Ley de Envases en Argentina: qué falta para aprobarla tras más de 20 años de debate

En Argentina, hay una ley que lleva más de dos décadas esperando ser tratada en el Congreso, y que permitiría promover la economía circular de los materiales, garantizar que los envases puedan recuperarse y valorizarse una vez finalizada su vida útil: Ley Nacional de Gestión Integral de Envases.

Aunque empresas, organizaciones ambientales y actores de la cadena de reciclaje coinciden en la necesidad de contar con una legislación nacional, todavía existen diferencias sobre cómo debería implementarse. Especialmente, quién debería financiar el sistema.

Actualmente, varios proyectos vinculados con la gestión de envases y la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) mantienen estado parlamentario en el Congreso tras el debate en Diputados para destrabar la ley. Sin embargo, las iniciativas presentan diferencias en los mecanismos de financiamiento y gestión.

En mayo de este año, la Unión Industrial Argentina (UIA) presentó una propuesta destinado a promover la sanción de una Ley Nacional de Gestión Integral de Envases. La iniciativa fue acompañada por 13 cámaras empresarias representativas de toda la cadena de valor de los envases y cuenta con el respaldo de organizaciones como la asociación civil Ecoplas.

El reclamo se produce en un contexto complejo para el sector. Mientras otras grandes economías de la región ya cuentan con normativas que obligan a las empresas a financiar la recuperación de sus envases después del consumo, Argentina todavía no tiene una ley nacional que organice el proceso.

A esto hay que sumar la situación de la industria recicladora: durante 2025, el volumen de plásticos recuperados cayó un 11% interanual y, pese a contar con más de 190 empresas recicladoras, el sector trabaja con una capacidad ociosa cercana al 50%, según datos de Ecoplas.

Cómo se financiará el sistema de gestión de la Ley de Envases

Uno de los puntos centrales del debate es cómo aplicar el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que busca que quienes introducen productos en el mercado asuman responsabilidades sobre su gestión una vez que se convierten en residuos.

Desde el Círculo de Políticas Ambientales, que elaboró este año un informe con aportes para el debate legislativo, explican que la REP se sustenta en tres pilares: el principio preventivo, el enfoque de ciclo de vida y el principio contaminador pagador.

“La REP se aplica especialmente a aquellos productos que se consumen masivamente y cuya gestión en la fase de residuo (sea para recuperar, tratar o eliminar) representa un costo significativo”, detallan.

Sin embargo, uno de los principales puntos de discusión entre los proyectos es el financiamiento. Algunas iniciativas contemplan instrumentos como una tasa ambiental, mientras que otras proponen sistemas financiados directamente por los productores, sin crear nuevos tributos.

Desde Ecoplas impulsan una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, aunque no respaldan un proyecto legislativo específico. “Consideramos que una futura ley debe promover la economía circular, compatibilizando los objetivos ambientales con la viabilidad técnica y la competitividad industrial”, señaló Verónica Ramos, directora ejecutiva de la organización, en diálogo con Economía Sustentable.

Según explicó, la propuesta debería buscar que envasadores, distribuidores e importadores que introducen por primera vez envases en el mercado participen activamente en su recuperación y reciclado, para promover la valorización de los materiales.

“Es importante distinguir al envasador o responsable de introducir el producto envasado al mercado de otros actores de la cadena, como los fabricantes de materias primas o transformadores plásticos, ya que la Responsabilidad Extendida del Productor se enfoca principalmente en quien pone el producto en el mercado, que es el envasador”, aclaró.

Respecto de la posibilidad de incorporar una tasa ambiental, Ramos advirtió que la principal preocupación es que la discusión se centre “exclusivamente en instrumentos recaudatorios y no en los resultados ambientales que se buscan alcanzar”.

“Una tasa aplicada sobre el valor del producto puede generar mayores costos para las empresas y para los consumidores sin garantizar necesariamente mejoras en la recuperación o el reciclado de los materiales”, sumó.

En ese sentido, desde Ecoplas sostienen que el foco debe estar puesto en “generar incentivos para la circularidad”, mediante el fortalecimiento de la recuperación de materiales, la ampliación de la infraestructura y la promoción de la ecomodulación de envases, que consiste en ajustar las contribuciones económicas de los envasadores según el desempeño ambiental de sus envases, con incentivos para aquellos que son más reciclables, reutilizables o tienen un menor impacto a lo largo de su ciclo de vida.

