Masacre de pingüinos en Punta Tombo: por qué sienta un precedente en la defensa de los derechos de la naturaleza

Luego de que se diera a conocer que Ricardo La Regina fue declarado penalmente responsable por daño ambiental y maltrato animal, expertos en material ambiental calificaron como «histórica» la sentencia a la vez que afirmaron que este juicio sienta un precedente en la defensa de los ecosistemas de la Argentina.

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Según el Tribunal, La Regina fue considerado responsable por los daños provocados durante los hechos ocurridos entre el 10 y el 14 de agosto, el 10 y el 14 de septiembre y el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021, donde se produjo la muerte de un centenar de pingüinos y la destrucción de al menos 175 nidos en Punta Tombo.

«Tras un juicio histórico con más de 50 testigos, se lograron acreditar los hechos ocurridos entre agosto y diciembre de 2021 en Estancia La Perla, donde vive una de las mayores colonias de pingüinos de magallanes del mundo», afirmó Matias Arrigazzi, integrante de campañas de Greenpeace Andino. Biólogo y experto en conservación de biodiversidad.

Por qué sienta un precedente en la defensa de los derechos de la naturaleza

«La sentencia sienta un precedente en la defensa de los derechos de la naturaleza y condena por unanimidad a Ricardo La Regina por los delitos de daño ambiental y crueldad animal, impone 3 años de prisión condicional, la obligación de colaborar en las tareas de restauración, preservación y conservación del medio ambiente, el decomiso de la retroexcavadora, y se dispone la intervención del Estado provincial para definir las medidas a tomar en cuanto al ambiente y el ecosistema», sintetizó Arrigazzi.

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En tanto Lucas Micheloud, co director de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas afirmó que es «una gran sentencia judicial, en clave ecológica y compleja».

«Por un lado, se impone a Ricardo La Regina la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional; esto significa que se le imponen una serie de condicionamientos que tiene que cumplirlos bajo percibimiento de que esa pena sea de prisión efectiva, entre ellos se encuentra por ejemplo las tareas de remediación del daño ambiental», sumó. Tanto Greenpeace Argentina, Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) fueron querellantes en este juicio.

El especialista explicó que desde la Asociación exigen al tribunal «que se lleve adelante una gran obra de restauración ecológica sobre el área afectada«. «Esto se le impone a Ricardo La Regina quien tiene que colaborar activamente conjuntamente o con los organismos del Estado y agencias para remediar los daños ocasionados a la flora, a la fauna, al suelo, a todo el hábitat reproductivo del Pingüino Magallanes», precisó Micheloud.

Y aclaró que además «se prohíbe el ingreso de toda maquinaria, el uso de estos caminos que realizó con la máquina retroexcavadora y que siga realizando antropizaciones en esa en ese sector».

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Al mismo tiempo aclaró que se impone al acusado «el decomiso de la máquina retroexcavadora que es un pedido que hicimos como organizaciones querellantes».

«El tribunal de decomisa la retroexcavadora a La Regina y la pone a disposición de la Justicia para llevar adelante obras que estén orientadas precisamente a la conservación y a la restauración de ecosistemas afectados y finalmente se lleva adelante una política pública para poder conservar de mejor forma ese sector. Se le impone al Estado provincial llevar adelante un estricto monitoreo y política pública sobre esa área. Entonces es una sentencia que no solamente condena a Ricardo La Regina por daño agravado al ambiente y a la crueldad animal sino que dispone una batería de medidas tendientes a restaurar el área afectada y a mirar para adelante para que estos hechos no se repitan en el tiempo», concluyó.

Los detalles centrales de la condena

El tribunal condenó al acusado a tres años de prisión de ejecución condicional y le impuso estrictas reglas de conducta. Se destacan:

• La prohibición de transitar con vehículos de gran porte en zonas sensibles al ecosistema.
• La obligación de colaborar con tareas de restauración ambiental en la estancia La Perla, lugar donde se perpetraron los hechos.
• La prohibición de realizar obras sin autorización e informes de impacto ambiental aprobados por las autoridades provinciales.