de la basura en el distrito. Mientras la Justicia exige el cierre del predio principal, la aparición de otro punto de descarga irregular expone las dificultades para garantizar una disposición adecuada de los residuos y controlar las prácticas de la propia administración municipal.
El problema también tiene una dimensión económica. Los vecinos deben afrontar las consecuencias de una gestión deficiente, tanto por los riesgos ambientales y sanitarios como por el costo de los servicios públicos.
Según la información difundida por Telenoche, la Municipalidad de General Alvarado aumentó un 50% la tasa de gestión ambiental que pagan los contribuyentes durante este año. El incremento contrasta con la persistencia de los basurales, la falta de una solución definitiva para el tratamiento de los residuos y la paralización del proyecto adjudicado para mejorar su gestión.
El escenario abre interrogantes sobre el destino de los recursos recaudados y la capacidad del municipio para transformar esos ingresos en mejoras concretas. Una tasa vinculada con la gestión ambiental debería contribuir a financiar servicios y políticas que reduzcan la contaminación, mejoren la disposición de los residuos y protejan la salud pública.
Fuente: con información de Telenoche