Qué responsabilidades tendrán empresas, gobiernos y consumidores

Más allá del financiamiento, otro desafío de una futura Ley de Envases es definir qué responsabilidades debe asumir cada actor de la cadena, desde las empresas que introducen los productos en el mercado hasta los gobiernos, los consumidores y los recuperadores urbanos.

Los envases pueden estar compuestos por vidrio, cartón, papel, metal, plástico o materiales multicapa, entre otros. Aunque muchos de estos materiales pueden reincorporarse a nuevos ciclos productivos, cuando esto no ocurre requieren una gestión y disposición final adecuada para evitar la contaminación ambiental.

Desde el Círculo de Políticas Ambientales cuestionan que actualmente buena parte de esa responsabilidad recaiga sobre los municipios, que no siempre cuentan con los recursos económicos ni con la capacidad técnica necesaria para gestionar los distintos materiales.

“El espíritu de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor está en que la responsabilidad económica principal recaiga sobre quienes ponen productos envasados en el mercado. La economía circular funciona sobre la base de la corresponsabilidad -sentencia Ramos-. Los productores deben contribuir a financiar y organizar sistemas de recuperación y valorización. Por su parte, los gobiernos deben generar infraestructura, marcos regulatorios adecuados y mecanismos de control. Por último, los ciudadanos tienen un papel fundamental a través de la separación en origen y el consumo responsable”.

Para la directora ejecutiva de Ecoplas, además de distribuir las obligaciones, una futura normativa debería establecer mecanismos que permitan verificar qué sucede con los materiales recuperados.

“Las experiencias internacionales muestran que los mejores resultados se logran cuando existen objetivos claros, sistemas eficientes de gestión y mecanismos transparentes de trazabilidad. La discusión no debería centrarse únicamente en cuánto se recauda, sino en cómo se logra que más materiales vuelvan efectivamente al circuito productivo”.

Ramos también considera necesario que una ley moderna contemple “sistemas de trazabilidad que den transparencia a todo el circuito, fortalecer los mercados de materiales reciclados y promover reglas claras que den previsibilidad para la inversión”. “El objetivo final debe ser mantener los materiales dentro de la economía circular para que sean materia prima para el ciclo productivo y no residuos”, sumó.

En cuanto al impacto sobre el sector privado, en Ecoplas sostienen que una normativa bien diseñada podría impulsar la innovación, mejorar el diseño de los envases y abrir nuevos mercados para los materiales recuperados. Sin embargo, advierten que su implementación debe contemplar las diferencias entre grandes empresas y pequeñas y medianas industrias.

“Es fundamental que contemple criterios de gradualidad y proporcionalidad. Las PyMEs tienen estructuras y capacidades distintas, por lo que necesitan esquemas de implementación previsibles y adaptados a su realidad. Bien planteada, la ley puede acompañar su desarrollo en lugar de generar barreras”, destacó Ramos.

El rol clave de los recuperadores urbanos

Uno de los puntos que genera mayor consenso es la necesidad de reconocer el trabajo de los recuperadores urbanos, un eslabón fundamental de la industria del reciclaje. En la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, el sector atraviesa un momento de tensión con el gobierno de Jorge Macri, mientras que la advertencia de la UBA sobre el reciclado porteño señala los riesgos del nuevo esquema.

Según estimaciones de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) y de la Dirección Nacional de Economía Popular, más del 90% de los envases que ingresan al circuito industrial de reciclado proviene de la recolección realizada por estos trabajadores.

Para Ramos, los recuperadores urbanos son actores centrales dentro de la cadena de valor de los residuos. “Su trabajo permite la separación de los residuos que se transforman en fardos para reinsertarse en el circuito productivo de la industria recicladora. La transición hacia una economía circular debe ser capaz de generar beneficios ambientales, sociales y económicos”, sumó.

En Argentina existen algunas iniciativas que buscan articular a distintos actores del sector y mejorar la trazabilidad de los materiales. Una de ellas es Tonelada Justa, una plataforma lanzada recientemente para registrar el aporte de los recuperadores urbanos a la cadena de reciclaje. Otra experiencia es la Ruta Ambiental de L’Oréal y Mondelēz, que busca mejorar la trazabilidad y recuperación de materiales reciclables.

Después de dos décadas, ¿qué cambió para avanzar con la ley?

Después de casi dos décadas de discusión, el respaldo de distintas cámaras empresarias vuelve a poner sobre la mesa una pregunta: ¿Qué cambió para que sectores de la industria lograran consensuar una posición común?

Para Ecoplas, la respuesta está en el nuevo contexto ambiental, económico y social. “En los últimos años creció significativamente la conciencia ambiental de la sociedad, se fortaleció la industria recicladora y aumentó la demanda de soluciones concretas para mejorar la gestión de residuos. También existe una comprensión más amplia de que la economía circular requiere la participación de todos los actores”.

Según el estudio Ecoplas-Opinaia 2025, nueve de cada diez argentinos consideran que las marcas deberían contribuir activamente para que los materiales vuelvan al circuito productivo. Además, el 87% cree que falta articulación entre gobiernos, empresas y ciudadanía para lograr sistemas exitosos de reciclado.

El escenario regulatorio regional también cambió. Mientras Europa aplica desde hace años sistemas de Responsabilidad Extendida del Productor, países como Uruguay, Chile y Brasil avanzaron con normativas en esa dirección.

“La circularidad no es solamente un desafío ambiental, sino también una oportunidad de desarrollo económico”, sentencia Ramos.

Por su parte, el Círculo de Políticas Ambientales identifica tres acuerdos relevantes entre los actores involucrados: que la normativa establezca presupuestos mínimos de protección ambiental comunes para todo el país, que se base en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor y que reconozca el rol de los recuperadores urbanos.

No obstante, el consenso sobre estos principios no resuelve todos los desafíos. Una de las principales preguntas es si Argentina cuenta con la infraestructura necesaria para implementar una Ley de Envases de manera eficiente en todo el territorio.

Para Ramos, el principal desafío es fortalecer los sistemas de recuperación y clasificación de materiales. Esto implica ampliar la recolección diferenciada, los centros verdes, las plantas de clasificación y los mecanismos logísticos que conectan a quienes generan residuos con la industria recicladora.

También considera fundamental avanzar en el cierre de los basurales a cielo abierto y fortalecer los sistemas modernos de gestión de residuos, en un país donde se estima que existen alrededor de 5.000 basurales.

Desde el Círculo de Políticas Ambientales sostienen que el Congreso debe asumir la responsabilidad de legislar “escuchando a todos” y teniendo en cuenta los impactos ambientales, sociales y económicos de la gestión de los envases posconsumo.

En su informe, también plantean que el debate debería considerar los compromisos internacionales de Argentina, entre ellos los vinculados con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y el proceso de acercamiento a la OCDE.

Mientras tanto, la crisis en la industria del reciclado mantiene el nivel de producción por debajo de su capacidad y los distintos actores de la cadena esperan una regulación que permita organizar la recuperación de los materiales a escala nacional.

“Argentina ya cuenta con capacidad industrial, conocimiento técnico y una sociedad cada vez más comprometida con el reciclaje. Lo que falta es un sistema que articule esos esfuerzos y permita escalar los resultados en todo el país, como también lo han realizado otros países en el mundo.

“Una Ley REP puede ser esa herramienta. La economía circular ya no es una tendencia futura, sino una necesidad presente. Contar con un marco normativo adecuado es fundamental para potenciar lo que ya funciona y avanzar hacia un sistema más eficiente y sostenible”, concluye Ramos.

Qué proyectos de Ley de Envases están vigentes en el Congreso

Al 23 de octubre de 2026, al menos cuatro proyectos vinculados con la gestión de envases y la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) mantienen estado parlamentario en el Congreso argentino: tres en la Cámara de Diputados y uno en el Senado.

• Carlos D’Alessandro (LLA): el proyecto Gestión de envases y embalajes posconsumo mediante REP propone que los productores cumplan sus obligaciones mediante sistemas de gestión privados, individuales o colectivos. El financiamiento sería directo, sin crear tasas ni fondos.
• Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica): la iniciativa Presupuestos mínimos ambientales para envases y embalajes posconsumo establece que los sujetos obligados organicen y financien sistemas de gestión públicos, privados o mixtos. También contempla mecanismos de Depósito, Devolución y Retorno (DDR).
• Natalia Zaracho (Frente Patria Grande): su proyecto de ley contempla sistemas de gestión privada, mecanismos de depósito, devolución, retorno y reutilización, y sistemas locales de gestión integral de envases. Los productores que no utilicen los primeros mecanismos deberán recurrir a los sistemas locales mediante el pago de una Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP).

Además, existen proyectos complementarios en el Senado, como el de la senadora Sonia Rojas Decut, que propone reducir progresivamente los plásticos de un solo uso.